Nuevamente, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, publicó, este 20 de abril, en Domingo de Resurrección, un vídeo en el que recordó el caso Odebrecht, aunque evitó mencionar los nombres de los principales responsables de entregar proyectos a la empresa constructora de origen brasileño.
“388 millones de dólares es decir más de 3 mil millones de quetzales perdió el Estado de Guatemala en el caso Odebrecht considerado uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país”, indicó el jefe de la FECI.
Aseguró que el caso tiene una estructura criminal que está encabezada por el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ivan Velásquez, y el extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro.
A criterio de Curruchiche, tanto Velásquez Gómez como Sandoval Alfaro, de forma “corrupta a impune” otorgaron beneficios a los empresarios de Odebrecht, ya que les perdonaron delitos.
“Por esa razón, desde el mes de noviembre del año 2021 sobre el exfiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval Alfaro existe orden de captura por los delitos de fraude, conspiración, abuso de autoridad y atribución de funciones, los verdaderos corruptos deben de enfrentar la justicia”, añadió.
Esta no es la primera ocasión que Curruchiche difunde un vídeo hablando del tema, ya que el pasado 22 de febrero, aseguró que el caso era importante para Guatemala, puesto que formaba parte de una lista de 12 países en los que la empresa ofreció sobornos a cambio de adjudicar obras de infraestructura.
“Yo, Rafael Curruchiche con carácter y determinación revelaré la verdad, a pesar que medios de comunicación, periodistas, activistas oculten y distorsionen la verdad. Lo mejor está por venir”, indicó en dicha oportunidad, sin ahondar en detalles.
OLVIDA A LOS PRINCIPALES RESPONSABLES
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia norteamericano reveló que empresarios de la constructora de origen brasileño Odebrecht reconocieron que pagaron alrededor de US$788 millones en sobornos a funcionarios de al menos 12 países latinoamericanos con el fin de recibir contratos para la construcción de infraestructura, incluyendo carreteras.
La investigación determinó que en Guatemala los ejecutivos de la constructora brasileña pagaron US$18 millones a funcionarios del Gobierno de Guatemala entre 2013 y 2015.
La FECI (en esos años a cargo de Sandoval Alfaro) y la CICIG determinaron que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, coordinó la entrega de proyectos de infraestructura, las cuales presuntamente buscaban beneficiar al excandidato por la Presidencia por el partido Líder, Manuel Baldizón, y al empresario Carlos Arturo Batres Gil.
Los 108 diputados del caso Odebrecht que tienen Consuelo: caso no avanza y MP no informa
Durante el curso de la investigación, Sinibaldi señaló a varios excongresistas y actuales diputados de haber recibido de entre Q500 mil a Q250 mil en sobornos a cambio de otorgar a la empresa brasileña la ampliación de la carretera entre Cocales, Escuintla y Tecún Umán, San Marcos.
La declaración de Sinibaldi reveló que los congresistas dieron vía libre al proyecto bajo el auspicio del binomio Presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
En total US$34 millones se entregaron como coimas a más de 108 congresistas del Partido Patriota, Todos, UNE, Creo-Unionistas, FRG, Gana, PAN, Victoria, URNG, UCN, VIVA e independientes.
En declaraciones a medios, Sinibaldi reconoció que hubo compra de voluntades y reconoció que «nunca» actuó solo.
Sinibaldi: en caso Odebrecht “se compraron 106 voluntades o más”
CASO NO AVANZA
El 29 de febrero de 2024, La Hora publicó la nota “Los 108 diputados del caso Odebrecht que tienen Consuelo: caso no avanza y MP no informa”, en la que se detalla que el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda, ofreció brindar información sobre casos, pero hasta el momento no se cuenta con avances en la investigación de los congresistas que votaron a favor de Odebrecht.
“Esa es una investigación que está con control jurisdiccional. Efectivamente, esa está a cargo de un juez en específico. En esa yo veo que cuando el juez tenía el caso no había ninguna crítica, pero eso habrá que preguntárselo a ese juez de por qué no fijaba las audiencias”, indicó.
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También remarcó que el MP era una “institución de puertas abiertas”, sin embargo, esta redacción buscó información sobre los sindicados en el caso, pero no se obtuvo respuesta en dicha oportunidad.
A más de un año de las declaraciones del secretario general del MP se desconoce los avances en la investigación que aparentemente se sigue en contra de congresistas y excongresistas.
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