Un funcionario de la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris le aseguró a Univisión Noticias que las embajadas de Estados Unidos en Guatemala, El Salvador y Honduras están conformando equipos de fiscales para apoyar los esfuerzos locales de aplicación de la ley en estos tres países, además, tendrán la autoridad de revocar visas de una manera más rápida.
Según la nota titulada, “Estados Unidos acelera su lucha anticorrupción en Centroamérica, pero algunos países frenan esos esfuerzos”, una fuente explicó a ese medio que en junio la Casa Blanca anunció la creación de una fuerza de tarea anticorrupción como parte de los esfuerzos para reducir la migración desde la región.
Esto, según le mencionó una fuente del Departamento de Estado a Univisión, está haciendo que algunos funcionarios “se lo piensen dos veces”.
“Estados Unidos está empezando a intensificar sus esfuerzos de lucha contra la corrupción en Centroamérica tras el anuncio de un grupo de trabajo especial en junio, durante una visita a Guatemala de la vicepresidenta Kamala Harris”, mencionó es medio.
REVOCACIÓN MÁS RÁPIDA DE VISAS
Según la nota, las embajadas de EE. UU., en Guatemala, El Salvador y Honduras están conformando equipos de fiscales para apoyar los esfuerzos locales de aplicación de la ley.
“También tendrán la autoridad para permitir la revocación más rápida de las visas, en cuestión de días, de los presuntos delincuentes, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a Univisión Noticias”, destacó.
De acuerdo con Univisión, estos asesores legales se enfocarán especialmente en los delincuentes “con un nexo con Estados Unidos”, entre estos el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y las actividades de pandillas.
La fuente también le explicó a ese medio que, aunque la política a la que hacen referencia es relativamente nueva, han visto un impacto significativo en que las acciones que están tomando, “están haciendo que la gente reconsidere si les gustaría ser más cooperativos o no”.
Además, la administración de Biden y Harris puso en relieve la prioridad del gobierno de abordar las causas fundamentales del aumento de la migración, entre ellas la corrupción, como una de las principales fuerzas impulsoras del éxodo de la región.
“Las élites políticas y económicas corruptas han tratado de protegerse de la rendición de cuentas y han socavado los esfuerzos efectivos para desenredar su sistema corrupto, así como los grupos prodemocracia y de derechos humanos en la región. Señalan que las élites de El Salvador, Honduras y Guatemala han llenado los tribunales con sus compinches, han despedido a fiscales generales relativamente independientes y han echado a los organismos internacionales anticorrupción”, destalla la nota.
GOBIERNOS OBSTACULIZAN ESFUERZOS PARA COMPROMETERSE CON LA APLICACIÓN DE LA LEY LOCAL
Sin embargo, algunos observadores aseguran que no se han visto muchos resultados, pues el gobierno de EE. UU., se ha enfrentado a grandes distracciones con la última oleada de casos de COVID-19, la caótica retirada de Afganistán y el creciente número de migrantes en la frontera sur.
Incluso Eric Olson de la Fundación Internacional de Seattle, citado por Univisión Noticias, dijo que no tenía la sensación de que nada haya cambiado.
A la vez, se preguntan si en verdad ha habido tracción real, debido a la resistencia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, así como el mandatario Alejandro Giammattei y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
“Señalan que la reciente destitución del Fiscal General de El Salvador y del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala ha obstaculizado los esfuerzos para comprometerse con la aplicación de la ley local”, contextualizó Univisión.
RETRASAN NOMBRAMIENTOS
Otro punto que resaltan de la lucha anticorrupción es que en parte se ha frenado por la ausencia de funcionarios estadounidenses clave en el Departamento de Estado, algunos de estos obstáculos impulsados por los republicanos del Congreso, que retrasan el nombramiento del Subsecretario para el Hemisferio Occidental, que está a cargo de América Latina, y del jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Todd Robinson, según ese medio.
Lo anterior, a decir de Douglas Farah presidente del IBI Consultants, ha creado una parálisis en el Departamento de Estado y por eso “las cosas están yendo mucho más despacio de lo que esperaban».
Incluso Farah le dijo a Univisión que la administración Biden puede haber subestimado la respuesta hostil a la ofensiva anticorrupción de los gobiernos de la región, porque la reacción ha sido de “atrincherarse”.
Otro de los puntos abordados por el entrevistado radica es el hecho de no haber realizado una segunda ronda de nombres, de personas sospechosas de corrupción, obstrucción de la justicia o de socavar la democracia, ha envalentonado a los líderes de los tres países.
«La lista inicial fue un buen disparo de advertencia, para decir ‘sabemos quiénes son’. Pero el silencio posterior ha creado la sensación de que era un ‘bluff'», mencionó Farah a Univisión.
DESPIDO DE JUECES Y FISCALES HA DIFICULTADO APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
La nota también destaca que se está reforzando la «Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia”, que fue creada hace una década por el Departamento de Justicia y que tiene como objetivo seguir el rastro del blanqueo de dinero y perseguir las ganancias mal habidas de los líderes extranjeros corruptos y sus compinches.
“Esta iniciativa afirma haber bloqueado ya más de 3,200 millones de dólares en activos vinculados a la corrupción extranjera”, recalca la nota.
Aunque, los despidos de jueces y fiscales han dificultado la aplicación de la política, admitió el funcionario.
«Hemos dejado claro que no podemos trabajar con el actual Fiscal General (de El Salvador). Así que eso hace que la posición sea difícil», afirmó esa fuente.
