Por Grecia Ortiz
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Para el investigador y catedrático universitario David Martínez-Amador, el caso del excandidato de la Unión del Cambio Nacional (UCN) Mario Estrada, ahora detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, proceso en el que se conoció su intención de atentar en contra de la exfiscal general Thelma Aldana, evidencia la necesidad de mantener la seguridad a fiscales y funcionarios que trabajen contra el crimen organizado, razón por la que cree que el Estado debe proteger su vida.
Consultado sobre este caso y de cómo los fiscales cuenten con seguridad, principalmente quienes manejan investigaciones vinculadas al crimen organizado, Martínez-Amador respondió que en definitiva es necesario que se tomen este tipo de medidas, y expuso como ejemplo el caso de Aldana.
“Lo más grave que este caso muestra, es que los tomadores de decisiones son muy brutos para ignorar las condiciones de riesgo en la que vive una exfiscal o muy malos. Porque, aunque lo saben niegan la seguridad. Pensar que lo último es el criterio moral de quienes toman decisiones es aterrador. Más allá del simpatizar o no con la posición ideológica de Aldana, el punto es, no cumplir con lo básico establecido”, indicó.
Ahora tras conocerse parte de las conversaciones que Estrada sostuvo con agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, también asegura que lo mínimo que debería hacer la fiscal general Consuelo Porras, que le retiró la seguridad a Aldana es ofrecer una disculpa, porque la denuncia que hizo era cierta y a pesar de eso le retiraron la seguridad.
PROTECCIÓN REDUCE O AUMENTA INCENTIVOS PARA UN TRABAJO EFECTIVO
También recordó que en otros países, fiscales y funcionarios que se han enfrenado a bandas criminales, al dejar el cargo han mantenido seguridad y mencionó nombres de figuras como el fiscal antimafia Antonio Ingroia, ahora senador de Italia y el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, por su trabajo en Colombia.
“El precio que se paga por denunciar, afectar, y frontalmente irse contra el crimen organizado tiene el precio de exponer la vida, en favor del Estado y la legalidad. A cambio, el Estado debe de proteger la vida de quienes han optado voluntariamente por este camino. Ahora, solo pensemos, si esto es lo que le sucede a una figura pública como Aldana, ¿Qué pueden esperar los testigos protegidos?”, aseveró.
La protección a cualquier fiscal, a decir del entrevistado, también reduce o aumenta los incentivos para hacer un trabajo efectivo, porque en la lucha contra el crimen organizado, ya sea un fiscal, periodista, testigo protegido, se necesita de la certeza de que el Estado proteja su vida e integridad.
También cree que lo ocurrido con Aldana, viene a disipar dudas, porque las denuncias que hizo sobre que su vida corría peligro, eran ciertas.
“Cómo en una Guatemala que ya debería haber eliminado los vicios del pasado, los sigue teniendo presentes. Matar, es una forma de resolver los problemas. Aún más grave, la diferencia entre actores formales (funcionarios electos) y actores informales ilegales (como el narcotráfico). A veces distinguir entre un sicario y un político es un tanto difícil; y esto es lo grave, y lo triste, de este caso”, puntualizó Martínez-Amador.
MP: ACUERDO FUE DEROGADO PORQUE CONTRALORÍA DIJO QUE AL MP NO LE COMPETE DAR SEGURIDAD
Consultado al respecto, el Ministerio Público dijo que el acuerdo 80-2017 fue derogado ya que el informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) indicaba que no le compete al ente investigador, dar seguridad a exfuncionarios, sino al Ministerio de Gobernación.
“El acuerdo fue derogado, ya que el informe de la CGC indica que no compete al MP dar seguridad a exfuncionarios, sino al Ministerio de Gobernación y tomando en cuenta que la señora Thelma Aldana, exfiscal general, posee medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordena dar protección a ella y su núcleo familiar. En ese sentido, el MP hizo la solicitud de forma urgente al Ministerio de Gobernación para tomar el control de la seguridad de la exfiscal y su núcleo familiar”, refirió el MP.
Además, señalaron que se le solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PDH), garantizar el cumplimiento de la medida cautelar por el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil.
