Por Grecia Ortíz
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Un grupo de economistas egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), manifestó un en un comunicado divulgado en redes sociales su rechazo a las acciones de manipulación orientadas a nombrar magistrados afines a los grupos, que dicen, desde hace años han manipulado la justicia y encubren actos de corrupción.
“Rechazamos enérgicamente a las acciones de manipulación orientadas a nombrar magistrados afines a los grupos que desde hace años han venido manipulando la justicia para encubrir sus actos de corrupción”, afirmó.
Los profesionales explicaron que esto es por la demora “maliciosa” en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones de parte del Congreso de la República y la inminente amenaza a la Junta Directiva –constituida en Comisión Permanente- de ese organismo de causar un rompimiento del orden constitucional.
También manifestaron su rechazo enérgico a los ataques en contra de la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y que provienen de “grupos” considerados en pro de la impunidad.
Por ello, expresan que mantienen su respaldo a las organizaciones, instituciones y funcionarios que han luchado y defendido la justicia en Guatemala.
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“Exigimos al Congreso de la República que proceda a la brevedad posible, a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a las Salas de Apelaciones, excluyendo de dicho proceso a las personas señaladas de estar involucradas en el proceso de manipulación de la elección en la investigación realizada por el Ministerio Público”, afirmaron.
Además, pidieron al MP que vele por el estricto cumplimiento de la ley como lo establece la Constitución Política de la República.
“Requerimos a los funcionarios de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se abstengan de apoyar acciones que promuevan la impunidad”, afirmaron.
Asimismo, manifestaron que estarán vigilantes de sus actuaciones y que estarán apoyando acciones legales que surjan para defender el respeto a las leyes del país y el estado de derecho.
El pronunciamiento fue firmado por los economistas colegiados: Efrén Urizar, Luis Ruíz, Carlos Maldonado, Silvia Molina Zaldaña, Patricia Hernández, Carlos de León, Fredy Sagastume, Mayra Aguilar González, Enrique Maldonado, Juan Alberto González, Eduardo Velásquez, Vital Peralta, Rudy Méndez y Méndez, Julio César Gordillo, así como la Organización Calicanto, Centro Universitario de Occidente.
Además, incluyeron el respaldo de dos personas más, Herber Loarca y Carlos Humberto Aguilar identificadas con DPI.
