El señalamiento por presunto plagio en la tesis doctoral de la fiscal general, María Consuelo Porras, vuelve a colocarse en el centro del proceso para elegir al próximo jefe del Ministerio Público (MP). La Comisión de Postulación admitió una objeción relacionada con el tema, por lo que la funcionaria deberá presentar pruebas de descargo la próxima semana.
Sin embargo, no es la primera vez que enfrenta ese cuestionamiento, ya que en 2022, durante su proceso de reelección, pidió a los comisionados abstenerse de revisar su trabajo académico y advirtió que hacerlo podría implicar responsabilidades penales.
En total, la Postuladora, en el presente proceso de postulación, admitió para su trámite cinco tachas contra Porras, entre ellas, la que fue interpuesta por la diputada oficialista Andrea Reyes, quien señala a la Fiscal General de presuntamente haber plagiado la tesis de licenciatura de Benigno Ramírez Choc.
ESTO DIJO EN 2022
En el proceso de elección de Fiscal General de 2022, Marco Vinicio Mejía presentó una objeción contra Porras, a quien acusó de plagiar la tesis de licenciatura de Ramírez Choc, para poder obtener el grado doctoral.
“Es el caso señores Comisionados, que el señalamiento de impedimento presentado (posible plagio de tesis doctoral), por el señor Mejía Dávila, carece de todo fundamento jurídico y fáctico, sustentado únicamente su señalamiento en opiniones y presunciones espurias, eminentemente personales, sin respetar derechos y garantías Constitucionales y procesales, por lo que su admisión, por parte de la Honorable Comisión que ustedes integran, supondría una vulneración a mis derechos de presunción de inocencia, debido proceso y derecho de defensa”, expuso en dicha oportunidad.
En las pruebas de descargo presentadas en dicha oportunidad, la Fiscal General advirtió a los postuladores que no debían admitir los señalamientos que no tuvieran fundamentos firmes en una “sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada o resolución definitiva no pendiente de recurso o notificación alguna”.
Al mismo tiempo, Porras dijo que cualquier revisión realizada por la Comisión de Postulación al trabajo de sus tesis doctoral podría suponer una intromisión a los procedimientos administrativos para revisión de trabajos de graduación elaborados y aprobados por las distintas universidades.
A criterio de la jefa del MP, dicha revisión podría suponer un antecedente “nefasto” para las casas de estudios superiores o implicaría que la Postuladora podría atribuirse facultades propias de los órganos jurisdiccionales, los únicos competentes para conocer sobre posibles vulneraciones a derechos de autor y conexos.
“Extremo que podría derivar en responsabilidades administrativas y legales para los integrantes de la Comisión”, sostuvo Porras en dicha oportunidad.
En dicha oportunidad también señaló un conflicto de interés con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, ya que el rector de esta casa de estudios ya había emitido una opinión al respecto en una denuncia presentada ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Consuelo Porras deberá esclarecer señalamientos ante la Comisión de Postulación
A su vez, Porras indicó que la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece que el autor es quien posee la legitimación activa para realizar las reclamaciones a la obra, pero tal extremo no podría realizarse debido a que Ramírez Choc falleció en 2016.
Sin embargo, en el proceso de elección de 2022, la Postuladora rechazó la objeción, puesto que la Universidad Mariano Gálvez reconocía el título de doctorado a favor de Porras.
OTRAS TACHAS
En total, en el presente proceso, Porras recibió 33 objeciones en su contra, sin embargo, la Postuladora únicamente admitió para su trámite cinco señalamientos en los que se cuestiona su idoneidad en el cargo, así como su trabajo al frente del ente investigador.
Además del señalamiento por la tesis doctoral, la postuladora admitió una acusación presentada por dos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por una presunta persecución política.
También, el diputado José Chic señaló a la Fiscal General por iniciar una persecución política contra autoridades indígenas que participaron en las manifestaciones de octubre de 2023.
Al mismo tiempo, alcaldes y autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá afirmaron que las acciones de la Fiscal General habrían generado un conflicto diplomático con Colombia, debido a que inició actuaciones contra fiscal general de ese país y su ministro de la Defensa.
Además, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, señaló la falta de honorabilidad de la Fiscal General.
