El consultor en temas migratorios, Fernando Castro, aseguró que el Código de Migración determina una serie de medidas a favor de los connacionales que han tenido que salir de sus comunidades en busca de mejores oportunidades, pero que retornan tras ser detenidos por las autoridades de otros países, por lo que hizo un repaso de ellas, instando a que el Estado de Guatemala las cumpla.
Según Castro, dentro de las obligaciones establecidas está la generación de campañas de prevención e información sobre los riesgos de la migración y los derechos de las personas migrantes.
“Siendo necesario ante el incremento de flujo migratorio hacia la Frontera Sur de Estados Unidos… solo en julio fueron capturados 212,892 migrantes que salieron o pasaron por Guatemala y fueron capturados en la frontera sur de EE. UU., de los cuales 18,892 fueron menores migrantes no acompañados, en su gran mayoría guatemaltecos”, explicó.
A la vez, hizo énfasis en la generación de programas de sensibilización dentro del sector educativo, para abordar el tema de las migraciones, especialmente con niñas, niños y adolescentes.
PROMOVER LA DENUNCIA A DERECHOS HUMANOS
Agregó que es necesario concientizar sobre la importancia de la denuncia de violaciones a derechos humanos.
En ese sentido, explicó que las capturas de migrantes no deberían ser realizadas por elementos de la Policía Nacional Civil, sino al personal del Instituto Guatemalteco de Migración.
PROGRAMAS PARA RETORNADOS
“La normativa del Código de Migración de Guatemala, establece la creación de los programas de atención en salud a personas deportadas o retornadas, lo que a la fecha no se han implementado y que continúa siendo una deuda con los migrantes retornados vía aérea y terrestre siendo contabilizados 94,482 en 2018; 105,512 en 2019 y 45,572 a junio de 2020, para un total de 245,566 migrantes guatemaltecos retornados de EE. UU. y México”, agregó.
Otro de los puntos que mencionó es la atención a las familias de migrantes desaparecidas durante su movilización, así como desarrollar todas aquellas acciones que sean necesarias para prevenir a las personas de los riesgos de la migración irregular.
Además, mencionó la falta de acciones para mejorar la atención de las personas deportadas o retornadas y el alivio de las necesidades de búsqueda e identificación de las familias.
Castro destacó que es importante poner atención a las acciones que impulse la Dirección del Instituto Guatemalteco de Migración, mediante el Consejo de Atención y Protección, en coordinación con autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), para la coordinación y gestión entre asociaciones de personas retornadas en Guatemala y de migrantes en el extranjero.
Agregó que la ley establece que debe impulsarse la promoción y participación de la iniciativa privada, comunidades, cooperativas locales y asociaciones civiles no lucrativas, para la creación de programas de empleabilidad y de productividad de personas retornadas, familiares y sus comunidades migrantes.
Recordó que la ley establece que siempre podrán promoverse que estas actividades se prioricen en comunidades, municipios y departamentos con mayores índices de subdesarrollo y migración como, por ejemplo, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Totonicapán y Quetzaltenango entre otros.
“Recalco el llamado a dar cumplimiento a lo que establece la ley, en beneficio de la comunidad migrante guatemalteca”, anotó.
