El 5 de julio de 2021, Melisa Palacios fue localizada sin vida en Río Hondo, Zacapa. Sin embargo, a casi cuatro años de su desaparición, el caso continúa estancado en la etapa intermedia en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Chiquimula, en espera de conocer si los presuntos responsables del hecho serán enviados a debate oral y público.
El pasado miércoles 12 de marzo, se tenía prevista la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Chiquimula, pero la audiencia nuevamente fue suspendida, ya que el Instituto de la Víctima recusó al juez Juan José Regalado Rivas.
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Según explicó el abogado del Instituto de la Víctima, Juan Carlos Arquil, en la audiencia anterior la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín Ovalle, se retractó del procedimiento de la Ley de Aceptación de Cargos.
De acuerdo al letrado, al retractarse, la normativa estipula que el juez que dé trámite no debe seguir conociendo el caso, por lo que debido a que el juzgador mostró interés en continuar, se planteó una recusación, la cual fue aceptada parcialmente.
También, detalló que el togado otorgó la recusación sin efecto suspensivo, lo que significa que otro juez del mismo tribunal podría realizar la audiencia en los próximos días y conocer la solicitud de la defensa que busca que los acusados salgan de la cárcel.
SOLICITAN CAMBIO DE DELITO
Asimismo, el Instituto de la Víctima resaltó que actualmente María Fernanda Bonilla está sindicada por el delito de homicidio de emoción violenta, debido a que un juez de Zacapa le reformó el delito.
Por ello, la entidad subrayó que solicitará el cambio del delito de homicidio por el de asesinato, ya que en los medios probatorios del Ministerio Público (MP) existen los presupuesto legales.
El juez otorgó la recusación sin efecto suspensivo, lo que quiere decir, que otro juez de ese mismo tribunal podría llevar a cabo la audiencia en los próximos días y conocer la solicitud de la defensa que busca que los acusados salgan de prisión. ❌ pic.twitter.com/GNCOuWcdDQ
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BONILLA: “MI DELITO NO ES ASESINATO”
Durante la audiencia, María Fernanda Bonilla ingresó al Juzgado de Chiquimula rodeada de agentes de seguridad privada y elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), portando un chaleco antibalas, en donde aseguró que no cometió el delito de asesinato, sino “homicidio en estado de emoción violenta”.
“En estos momentos estoy enfrentando la justicia con un corazón tranquilo, tengo un corazón contento y lleno de mucha fe. Dios ha sido bueno y en todo momento me ha fortalecido de una manera extraordinaria”, sostuvo.
Bonilla agregó “señores les estoy dando la cara, estoy enfrentando la justicia. No sé cual es el temor de que yo en su momento pueda obtener la libertad si ellos están conscientes que de que mi delito no es asesinato, mi delito es homicidio en estado de emoción violenta”.
También, señaló que se ha “enfrentado” en distintas ocasiones a la familia de Palacios y nunca le han ganado un amparo.
Además, afirmó que no aceptará cargos y continuó indicando “si así ellos (la familia de Palacios) están pidiendo justicia, yo también estoy pidiendo justicia y la justicia tarde o temprano llegará, porque no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla”.
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EL CASO MELISA PALACIOS
El 4 de julio de 2021, familiares de Melisa Alejandra Palacios Chacón, de 21 años, activaron una alerta Isabel Claudina por la desaparición de la víctima, quien fue vista por última vez en Barrio El Centro, en el municipio de San Jorge, Zacapa.
Un día después, Bomberos Voluntarios informaron que el cuerpo de Palacios Chacón fue localizado sin vida y con señales de violencia a más de 14 kilómetros de donde fue vista por última vez, en un terreno boscoso de la aldea La Palma, en el municipio de Río Hondo, Zacapa.
Las pesquisas del MP determinaron que los principales responsables del hecho fueron María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle, quienes fueron señalados de secuestro y asesinato, pero el Juez José Maximo Morales reformó el delito por homicidio en estado de emoción violenta.
De acuerdo a la familia de Palacios, el MP presentó documentación en la que se muestran capturas de pantalla, así como un audio en el que Bonilla confirma que habría raptado a la víctima y contactó a al menos 15 personas, incluyendo un testigo protegido a quien le confirmó que tenía a Palacios, pero las pruebas no fueron conocidas por el juzgador.
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Por ello, la Fiscalía requirió el retiro de inmunidad contra el togado, ya que presuntamente habría recibido coimas a cambio de beneficiar a los sindicados con el cambio de delito.
De esta cuenta, en agosto de 2022, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró la inmunidad al juzgador, sin embargo, en septiembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) revirtió la decisión y ordenó que se conociera de nuevo la solicitud para despojar al juez del derecho de antejuicio.
CONTINÚA ESTANCADO
Posteriormente, el expediente del caso fue trasladado al juez Juan Carlos Regalado Rivas, de quien familiares de Palacios dudan de su imparcialidad, ya que aseguran que se ha visto a familiares de la sindicada entrando a los tribunales en horario nocturno y en días no hábiles.
De la misma forma, sujetos armados han sido capturados por familiares de Palacios en las afueras del Juzgado de Chiquimula, por lo que solicitan que el expediente sea trasladado a un Juzgado de Mayor Riesgo.
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Sin embargo, la familia de Melisa Palacios continúa a la espera de conocer si el nuevo juez designado enviará a juicio a María Fernanda Bonilla y a su guardaespaldas, José Luis Marroquín Ovalle.
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