Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, ha escrito dos cartas desde el centro de detención Mariscal Zavala en donde señala que su detención fue en venganza a raíz de las denuncias administrativas presentadas contra el Juez Penal de Mayor Riesgo, a Lesther Castellanos, también en Quetzaltenango.
Según relata su hermano, Luis Laparra, padece de claustrofobia, situación que la ha desesperado al extremo que “el encierro la tiene muy mal”, además fue la primera vez que está lejos de sus hijas durante Semana Santa.
En la misiva reiteró las denuncias que hizo en la primera ocasión contra quiénes asegura la afectan. “Desde el centro de detención Mariscal Zavala”, inicia su escrito.
Recordó que está alejada de su familia debido a la situación que vive tras haber presentado cuatro denuncias administrativas contra un Juez Penal de Mayor Riesgo, en alusión a Castellanos.
Aclaró que no se queja del centro de detención, simplemente quiere escribir de las circunstancias que atañen a su condición “que estimo son desproporcionados a los hechos”.
EL MOTIVO: PRIMERA DENUNCIA
Entre los hechos, Laparra indicó que el juez denunciado solicitó certificación de una audiencia, el acta y audio, sin ser parte de ese caso, pero se la brindaron, ante lo cual detalla:
· El denunciado la solicita en su calidad de juez.
· El juez que le extendió la certificación no tiene a su cargo el expediente.
· La certificación contiene al menos información de dos audiencias, otorgándoles audio, acta, disco, además otros seis audios “al juez le certifican una audiencia que no pidió y tiene otros seis audios que se ignora quién se los dio o cómo los obtuvo”.
· El juez que extendió la certificación no cumplió con lo ordenado por la ley de notificar esa certificación a las partes.
· El expediente original no tiene incorporada esa tramitación.
Laparra afirmó que le abrieron dos causas por el mismo caso en dos juzgados, en distintos departamentos, pero no le notificaron las audiencias de adhesión de los dos primeros querellantes adhesivos.
Ante eso se pregunta: “¿Por qué mandar a detenerme con urgencia un día antes de la primera audiencia que solicité y que el juzgado aceptó (Después de diversos requerimientos) y en el que debíamos estar todos los sujetos procesales?”.
En ese contexto aclaró que se dio así porque en esa audiencia se discutiría que no era el juzgado de Guatemala sino el de Quetzaltenango el competente para conocer.
Además, porque el 9 de marzo estaba señalada la audiencia de oposición a la desestimación del caso o denuncia penal en contra de Lesther Castellanos Rodas y Omar Barrios.
“Estando presa no podría llegar, sin mi presencia desestimaron esa denuncia”, dejándole libre el camino a Castellanos para no tener tachas y ahora ser Relator de la Oficina contra la Tortura. “Increíble”, expresó.
“Pues yo estoy en una constante tortura por su causa, yo soy claustrofóbica y el encierro es una tortura, pero ¿a él le interesa?”, se cuestionó, en relación con el nuevo puesto de Castellanos.
LA SEGUNDA DENUNCIA
En su carta también explica que la segunda denuncia la presentó porque el juez de Mayor Riesgo incorporó declaraciones de un sindicado, de los hijos de éste y de testigos de un expediente penal en su conocimiento a una denuncia administrativa que le había presentado la parte querellante.
En ese caso, las declaraciones del sindicado eran especiales porque eran parte de una tramitación para Colaborador eficaz, lo que en su momento la Supervisión de Tribunales refirió que las incorporaciones de aquellas declaraciones eran impertinentes o innecesarias para su defensa, aseguró Laparra.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 30, 2022
LAS OTRAS DOS DENUNCIAS
La narración dice que las otras dos denuncias se presentaron en razón que el Juez de Mayor Riesgo apareció en al menos dos medios televisivos para referirse sobre su persona y su labor como fiscal, así como contra la querellante adhesiva.
OMAR BARRIOS: CRÍTICA Y RESOLUCIÓN QUE COMPARTIÓ EN REDES, INICIÓ EL CONFLICTO
Según el abogado Omar Barrios, no litiga en Quetzaltenango, ni ha estado procesado como acusador o abogado en la judicatura de Castellanos y se vio involucrado en este caso por su amistad con el juez, de quien también fue profesor; sin embargo, el supuesto alumno afirmó que fue en 2004, aunque no recuerda exactamente.
Según explicó, 2017 en su labor como profesor universitario se dio la “confusión” porque siempre les pide a sus estudiantes analizar una noticia y proponer temas, ocasión en que sugirieron el caso que llevaba el juez Castellanos “CICIG recusa a juez de Mayor Riesgo por caso contra exfutbolista”, en relación a René Villavicencio, según nota de medios locales, del 7 de agosto de ese año.
