Durante el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones para el período 2019-2024, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) develó el caso “Comisiones Paralelas 2020” en el que los hallazgos mencionaban que un grupo de integrantes de Comisiones de Postulación, diputados y candidatos realizaron una “elección paralela” para influir en la selección de los magistrados que integrarían las Cortes.
Pese a que el caso regresó a su inicio, tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), durante el actual proceso de elección de magistrados de CSJ y Corte de Apelaciones aspirantes que mantuvieron comunicación con Gustavo Alejos, según la investigación anterior del MP, continúan en el proceso para integrar la nómina de candidatos que será presentada al Congreso.
Entre los aspirantes que mantuvieron comunicación con Gustavo Alejos, según la investigación realizada por la FECI hace algunos años y que buscan integrar las nóminas, figuran los siguientes, incluyendo las calificaciones otorgadas:
Además, busca ser magistrado de la CSJ y Apelaciones, el juez Mynor Moto (88 puntos), quien fue vinculado en el caso Comisiones Paralelas, tras supuestamente beneficiar a uno de los sindicados dentro del proceso penal.
COMUNICACIÓN CON ALEJOS
En 2020, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), entonces a cargo de Juan Francisco Sandoval, develó el caso Comisiones Paralelas, luego de identificar que Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, se reunió con comisionados, diputados y aspirantes al cargo de magistrado de Corte de Apelaciones y CSJ.
De acuerdo a las pesquisas, Gustavo Alejos sostuvo dichas reuniones mientras guardaba prisión preventiva en un sanatorio de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, ya que se encontraba sindicado en cinco procesos penales.
En esta línea, la investigación determinó que el exsecretario Privado de la Presidencia buscó influenciar las Cortes con el fin de tener beneficios dentro de los casos en los que fue vinculado, aprovechándose no solo de intereses personales y profesionales, sino también de relaciones personales.
En esta línea, desde febrero hasta mayo de 2020, la FECI de Sandoval documentó visitas, interacciones por mensaje y vía telefónica, las cuales no tenían justificación, por lo que existió un tráfico de influencias.
ÓRDENES DE CAPTURA Y ANTEJUICIOS
De esta cuenta, en julio de 2020, la FECI solicitó el retiro de inmunidad en contra de 13 magistrados y jueces, quienes se reunieron con Alejos, por los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita.
Sin embargo, en agosto y septiembre de 2021, la CSJ decidió mantener la inmunidad a los togados que la Fiscalía requirió investigar por su posible vinculación en el caso.
De la misma forma, el 26 de febrero de 2021, el Ministerio Público (MP) requirió la captura de ocho abogados, incluyendo al entonces rector de la Universidad de San Carlos (USAC), Murphy Paíz, el decano de la Facultad de Derecho, Estuardo Gálvez, Luis Fernando Ruíz, Jennifer Dell’Acqua, Olga Alfaro Pineda, Henry Dubón Ruano y Juan José Bolaños Mejía.
De esta cuenta, en abril de 2021, la entonces jueza Erika Aifán, del juzgado de Mayor Riesgo D, ligó a proceso y envió a prisión a Gálvez, Paiz, Dell’Acqua, Lima, Alfaro, Soto, Dubón y Ruiz por delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita y violación a la Constitución, aunque posteriormente lograron medidas sustitutivas.
MP FRENA PROCESO DE ELECCIÓN
Derivado del caso, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras, solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo por la “amenaza cierta, real e inminente” de que el Congreso eligiera magistrados que no reuniera los requisitos.
De esta cuenta, la alta Corte ordenó al Congreso excluir del proceso de elección a profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estuviera comprometida, a la vez, que solicitó que el ente investigador remitiera el informe sobre el caso al Legislativo.
Además, el Tribunal Constitucional requirió que los diputados expresaran a viva voz las razones por las cuales consideraban que el candidato no cumplía con los requisitos, tras analizar el documento de la Fiscalía.
Sin embargo, la Alianza del gobierno de Alejandro Giammattei en el Congreso presidido por Allan Rodríguez y posteriormente por Shirley Rivera, detuvieron la elección colocando la discusión de la elección entre los últimos puntos de agenda y rompiendo el quórum, por lo cual los magistrados de CSJ y Apelaciones lograron aplazar cuatro años más su mandato.
No fue hasta el 7 noviembre de 2023, que la CC resolvió una debida ejecutoria con la que aplazó al Congreso para la elección, por lo cual el 15 de noviembre los congresistas renovaron las Cortes.
CASO REGRESA AL INICIO
El caso estuvo a cargo de la exjueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, sin embargo, Dennis Billy Herrera Arita, presentó una discrepancia, pero se entregó ante el Juez Tercero Penal, Mynor Moto, quien se autodeclaró competente para conocer la carpeta.
De esta cuenta, la FECI determinó que días antes Moto se reunió con Herrera Arita, con el fin de retirar la carpeta del caso de manos de Aifán, por ello se giró una orden de captura en contra del juzgador.
Sin embargo, el caso se “cayó”, luego de la salida al exilio de la Jueza Aifán, por lo cual Juan José Jiménez quedó a cargo del mismo, pero debido a una incompetencia el caso fue trasladado hacia el Juzgado Duodécimo Penal, pero fue conexo por la resolución de Moto, por lo que fue enviado al Juzgado Tercero Penal.
Además, Abraham Girón, defensor del exrector Murphy Paiz, presentó ante la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo una solicitud para anular lo conocido hasta el momento, la cual falló a su favor. Posteriormente, la CC ratificó la resolución.
