Autoridades indígenas de distintos departamentos se hicieron presentes, este miércoles 11 de octubre, a la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para mostrar su respaldo y solicitar el aplazamiento del cierre del proceso electoral hasta enero de 2024.
Diego Santiago Ceto, primer alcalde del Pueblo Ixil de Nebaj, destacó que solicitan el aplazamiento del cierre electoral, ya que el Ministerio Público (MP) ha realizado actuaciones ilegales con las cuales han entorpecido el curso del proceso electoral.
“Es imposible que el proceso electoral finalice el 31 de octubre de 2023, tal como lo estableció el Acuerdo 1-2023, por lo tanto solicitamos que este Tribunal considere pertinente, tomando en cuenta que se ha perdido mucho tiempo”, mencionó.
Además, el líder indígena subrayó que piden al TSE que certifique lo conducente ante un juez penal, es decir, que se investigue todo lo que ha ocurrido en contra del proceso electoral por parte del ente investigador.
MUESTRAN RESPALDO AL TSE
De la misma manera, el TSE resaltó que, a través de un memorial presentado a la secretaría general, las autoridades indígenas expresaron su respaldo a la entidad electoral, además, de las referidas solicitudes.
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“Solicitan de la máxima autoridad electoral que dé cumplimiento al artículo 125 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) relativo a las atribuciones y obligaciones del TSE. En el documento exponen que asisten el derecho de petición que garantiza la Constitución, para comparecer ante el Tribunal”, resaltó el órgano electoral.
De acuerdo con el TSE, el alcalde indígena de Sololá, Misrahí Xoquic, expresó que en el documento detallan sus inconformidades ante las últimas actuaciones que el MP ha realizado en contra de la entidad electoral.
Además, subrayó que los líderes indígenas se sumaron a la expresión de solidaridad y apoyo a los magistrados del TSE por el trabajo realizado y rechazan los atropellos en contra de la institucionalidad de la autoridad electoral.
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DIEZ DÍAS DE MANIFESTACIONES
Este 11 de octubre se cumplen diez días de bloqueos y manifestaciones, las cuales solicitan la renuncia de la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el titular del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana.
Lo anterior, luego de una serie de acciones dirigidas desde el MP que han sido calificadas como arbitrarias e ilegales. El punto de inflexión sucedió el pasado 29 y 30 de septiembre cuando la FECI secuestró las actas electorales que son la pureza del proceso electoral, durante un operativo en la sede central del TSE.