Recordó que el caso se encontraba en reserva y formuló una crítica frente a sus alumnos; el siguiente sábado propusieron el mismo tema a través de un grupo de WhatsApp, y un estudiante envió tres imágenes de la resolución, la cual compartió en su red social Facebook el 22 de agosto, agregando su opinión sobre que el planteamiento de la fiscalía en Quetzaltenango estaba equivocado.
La publicación: “MP Y CICIG DEBEN APRENDER A CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO” (…) “Hace poco uno de los Jueces de Mayor Riesgo negó al MP y a la CICIG una petición totalmente improcedente y carente de fundamentos en relación a un “colaborador eficaz” y de berrinche la mandataria de la CICIG (no la CICIG en sí, su abogada) recusa al juez porque supuestamente tiene “amistad con los sujetos procesales”, lo peor que el fiscal del MP actuando servil se une a esa acción de litigio desleal y de mala fe (si es necesario lo puedo exponer de forma completa en medios de comunicación, en su despacho o en tribunales, ustedes llámenme sin pena, nosotros ayudando estamos)”(…).
MP Y CICIG DEBEN APRENDER A CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO
Todos reconocemos las actuaciones de combate a la corrupción…Posted by Omar Barrios on Tuesday, August 22, 2017
Barrios aclaró que es un acto público según los artículos 141 y 152 de la Constitución Política de la República.
Fue en ese momento cuando “la licenciada Gálvez” en alusión a Flor de María Gálvez y Laparra “recusaron al juez Castellanos”, debido a la crítica de Barrios, y acusaron al catedrático de estar enemistado con la CICIG, refiriendo la amistad entre ambos “cuando ese absurdo se les cae, entonces inventan que Castellanos había filtrado información sujeta a reserva, es mentira”, afirmó Barrios.
Según el abogado, si hubieran incurrido en una acción ilegal ¿por qué no aparecen en los informes de CICIG del 2017 al 2019?, además, recordó que cuando declararon non grato a Iván Velásquez, publicó “que era un error grave que había cometido el gobierno en esa decisión. Yo soy objetivo”, afirmó.
También dijo que fue llamado por el Sistema Disciplinario, el Consejo Judicial y la Supervisión de Tribunales de Quetzaltenango como testigo, a quienes “explicó el gran error”.
LESTHER CASTELLANOS DICE QUE FUE LAPARRA QUIEN REVELÓ LA INFORMACIÓN
Castellanos, exjuez y ahora Relator contra la Tortura dijo que todo inició en 2017 cuando Laparra reveló información del proceso de Villavicencio. “No era el caso de la muni (…) era por un caso de lavado de dinero”, que estaba en reserva que dio a conocer a los medios de comunicación mientras.
De acuerdo con su versión, entonces solicitó los audios de esa audiencia al juez de turno -, “recibí un disco”- para tener una constancia de lo que había sido revelado, el que serviría para pruebas de descargo y comprobar “que fue ella” y no él quien dio a conocer datos en reserva, motivo por el cual fue denunciado y acusado de revelar información ante la Junta de Disciplina Judicial y la Supervisión de Tribunales.
Castellanos no compartió elementos que respalden su aseveración.
CASTELLANOS DICE QUE SÍ ES LEGAL TENER LA COPIA DEL EXPEDIENTE
Agregó que no recuerda si se lo entregaron en 30 minutos como se menciona en la segunda carta de Laparra y tampoco quien era el juez de turno.
Sobre si es legal obtener una copia de los audios sin ser parte del caso, dijo que sí, según el artículo 29 de la Constitución. Aseveró que sabía de la audiencia de oposición a la desestimación del caso con fecha 9 de marzo, ya que fue reprogramada desde noviembre del año pasado aproximadamente.
El @PDHgt @JordanRodas verifica situación de Virginia Laparra en Centro de Detención Preventiva de Mariscal Zavala. La exfiscal Virginia Laparra fue ligada a proceso por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones. pic.twitter.com/tWSthOtgvE
— PDH Guatemala (@PDHgt) April 3, 2022
EXMANDATARIA DE CICIG DICE QUE CASTELLANOS REVELÓ INFORMACIÓN
Flor Gálvez expresó que Castellanos envió las copias de una resolución a Barrios “por eso yo como mandataria de CICIG lo denuncié ante la Junta de Disciplina Judicial”.
Relató que en la audiencia de un caso donde Castellanos no era juez, ni sujeto procesal, se discutía la situación jurídica del señor René Villavicencio, quien en ese entonces estaba en proceso de colaboración eficaz “fue lo único que se dijo en ese momento”, añadió “eso no es revelar información bajo reserva ni mucho menos vulnerar lo que la ley establece”.
