POR GRECIA ORTÍZ
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Decenas de organizaciones de sociedad civil firmaron este viernes una carta en la que señalaron que se percibe que la dirigencia del Ministerio Público (MP), forma parte activa en la “estrategia de regresión democrática que vive el país”, situación que a decir de analistas consultados resulta preocupante.
En su comunicado, estas organizaciones destacaron que varias acciones de las últimas semanas tienen como fin de debilitar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y que han estado a cargo de la fiscal general, María Consuelo Porras.
Desde Acción Ciudadana (una de las organizaciones que firmó el comunicado) opinó Eddie Cux, quien mencionó que es evidente que la política empieza a influenciar ciertos espacios que se creían ganados en la lucha contra la corrupción y especialmente en la impunidad.
Uno de estos, mencionó que es el del ente investigador y el otro la Contraloría General de Cuentas, pues “ambas instituciones han demostrado en los últimos meses tomar decisiones por posiblemente influencia política”.
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CUX: HAY POLÍTICA REGRESIVA
Sobre lo anterior, pone como ejemplo el que la Fiscal General declare como lesivo un contrato administrativo que más pareciera “una revancha política de su antecesora a más que atender realmente lo que debería priorizar y que es la justicia de país”.
Luego menciona que la FECI, por ejemplo, ha buscado ser debilitada a pesar de los casos que ha desarrollado y llevado ante la Justicia, en contraparte la Fiscalía de Delitos Administrativos le asignan casos paradigmáticos, pero es cuestionada.
“Sabemos que el Ministerio Público no atiende realmente a la sociedad civil, por eso hay que hacer un llamado a la comunidad internacional y a toda a la ciudadanía a estar atentos a todas las decisiones que se tomen desde estos espacios”, afirmó.
Cux enfatizó en que se puede decir que las últimas decisiones que se han tomado desde la jefatura del MP son un peligro para la democracia guatemalteca.
“La Fiscal General ha tomado decisiones contrarias a lo que se esperaba… incluso el hecho que uno se manifieste en ese sentido a ella prácticamente no le importa lo que diga la sociedad civil, lo que digan los periódicos, sino simplemente ya va de lleno a la política que considero yo, es regresiva”, aseguró.
ORTÍZ: NO ES EL MP CON LA CONTUNDENCIA NECESARIA
Por otro lado, el director del área jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortíz, expresó que no ve al ente investigador como un aliado activo del crimen organizado, sino más bien “miedoso, timorato”, pero que con esa actitud ha permitido un retroceso democrático por acción de otros y por omisión.
El entrevistado menciona que no ve al MP como un actor “abiertamente aliado del crimen organizado”, pero eso no quiere decir que su lentitud, parsimonia y su actitud de timorata no les beneficien a esos grupos de crimen organizado.
“El Ministerio Público no es el Ministerio Público digamos que tenga la contundencia necesaria para enfrentarse a los grupos criminales que sí son los que activamente están llevando a cabo un retroceso democrático entonces en eso yo discrepo del comunicado”, aseguró.
Un ejemplo de su pasividad dijo que es la defensa del amparo que planteó para denunciar la manipulación de Gustavo Alejos y sus aliados en la elección de Cortes, un segundo caso es el enfrentamiento del Congreso contra la Corte de Constitucionalidad y la Junta Directiva que no obedece, “el Ministerio Público fue lento en no ir a secuestrar los expedientes y digamos entrar en acción cuando estaba desobedeciendo a la Corte”.
Ortíz aseveró que la percepción ciudadana es que el ente investigador no es el de hace dos años, cuando había casos de alto impacto, aunque a su parecer la población, no se “ve despierta” y consideró que eso tampoco ayuda a frenar la ola regresiva que se ve.
79 organizaciones sociales emiten comunicado por las acciones de la Fiscal General, María Consuelo Porras, que consideran buscan debilitar a la FECI. pic.twitter.com/xbjqjvSxY3
— Diario La Hora (@lahoragt) September 25, 2020
MONTENEGRO: HAY RETROCESOS DESDE LA SALIDA DE CICIG
Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas, destacó que justo se cumplió el año de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y se ven retrocesos en varios temas, como que se desobedezca las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
“Eso es algo muy grave en un Estado de Derecho, al Congreso no le importa elegir Cortes y despotrica contra las resoluciones”, destacó.
Montenegro mencionó que además del tema de la FECI, cuando la Fiscal General les quita casos, la Corte Suprema de Justicia protege diputados y eso considera forma parte de un panorama completo regresivo que se ha venido dando durante este año.
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“Cualquiera podría llegar a hacer la ley con su propia mano y no hay ninguna consecuencia, cada vez está corrupción o impunidad que ocurre en las grandes esferas va permeando”, dijo.
“Se nota es muy evidente o sea que se detiene todo esto y empiezan a darse todas estas cuestiones porque yo creo que hay una habilidad muy fuerte de querer aparentar cosas con legalidad… con cifras… es lamentable que no se le haya dado una continuación a lo que había venido ocurriendo en los últimos dos períodos”, afirmó.
