La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) informó este sábado 6 de septiembre que el Congreso de la República aún no le ha enviado el Decreto 7-2025, Ley Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que otorga más fondos a los Consejos y les permitiría ejecutar sin dictámenes técnicos.
La Hora también consultó a la Secretaría si el presidente Bernardo Arlévalo ya había tomado una decisión de sancionar o vetar el referido Decreto debido a las diversas solicitudes de cámaras empresariales y organizaciones académicas para que no se promulgue.
Sin embargo, la SCSP se limitó a asegurar que “todavía no ha sido recibida”, pero no respondió si ya se tomó una decisión.
Lo anterior, debido a que el pasado 3 de septiembre, Presidencia aseguró que el equipo de trabajo del mandatario estaba analizando la normativa, y una vez recibida, Arévalo tomaría una decisión en apego a la Constitución, velando por los intereses del país.
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LA LEY
El pasado 2 de septiembre, los diputados de los bloques Cabal, Vamos, así como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Todos, Elefante y Nosotros, aprobaron el Decreto 7-2025 que posibilita el uso de fondos del Presupuesto 2025 que no fueron ejecutados por Codedes, durante el transcurso del 2026, sin que haya mayores controles sobre los gastos de los mismos.
La normativa establece que “al cierre del Ejercicio Fiscal que corresponda, la disponibilidad financiera equivalente a los saldos por devengar no desembolsados vigentes a favor de los Codedes, de conformidad con los registros de los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF) -, deberán ser trasladados de oficio a la Cuenta Única del Tesoro de los Codedes, en donde permanecerá disponible para la continuidad de los procesos de ejecución y pago de obras, incluso en los casos en los que el cierre del ejercicio fiscal indicado, por las razones ampliamente justificadas, los Codedes no cuente con convenios firmados para la ejecución de las obras”.
También, el Decreto 7-2025 menciona que los Codedes deberán trasladar la totalidad de los recursos a las Unidades Ejecutoras, para lo cual solo será requisito la suscripción de los convenios de ejecución de obras que se suscriban con las municipalidades.
También pone un plazo de 5 días para que las instituciones del Estado emitan los avales y resoluciones de los proyectos, y de no hacerlo en ese plazo se tomarán como autorizados y podrán ejecutarse.
De esta cuenta, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), solicitó al presidente Bernardo Arévalo el veto a la normativa, ya que consideran la agilización de la ejecución presupuestaria no justifica debilitar o suprimir controles establecidos, ni limitar las facultades de las entidades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias y demás procedimientos vinculados con la ejecución de los presupuestos o de los procesos de adquisición.
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También, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) sostuvo que la ley rompe con el principio de anualidad y unidad del presupuesto, debilita el control del gasto y no resuelve la baja ejecución de inversión pública.
Además, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y el Consejo Nacional Empresarial solicitaron a Arévalo el veto a la normativa.
