Este miércoles 27 de septiembre, la defensa de la abogada y exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, requirió que se revoque la decisión del titular del Juzgado Décimo Penal, Jimi Bremer, sobre otorgar prisión preventiva en contra de la profesional del derecho, y se reduzca el tiempo otorgado al Ministerio Público (MP) para la investigación del caso.
En esta línea, González presentó una apelación en contra de la decisión del togado, con el fin de dejar sin efecto la prisión preventiva y que la profesional del derecho salga del cuartel militar Mariscal Zavala, en donde se encuentra recluida desde el pasado 29 de agosto.
Al mismo tiempo, la abogada de González, Cristina Alonso, interpuso una acción en la que solicitan que el tiempo de investigación que se otorgó al ente investigador se reduzca de los tres meses que otorgó Bremer, a un mes.
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ESTO EXPLICA LA DEFENSA
Según explicó la abogada Alonso, tras resolver el pasado 22 de septiembre, el Juez elevó los autos a una Sala. “No sabemos con certeza cuál será la Sala de Apelaciones que conocerá. Y que la Sala resuelva en un plazo razonable los escritos que presentamos”, agregó.
La letrada subrayó que esta judicatura tendrá un plazo de tres días para resolver la apelación, por lo que estarán al pendiente de que la acción se pueda elevar lo más pronto posible a la Sala y resuelva.
“De acuerdo con lo que nosotros argumentamos, en la audiencia, en el caso de la licenciada Claudia González Orellana, procede una medida sustitutiva en este caso, pues las dos apelaciones van en este sentido solicitando a la Sala que revoque esa resolución dictada por el Juez Décimo”, enfatizó.
De esta cuenta, afirmó que buscan inclusive su inmediata libertad bajo promesa simple, además, requieren que la Sala revoque la conclusión donde se ordenan tres meses, pero consideran que como máximo debería ser un mes, a criterio de la defensa.
“De tal manera, que consideramos que ya la investigación puede estar adelantada. Y por esa razón solicitamos un plazo más breve”, concretó.
LIGADA A PROCESO SIN SER FUNCIONARIA
Casi un mes luego de su detención y con varios retrasos, el Juez Bremer decidió ligar a proceso por el delito de abuso de autoridad a González, pese a que la letrada no fue funcionaria pública y según analistas la ley no tipifica este delito para las personas que laboran en organismos internacionales.
Al salir de la audiencia, la exmandataria de CICIG señaló que Bremer realizó una interpretación extensiva, en la que aseguró que la Comisión era un “organización internacional y que por eso soy funcionaria pública”.
“Solo ahí podemos evidenciar lo ilógico, pero el juez también se fue contra mí, pero bueno, ya sabemos cómo ha ocurrido, sabemos que la magistrada Blanca Stalling es su jefa, ¿qué podemos esperar?”, añadió la profesional del derecho.
Al mismo tiempo, aseguró que tenía que ir tres meses a prisión preventiva gracias al Juzgador, quien “hace interpretaciones a favor del MP”.
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EL CASO
En enero de 2017, el juez Carlos Ruano presentó una denuncia en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, puesto a que habría realizado presiones en contra del togado con el fin de que beneficiara a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling.
Por este caso, Stalling fue separada del cargo, y llevó un proceso en su contra, el cual fue cerrado por el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, ya que argumentó que la magistrada contaba con derecho a antejuicio.
De esta cuenta, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), dirigida por Ricardo Méndez-Ruiz, inició un proceso contra Ruano, lo cual derivó en la renuncia del cargo del juez, así como su salida al exilio este miércoles 27 de septiembre.
A su vez, la Fiscalía de Asuntos Internos acusó a la abogada González, así como otros exfuncionarios del Ministerio Público (MP), de incidir en supuestas anomalías durante la investigación, incluyendo grabar a Stalling, quien a su criterio gozaba de inmunidad en ese tiempo y no se podían realizar pesquisas en su contra.
“Mediante dichas acciones se irrespetaron las formas y procedimientos establecidos en la ley para la presentación de antejuicio, para la tramitación de la investigación que lo fundamenta, y se vulneró el principio de legalidad al permitir la intervención arbitraria de una entidad internacional y su personal”, destacó la Fiscalía sobre el caso.
