Tras los recientes allanamientos liderados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Cámara Guatemalteca de la Construcción emitió un comunicado, este jueves 14 de septiembre, en el que expresó que todos los organismos y entidades del estado deben velar porque el resultado se mantenga íntegro.
La Cámara Guatemalteca de la Construcción y sus gremiales, ante los recientes acontecimientos relacionados con el evento electoral, manifiesta: pic.twitter.com/E01PPlCSmJ
— Cámara Guatemalteca de la Construcción (@construguate) September 14, 2023
En esta línea, la cámara empresarial resaltó que los funcionarios del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ) están obligados a actuar con estricto apego a la legalidad.
Por lo anterior, indicó que es esencial que se respeten los límites de sus competencias, el debido proceso y la supremacía constitucional, además, se debe garantizar que sus acciones sean imparciales e independientes, respetando la voluntad ciudadana expresada pacíficamente en las urnas.
Al mismo tiempo, manifestó que el TSE, como única autoridad facultada para el efecto, declaró la validez de la elección y oficializó los resultados, luego de un proceso participativo en el que las juntas electorales velaron por la pureza del proceso, la efectividad del sufragio y la exactitud del resultado.
«Todos los organismos y entidades del estado, sin excepción, deben velar porque ese resultado se mantenga íntegro, no busque alterarse y las autoridades electas sean investidas el 14 de enero de 2024», concretó.
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De la misma forma, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) declaró que el MP, en atención a su responsabilidad legal de promover la persecución penal, debe realizar estas acciones en absoluto apego a la ley.
En esta línea, manifestó que los funcionarios que investigan los hechos, deben desarrollar su actuar dentro de lo establecido en la Constitución y las demás leyes, por lo que deben prevalecer en todo momento la voluntad popular, respetando el resultado del proceso.
“La democracia y sistema de votación de nuestro país deben preservarse. Por lo tanto, solicitamos a los tres poderes del Estado y órganos de control constitucional, la protección del sistema republicano, el cumplimiento del orden constitucional y el respeto a las instituciones democráticas”, señaló.
Cacif por acciones de FECI: la democracia y el sistema de votaciones deben preservarse
Además, exhortó a que se retome el proceso de transición ya iniciado, con el fin de que se realice la entrega de mandato a las autoridades electas el próximo 14 de enero.
También la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) expresó su preocupación ante las acciones que efectuó el Ministerio Público (MP) en las instalaciones del COPE, y solicitó por medio de un comunicado que se cumpla la ley para garantizar un panorama favorable para el comercio y la inversión en Guatemala.
A consideración de AmCham, estas acciones debilitan el proceso democrático del país y no suman a la transición hacia un nuevo gobierno y manifestó que dicha transición es la voluntad del pueblo de Guatemala, la cual fue expresada en las urnas durante las dos jornadas electorales del 25 de junio y del 20 de agosto.
Además pidió que se respete lo establecido en las leyes constitucionales, para que exista un clima favorable para la inversión de las empresas y garantizar el comercio.
#ComunicadoAmChamGT | AmCham insta a garantizar certeza jurídica en el proceso electoral 2023 https://t.co/YMEttbpIFJ pic.twitter.com/0b3hFqDFSt
— AmCham Guatemala (@AmChamGT) September 13, 2023
LOS ALLANAMIENTOS
La FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, por autorización del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo de Fredy Orellana, realizó una serie de allanamientos en el COPE, donde el TSE resguardaba las cajas electorales que contenían los votos de las Elecciones Generales y la segunda vuelta por la Presidencia.
Durante los operativos, la Fiscalía decidió abrir las cajas electorales, en seguimiento a una investigación derivado de una denuncia de un «ciudadano», del cual se desconoce su identidad, quien requirió conocer la cantidad de votos que logró cada organización política, ya que el Estado entrega US$2 por sufragio.
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De esta cuenta, el TSE presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el fin de detener las acciones del Juez Séptimo, sin embargo, decidió remitir la acción a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
A su vez, la entidad electoral presentó un recurso de «cuestión de competencias», con el cual busca que la alta Corte delimite las funciones de un Juez Penal y si puede suspender o cancelar un partido político bajo una ley ordinaria.
Además, el presidente electo, Bernardo Arévalo, requirió la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, el juez Orellana y el jefe de la FECI, ya que asegura que están organizando un Golpe de Estado.
