Este lunes 30 de octubre, el expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y abogado constitucionalista, Ovidio Orellana explicó que a su criterio resulta mucho mejor para el país, no prorrogar el plazo de para la finalización del proceso electoral, «en particular, porque con ello se consolida la invariabilidad de los resultados electorales».
A criterio del profesional del derecho, es obvio que “como se ve que están las cosas” pareciera que lo mejor es prorrogar, pero los beneficios que conlleva al pueblo no hacerlo son mayores que continuar con el proceso abierto.
Según el experto, todo lo que surja posteriormente tendrá su propio cauce, pero las acciones futuras no debieran incidir en el proceso electoral ni sus resultados, precisamente porque ya finalizó.
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“Le permitirá al TSE y sus órganos electorales, retomar sus funciones generales en torno a la situación real de los partidos políticos, entre otros”, concretó.
A UN DÍA DEL CIERRE DEL PROCESO
Este 31 de octubre, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene previsto el cierre del proceso electoral, tal como los anunciaron por medio del Acuerdo 1-2023, sin embargo, desde horas de la mañana de este lunes, los miembros de la entidad electoral se encuentran en sesión para abordar el tema, según Blanca Alfaro, presidenta del órgano electoral.
Con el cierre del proceso electoral, se espera que el TSE suspenda provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, ya que el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, decretó esta medida el pasado 12 de julio a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche.
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El anuncio de la suspensión de Semilla fue realizado por Curruchiche una hora antes de la oficialización de los resultados de la primera vuelta y la convocatoria a segunda ronda por la Presidencia, por lo que provocó una incertidumbre durante los comicios.
Esta incertidumbre aumentó posteriormente, ya que el Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, ha realizado una serie de investigaciones, allanamientos, solicitudes de información, y requerimiento de retiro de antejuicios en contra de los magistrados del TSE.
Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió cuando la FECI secuestró las Actas No. 4 y No. 8 que guardan la pureza del proceso electoral, por lo cual se registraron una serie de bloqueos y manifestaciones para solicitar la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana.
