El presidente Bernardo Arévalo acumula tres solicitudes de antejuicio en su contra. La FECI ahora anunció que pidió una solicitud de retiro de inmunidad por un nuevo caso. Foto: Flickr Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo acumula tres solicitudes de antejuicio en su contra. La FECI ahora anunció que pidió una solicitud de retiro de inmunidad por un nuevo caso. Foto: Flickr Gobierno de Guatemala

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, informó que presentó una nueva solicitud de retiro del derecho de antejuicio en contra del presidente Bernardo Arévalo dentro del caso “Mecanismo de Corrupción Micivi”, por lo cual el mandatario suma cuatro peticiones para retirarle la inmunidad, de las cuales tres se encuentran activas.

Durante el proceso de transición de mando, el Ministerio Público (MP) presentó dos acciones en contra del Presidente dentro del caso denominado “Corrupción Semilla”, así como por la investigación “USAC: Botín Político”.

Sin embargo, por el caso de la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó la solicitud requerida por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación en contra del Gobernante.

Asimismo, el sistema del Organismo Judicial (OJ) registra una acción presentada por el abogado Miguel Roberto Balsells López, quien señaló a Arévalo por realizar discursos que habrían motivado las manifestaciones y bloqueos de octubre de 2023.

 MECANISMO DE CORRUPCIÓN MICIVI

Este 21 de agosto, la FECI presentó el caso denominado “Mecanismos de Corrupción Micivi”, por el cual solicitó el retiro de antejuicio en contra de Arévalo por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución y tráfico de influencias.

Curruchiche explicó que el caso deriva de una denuncia interpuesta. Recientemente, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, acusó a Arévalo de realizar una “orden ilegal a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal de sus funciones”.

En ese contexto, el MP presentó la grabación de una llamada entre el Presidente y la extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega, la cual comparó con la llamada del exmandatario Otto Pérez Molina dentro del caso “La Línea”.

Según mencionó Méndez Ruiz en su cuenta de X, Arévalo pretendía beneficiar a sus financistas de campaña, por lo que habría cometido delitos al privilegiar constructoras, a lo cual De La Vega se negó y produjo su destitución.

Sobre el caso, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) afirmó que los señalamientos de Curruchiche no cuentan con credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo.

CORRUPCIÓN SEMILLA

Curruchiche dio a conocer el caso denominado “Corrupción Semilla” el 12 de julio de 2023, una hora previo a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmara los resultados de las Elecciones Generales, a la vez que llamara a segunda vuelta electoral por la Presidencia entre Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

De esta cuenta, Curruchiche acusó al Movimiento Semilla de falsificar firmas para la conformación de la agrupación política, por lo cual solicitó órdenes de captura en contra de Jaime Gudiel, Cinthya Rojas y la subdirectora del Registro de Ciudadanos, Eleonora Noemí Castillo Pinzón, además de la suspensión provisional del partido político.

Sin embargo, no fue hasta diciembre de 2023 en que la FECI señaló a Arévalo por el delito de lavado de dinero y otros activos, ya que como secretario general no respaldó el pago de US$44 mil para poder pagar una multa ante el TSE.

Tras conferencia, el MP presentan antejuicios contra Bernardo Arévalo y Samuel Pérez

En dicha oportunidad, la Fiscalía también solicitó el retiro de la inmunidad de los diputados de Semilla, Samuel Pérez y Ligia Iveth Hernández por la supuesta comisión de los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos.

Sin embargo, el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, ordenó la captura de la exdiputada y entonces jefa del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, el pasado 13 de agosto.

CASO USAC

El 16 de noviembre, el Juez Décimo Penal, Víctor Cruz ordenó la captura de al menos 27 estudiantes, docentes y sindicalistas de la USAC, quienes fueron señalados por los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, asociación ilícita, así como sedición, por la toma de la casa de estudios superiores por el supuesto fraude electoral dentro de la Universidad.

De esta cuenta, el 17 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación presentó una solicitud de retiro de inmunidad contra el binomio presidencial, Arévalo y Karin Herrera, así como contra varios diputados de Semilla.

Según la Fiscalía, los integrantes de la agrupación política que llevó a la Presidencia a Arévalo habrían utilizado la toma de las instalaciones de la USAC como un “trampolín político» para promover su candidatura durante los comicios.

El MP presenta antejuicio contra Arévalo, Herrera y diputados

Sin embargo, el 29 de abril pasado, el pleno de la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio en contra de Arévalo y Herrera, así como contra un grupo de diputados.

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ABOGADO SEÑALA A ARÉVALO POR BLOQUEOS

Asimismo, el abogado Miguel Roberto Balsells López presentó una solicitud de querella en contra de Arévalo, el diputado Samuel Pérez, así como contra el entonces presidente Alejandro Giammattei durante los bloqueos de octubre de 2023.

“Yo lo que detecté es que las actitudes y acciones que tuvieron tanto el expresidente, porque hubo mucha omisión frente al tema de los bloqueos, y los discursos de la motivación de los diputados, entonces Arévalo (quien) era Presidente electo y Samuel Pérez, yo lo que identifiqué es que ellos tres estaban cometiendo delitos en diferentes instancias y en las titularidades que tenían como funcionarios públicos y presenté una querella penal en contra de los tres”, explicó.

Según explicó, Arévalo habría cometido los delitos de sedición y apología del delito, ya que las expresiones públicas generaron bloqueos, los cuales generaron consecuencias como muertos, así como desabastecimiento en las principales ciudades del país.

A su vez, señaló a Giammattei por omisión, ya que buscaba que se le “echara la culpa” políticamente a Semilla. “Giammattei permitió las tomas de las distribuidoras de agua (…) precisamente porque a alguien había que echarle la culpa, hay un discurso de Giammattei en donde él le dice a Arévalo que deje de estar hostigando y motivando”, agregó.

De esta cuenta, Balsells López explicó que el sentido de la querella es debido a que los políticos nunca se hacen responsables de sus acciones, puesto a que durante los más de 30 días de bloqueos los ciudadanos tuvieron problemas.

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