La Asociación Primaveral, con sede en Washington DC, Estados Unidos, emitió un comunicado este viernes 15 de septiembre, en el cual asegura que las constantes acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) vulneran la voluntad del pueblo de Guatemala.
La organización condenó los ataques constantes al sistema democrático encabezados por la Fiscal General, Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, la agente fiscal, Cinthia Monterroso, así como el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, a quienes calificó de “non gratos”.
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Estas acciones vulneran la voluntad del pueblo guatemalteco, ya que se trata de una falta de respeto a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos y Juntas Electorales, quienes voluntariamente fueron garantes de la transparencia, legalidad y legitimidad del proceso electoral en las Elecciones Generales y la segunda vuelta electoral por la Presidencia, a criterio de Asociación Primaveral.
En esta línea, rechaza totalmente todas las acciones espurias de interpretaciones de la ley, al mismo tiempo que respaldaron al TSE como la única institución con competencia como rectora del proceso electoral.
A su vez, explica la Asociación que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es de rango constitucional, por lo que el ente investigador y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están plegados y obedecen a grupos fácticos al ser parte del irresponsable allanamiento.
PIDE A POBLACIÓN RECHAZAR ACCIONES
De la misma manera, Asociación Primaveral solicitó a la población guatemalteca seguir demostrando su rechazo en contra de los funcionarios del MP y el juez Orellana de manera pacífica.
A su vez, pidió que se exija la renuncia de Porras, Curruchiche, Monterroso y el Juez Orellana, así como todo aquel que busque deslegitimar el proceso electoral y mancillar la democracia del país.
“Al gobierno electo le mandamos nuestra solidaridad, respaldo y le ofrecemos nuestras capacidades y esfuerzos como parte de la diáspora para cooperar decididamente en los procesos de reconversión urgente que necesita Guatemala”, concretó.
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EL CASO
Durante el 12 y 13 de septiembre, la FECI realizó una serie de allanamientos en el Registro de Ciudadanos y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), bajo la autorización de Orellana, lo cual derivó en que la Fiscalía decidió abrir las cajas que contenían los votos de los comicios, que eran resguardados por el TSE.
De acuerdo con la Fiscalía, los allanamientos forman parte de una denuncia presentada por un ciudadano, quien solicitó investigar la cantidad de votos que había obtenido cada partido político durante las elecciones, ya que el Estado debe entregar US$2 por cada sufragio emitido a favor de las organizaciones políticas.
Por ello, tanto el TSE, como Semilla presentaron varias acciones para evitar que la FECI continuara con las pesquisas, puesto que afirman que se rompió la cadena de custodia del voto, y se puso en peligro el proceso electoral, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió remitir los recursos a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