Aseveró que Castellanos se defiende de esa filtración que hizo a Barrios porque en el proceso disciplinario “él presentó copias de audios y declaración que obtuvo de manera anómala para defenderse y decir que Virginia Laparra y yo éramos quienes habíamos dado información en reserva”, situación por la que la Junta de Disciplina Judicial estableció que fue Castellanos quien faltó a sus principios como juez.
Aclaró que posteriormente la resolución de la Junta de Disciplina fue revocada, pero esas acciones sí ocurrieron por parte de Castellanos.
“El Ministerio Público indicó que en contra de mi persona no existe proceso penal porque no cometí ningún delito ya que actué como mandataria de CICIG cuando denuncié a Lesther Castellanos y eso no es causa para perseguirme penalmente”, explicó.
CASTELLANOS SUGIRIÓ QUE LA LLEVARAN AL FEDERICO MORA SOLO POR EVALUACIONES
Castellanos inició el pasado 26 de marzo su función como Relator Contra la Tortura, desde entonces ha visitado centros carcelarios para conocer las condiciones de los privados de libertad.
Dijo que hasta la segunda carta de la exjefa de FECI supo del padecimiento de claustrofobia, por lo que solicitaron que la lleven al hospital o que llegue el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a evaluarla.
Recordó que cuando ella fue capturada dio a conocer “que tenía un cúmulo de enfermedades que no tenía diagnosticadas clínicamente”, pero por falta de personal en el Inacif sugirió que la llevaran al Federico Mora, únicamente para ser evaluada, el San Juan de Dios o Roosevelt.
Indicó que físicamente está bien, ya que le diagnosticaron hipertensión e hipotiroidismo, aunque falta el informe psiquiátrico.
ESTUVO EN TELEVISIÓN PARA HABLAR DE LAS DENUNCIAS
Castellanos reconoce que estuvo en medios televisivos, pero para hablar de las denuncias en su contra, “no mal de la licenciada”, expresa.
Según el exjuez, Laparra no tenía competencia para denunciar como fiscal, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución y porque en el acuerdo de creación de la FECI de Quetzaltenango establece que ella está para investigar dos competencias:
Competencia territorial: Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá y Totonicapán.
Competencia material: para investigar Cuerpos Ilegales de Seguridad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS)
En ese contexto, aseveró que él no pertenece a ninguna CIACS; además la exjefa de FECI lo denunció como Fiscal, caso que no está respaldado por el artículo 18 de la Ley de Probidad.
#OpiniónEnLH
Esto debe ser repudiado por la población porque hoy es Virginia Laparra, pero el día de mañana cualquiera puede sufrir el mismo trato inhumano de los que tienen el control de todo el aparato de la manoseada legalidad en el país. https://t.co/5Rq7luwz1h— Diario La Hora (@lahoragt) April 26, 2022
LAPARRA: HOWARD YANG HUYÓ Y TIENE MEDIDAS SUSTITUTIVAS
La exjefa de FECI también hizo referencia que en un Estado de derecho debiera existir igualdad procesal, al lamentar “Estoy en prisión preventiva por haber presentado múltiples requerimientos al órgano jurisdiccional durante cuatro años”.
En ese contexto, recordó que tuvo acceso a un periódico en donde leyó el caso de Howard Yang, quien recientemente se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo “D”, luego de haber estado prófugo durante cinco años, pero le otorgaron medidas sustitutivas; mientras “yo estoy en prisión por haber intentado durante cuatro años ser parte del proceso”. Castellanos dijo no conocer el caso.
Caso Caja de Pandora: Howard Yang, exdirector de Emetra, se puso a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo "D", tras permanecer prófugo de la justicia desde octubre de 2017 cuando la FECI le giró orden de captura por el delito de peculado por sustracción.
📸: Oscar Canel/LH pic.twitter.com/JQpxQsuZwG
— Diario La Hora (@lahoragt) April 7, 2022
BARRIOS – GIAMMATTEI Y MORALES
Barrios habló sobre su vinculación con el presidente Alejandro Giammattei y el expresidente Jimmy Morales al asegurar que es “experto en derecho constitucional y administrativo, los que somos expertos en derecho administrativo asesoramos a la administración pública”.
Agregó que ha sido asesor en municipalidades, el Fondo Social, Contraloría General de Cuentas, de la SAT y de la Secretaría General de la Presidencia. “En la época de Jimmy Morales, no fui asesor del presidente, fui asesor en el Fondo Social de Solidaridad”, aseguró.
Respecto a Giammattei, dijo que no trabaja directamente con él, su contrato es con la Secretaría General de la Presidencia. “Yo soy asesor de una institución del Estado”, y que también ha trabajado para organizaciones internacionales. Leyla Lemus fue Secretaria General de la Presidencia.
