Por Grecia Ortíz
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Un reporte de Refugiados Internacional y de Human Rights Watch, elaborado en febrero de este año y que cuenta con el testimonio de solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador, señala que quienes llegaron de esta manera al país, reportaron abusos mientras estaban bajo custodia de Estados Unidos y a menudo se vieron obligados a abandonar sus solicitudes de asilo, como parte del Acuerdo de Cooperación de Asilo entre Guatemala y EE. UU.
El 26 de julio próximo, se cumplirá un año desde que el gobierno del expresidente Jimmy Morales, firmó el controvertido acuerdo, que de momento está suspendido debido a la pandemia de COVID-19.
El documento titulado como “Deportación con escala: incumplimiento de la protección bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo Estados Unidos-Guatemala”, que se presentó este martes, destaca como este acuerdo hace que quienes soliciten asilo de esta manera, no tienen la oportunidad de presentar su solicitud en ese país y los deja sin un acceso a protección efectiva en Guatemala.
“Como resultado, son efectivamente obligados a abandonar sus solicitudes de asilo y algunos que tienen un temor fundado de la persecución parecen estar regresando a sus países de origen, donde corren un riesgo real de sufrir graves daño”, señala el informe.
Por otro lado, destacan que Guatemala no cumple con el estándar que se requiere por la ley estadounidense para ser considerado como de “Tercer País Seguro”, de hecho, a finales de marzo de 2020, hubo un retraso de 713 casos, incluyendo cada uno de los pocos solicitantes de asilo entre ACA los transferidos.
DOCUMENTO CUENTA CON EL RELATO DE 30 SOLICITANTES DE ASILO
En el informe presentado, se reunieron los relatos de 30 personas que fueron transferidas bajo el ACA, quienes explicaron a Refugiados Internacional y Human Rights Watch, condiciones abusivas que vivieron en la frontera de EE. UU., incluyendo alimentos congelados que no eran comestibles.
“No hay acceso a duchas por varios días a la vez, no pueden dormir porque las luces estaban permanentemente encendidas, se les niega atención médica, y se les somete a insultos y degradante tratamiento mientras están bajo custodia”, señala el documento.
Un salvadoreño, por ejemplo, dijo que un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., le dijo que no había asilo y que no hay centroamericanos permitidos en ese país.
Otras dos mujeres, también mostraron evidencia de abuso, entre ellas lesiones físicas por golpes brutales y una copia de orden de protección de un tribunal en El Salvador, pero les negaron la posibilidad de presentar esto como evidencia a fin de que les ayudara a apoyar sus reclamos de miedo a regresar allí.
Otro de los temas que se abordó en el mismo, es que los transferidos bajo este acuerdo fueron empujados a una situación de alta presión en la que dicen carecía de tiempo y recursos adecuados para tomar decisiones verdaderamente informadas y voluntarias sobre qué hacer.
De hecho, mencionan que una vez los transferidos se registraron en el aeropuerto –Fuerza Aérea de Guatemala-, tenían 72 horas para tomar la decisión sobre si se quedarían en Guatemala o regresarían a los países de los que huyeron o tratarían de buscar refugio en otros lugares.
Ese tiempo de acuerdo con ambas organizaciones resulta “arbitrario y coercitivo”, puesto que es insuficiente para tomar decisiones de importancia como esta.
“Solo una persona de las 30 personas sujetas a la ACA entrevistada por Refugees International y Human Rights Watch dijo que estaban solicitando asilo en Guatemala”, destaca la información.
POCOS VEN UNA OPCIÓN VIABLE DE ASILO EN GUATEMALA
En tanto, varios de los entrevistados, dijeron que no tenían redes familiares o de apoyo en Guatemala y temían por su seguridad, por lo que volverían a sus lugares de origen, a pesar de seguir extenuando su temor a la persecución.
Ambas organizaciones señalan que las entrevistas indican que el ACA, ha sido implementado a manera de que efectivamente obliga a los transferidos a abandonar sus reclamos. También destacan que la capacidad que tiene Guatemala en recibir a solicitantes de asilo, no es la más robusta.
Varios de los relatos dan cuenta de todo tipo de abusos cometidos en contra de quienes solicitan asilo, todo mientras se encuentran detenidos, de hecho una de las entrevistadas dijo que el detergente con el que lavaban la ropa en las instalaciones de CBP le dio una alergia, y al verlo un guardia le dijo que era “alérgica a lavarse”.
“La mayoría de los solicitantes de asilo Refugiados Internacional y Human Rights Watch entrevistados indicaron que consideraban que Guatemala no era diferente a sus países de origen en términos de seguridad y oportunidad”, asegura el informe.
Foto La Hora/AP
RECOMIENDAN DAR POR TERMINADO AL ACUERDO
Al mismo tiempo, destacan que muchos transferidos notaron que en sus países de origen al menos entendieron el contexto y tenían redes sociales en las que podían confiar, así que pocos consideran a Guatemala como una opción viable porque es un país peligroso y pobre, en donde carecen de vínculos sociales.
Entre las recomendaciones del informe, señalan que se debe dar por terminado el acuerdo entre ambos países, que se le permita reiniciar su proceso de asilo a quienes están en Guatemala para Estados Unidos.
También menciona que es necesario que se libere el contenido de los anexos del ACA y que se permita al Congreso que revise y determine si el acuerdo debe ser firmado.
¿CUÁNTOS TRASLADOS POR EL ACA SE DIERON?
De acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), de noviembre 2019 al 16 de marzo de 2020, se han recibido 579 personas de Honduras bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), así como 360 de El Salvador, para hacer un total de 939 personas que han sido trasladadas al país.
