El círculo cercano de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, dos jueces, así como integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo son las ocho personas que la Unión Europea (UE) ha sancionado con la prohibición para entrar a sus países.
Entre los miembros del círculo cercano de la Fiscal General que han sido sancionados figura, el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda; el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal de la referida unidad, Leonor Morales Lazo; así como la propia Consuelo Porras.
La Unión Europea también incluyó entre sus sanciones al juez de Primera Instancia del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana, así como el juez de Primera Instancia Penal del Juzgado Décimo Penal, Jimi Bremer Ramírez.
Además, las sanciones de la Unión Europea pesan sobre los miembros de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla Ovalle.
Unión Europea sanciona y congela activos a Porras, Pineda, Curruchiche, Orellana y Morales
EL CÍRCULO DEL MP Y ALIADOS
En febrero de 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó sanciones contra Porras, Pineda, Curruchiche, Morales Lazo y Orellana, a quienes señaló de socavar la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.
Las sanciones fueron impuestas en contra de Porras y aliados en medio de una estrategia para impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y declarar nulo el proceso electoral de 2023.
Según explicó el Consejo, la medida fue adoptada 2 días antes de la toma de posesión del mandatario, el 12 de enero de 2024, y forma parte de un “marco específico de medidas restrictivas en apoyo a la democracia y una transferencia pacífica y ordenada del poder en Guatemala”.
La Unión Europea también mencionó la visita del alto representante Josep Borrel, quien resaltó que su presencia, junto con la de numerosos invitados internacionales no solo enviaría un fuerte mensaje de apoyo a la democracia guatemalteca, sino también una fuerte señal a los “obstruccionistas de que eludir los procesos democráticos no sería tolerado”.
El 16 de diciembre de 2024, la Unión Europea confirmó la renovación de las sanciones, las cuales van desde la prohibición para ingresar a países integrantes de la Unión, la congelación de activos, así como la prohibición de los ciudadanos y empresas europeas de poner fondos a disposición de los funcionarios guatemaltecos.
LA FCT
De la misma forma, el jueves 12 de junio, el Consejo de la Unión Europea dio a conocer una nueva sanción contra los miembros de la FCT, Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla Ovale, además del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.
El Consejo remarcó que en distintas ocasiones ha enumerado las acciones que los integrantes de la FCT han realizado para socavar el Estado de derecho en Guatemala.
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Según explicó, las acciones del presidente y el representante legal de la FCT van desde la persecución e intimidación de representantes de medios de comunicación, abogados, jueces y fiscales.
A su vez, resaltó que han iniciado una multitud de investigaciones penales contra operadores de justicia, periodistas, y representantes del gobierno, al mismo tiempo que están “comprometidos en la intimidación de la sociedad civil y el poder judicial”.
El Consejo de la Unión Europea también fue enfático en mencionar que la FCT está involucrada en una campaña de enjuiciamiento por motivos políticos liderados por la Fiscal General, Consuelo Porras, contra periodistas, fiscales y jueces que han estado involucrados a la exposición de corrupción y la impunidad en Guatemala, así como contra el gobierno de Bernardo Arévalo.
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BREMER
En cuanto al juez Bremer, el Consejo de la Unión Europea sostuvo que ha emitido órdenes de detención y autorizado investigaciones basadas en cargos falsos, y ha suspendido las audiencias en esos casos, limitando así el derecho a una audiencia pública, el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo de los acusados.
De la misma forma, resaltó que en febrero de 2023 autorizó la solicitud de la FECI para investigar a reportes de elPeriódico y Prensa Comunitaria, medios que cubrieron la corrupción de alto nivel en el país.
“Suspendió y aplazó las audiencias judiciales del fundador de El Periódico, José Rubén Zamora, al menos seis veces en una de las causas penales en su contra. Además, Jimi Bremer Ramírez retrasó los procesos en las causas penales contra los exfiscales Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón, y contra la abogada de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González Orellana”, agregó.
Además, subrayó que el juzgador ha participado y apoyado acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en el país, incluyendo la persecución e intimidación de los representantes de medios de comunicación, abogados y fiscales.
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