Por Grecia Ortíz
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El informe presentado en junio pasado titulado “Capacidad de Combatir el índice de Corrupción”, enfatiza que el ambiente anticorrupción en Guatemala tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sufrió un rápido deterioro durante el año pasado, y que los agentes de la ley involucrados con la Comisión continúan siendo hostigados.
El documento elaborado por el Anti-Corruption Working Group (AS/COA), la revista Americas Quarterly y Control Risks, evalúa la capacidad de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción en medio de la COVID-19 y en ese contexto es que exponen la situación de Guatemala se ubica en el puesto 11 de 15 países evaluados en la región, con una calificación de 4.
El informe explica que fue luego de la salida de CICIG, el ambiente anticorrupción sufrió un rápido deterioro el año pasado, además, que el puntaje general del país en el Índice CCC cayó un 11 por ciento desde 2019.
Ese revés, destacan que se debió principalmente a una caída del 15 por ciento en la subcategoría de capacidad legal.
Este documento, también señala que después de su toma de posesión en enero, el presidente Alejandro Giammattei anunció la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, con la que prometió que la lucha contra la corrupción no se abandonaría después de la expulsión de la CICIG.
No obstante, enfatizan en que mientras la Comisión respaldada por la ONU poseía una amplia autonomía para trabajar y ayudar en las acciones de aplicación y las políticas anticorrupción, esta nueva comisión opera bajo el poder del organismo Ejecutivo y sus acciones en apoyo de la Oficina del Fiscal General, serán más limitadas.
“Además, los agentes de la ley involucrados con la CICIG continúan siendo hostigados. Como consecuencia, los puntajes de eficiencia e independencia de las agencias anticorrupción, los fiscales y los sistemas judiciales han disminuido”, afirmaron.
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LA SOCIEDAD CIVIL SE DESTACA COMO UN ASPECTO POSITIVO
Uno de los cambios más significativos, expresan que es en la disminución del 33 por ciento del puntaje de la cooperación internacional en la aplicación de la ley, un área en la que la CICIG se presentó como un experimento único.
Mientras, los puntajes de Guatemala en las instituciones de Democracia e Instituciones Políticas y en las subcategorías de la Sociedad Civil, los Medios y el Sector Privado también disminuyeron, aunque solo marginalmente.
Sin embargo, en relación con el primero, el país ya estaba en una posición débil, comparada con 2019, durante los últimos meses de la presidencia de Jimmy Morales.
El informe también destaca que un aspecto que se puede decir como positivo de Guatemala es que se tiene una sociedad civil vibrante y que, a diferencia de otros países, el tema de la anticorrupción ha permanecido en el centro y la atención de los ciudadanos durante los últimos años.
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SELECCIÓN DE MAGISTRADOS SEGUIRÁ SIENDO UN TEMA CLAVE
Analistas citados en el informe, refirieron que consideran que la reacción del establecimiento político contra la CICIG y sus socios guatemaltecos, no ha finalizado y que es probable que el Congreso se mueva para deteriorar aún más las investigaciones anticorrupción.
Estos esfuerzos, expresan, que podrían incluir la reducción de condenas por delitos de cuello blanco, violaciones de financiamiento de campaña y fraude fiscal.
“La selección de magistrados para los tribunales clave seguirá siendo un tema muy delicado. Los nuevos jueces del Tribunal Constitucional serán elegidos en algún momento en 2020. En marzo, la sesión en el Congreso para elegir a los jueces del Tribunal Supremo Electoral se cerró a la prensa. El año pasado, el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se suspendió en medio de acusaciones de corrupción”, anotaron.
En tanto, mencionaron que con la actual administración se ha desplegado un fondo de asistencia sin precedentes para luchar contra el nuevo coronavirus, no obstante, dadas las debilidades crónicas de Guatemala en la contratación pública y áreas relacionadas, “es probable que aumente el riesgo de corrupción”.
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OLA ANTICORRUPCIÓN ESTÁ PERDIENDO FUERZA O RETROCEDE DE MANERA PRELIGROSA
El documento expone que el momento de la pandemia también es particularmente preocupante, porque la COVID-19 está golpeando América Latina cuando la ola anticorrupción de toda la región está perdiendo fuerza y, en algunos lugares, están retrocediendo peligrosamente.
Asimismo, anotan que la corrupción ha sido históricamente un obstáculo para América Latina, minando crecimiento, democracia y gobernanza, y violando los derechos de millones.
El informe anota en que, si en 2015 se presenció algo nuevo con Brasil con la investigación del Lava Jato y la Línea de Guatemala, la ola anticorrupción de la región se ha desvanecido.
“En otros lugares, como Perú o Guatemala, el establecimiento político luchó para evitar cambio, causando daños significativos a los esfuerzos anticorrupción en este último caso”, expresaron.
Este es el segundo informe presentado por estas organizaciones, y que se lanzó por primera vez en 2019 para evaluar la capacidad de los países latinoamericanos, así que los países con una puntuación más alta se consideran como más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.
GUATEMALA EN LOS ÚLTIMOS PUESTOS
Mientras las naciones que se ubican en el extremo inferior de la escala, la impunidad continua es más probable, Guatemala se encuentra entre los últimos puestos de la tabla junto a Paraguay, República Dominicana, Bolivia y Venezuela.
El índice CCC analiza 14 variables clave, incluida la independencia de instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.
El puntaje estaba compuesto por tres subcategorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas y civil Sociedad, medios y sector privado.
El objetivo del Índice CCC no es avergonzar o señalar a los países, sino fomentar debate impulsado por políticas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, identifica, a través de datos y una metodología sólida, áreas de éxito y deficiencias a ser atendidas, indican.
El mismo se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, academia, sociedad civil, medios y el sector privado.
El país con el puntaje más alto en el Índice es Uruguay (7.78 de 10). Uruguay fue seguido por Chile (6.57), Costa Rica (6.43), Brasil (5.52), Perú (5.47), Argentina (5.32), Colombia (5.18), México (4.55), Ecuador (4.19), Panamá (4.17), Guatemala (4.04), Paraguay (3.88), República Dominicana (3.26), Bolivia (2.71) y Venezuela (1.52).
