Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Foto La Hora / José Orozco 

En un comunicado compartido este jueves 31 de agosto, un grupo de literatos, editores e intelectuales, incluyendo a varios ganadores del Premio Nacional de Literatura “Miguel Ángel Asturias”, se pronunciaron en contra de las recientes acciones contra el partido Movimiento Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo, y solicitaron a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no seguir socavando la democracia junto al “pacto de corruptos” y su “sicario judicial”, el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras.

En el escrito, los intelectuales solicitan que se respete el proceso electoral y que no se interfiera violando elementales principios jurídicos, y señalan que considera oportuno solicitarle a la excandidata Sandra Torres, así como a la UNE, que reconozcan la victoria de Arévalo y su vicepresidenta electa, Karin Herrera, con el fin de no continuar socavando la democracia.

Entre las peticiones, los escritores también exigieron la renuncia inmediata de la Fiscal General del MP, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, así como de la fiscal Cinthya Monterroso, y los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer.

Al mismo tiempo, pidieron el cese a la persecución a fiscales, jueces y abogados que luchan contra la corrupción y que se ponga fin a, “esta insensatez jurídica y anticonstitucional por medio de una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) o, en última instancia, de la Corte de Constitucionalidad (CC) pues no pueden seguir jugando a la ambigüedad, dando oportunidad al Pacto de Corruptos para seguir criminalizando el ejercicio de la soberanía del pueblo y destrozando la democracia guatemalteca”.

 

PREOCUPACIÓN POR DEBILITAMIENTO DE LA DEMOCRACIA

En el documento, firmado por exministros de Cultura, ganadores del Premio Nacional de Literatura, escritores, editores, así como periodistas, columnistas, académicos y profesores universitarios, manifiestan su preocupación por la grave situación que afecta la debilitada democracia guatemalteca.

Según mencionaron, no pueden desatenderse de la crisis profunda producida por la cooptación de las instituciones por el “pacto de corruptos”, quienes actúan irresponsable e ilegalmente para judicializar la política y perseguir a los operadores de justicia honestos y profesionales, así como a opositores, medios de comunicación y periodistas incómodos para los “ejecutores de la corrupción”.

De acuerdo con los signatarios, con “ardides” y arbitrariedades legalistas, junto con campañas de desprestigio, se busca poner toda clase de obstáculos para impedir la toma de posesión de los candidatos de Semilla, quienes fueron electos libre y democráticamente.

“Vuelven a levantar el miedo como instrumento para apaciguar a la ciudadanía y el bombardeo con información falsa y manipuladora. De nuevo lanzan el fantasma del comunismo, la descalificación artera y utilizan el MP para aplicar el Código Penal y la Ley contra el Crimen Organizado en el campo electoral, lo que es una violación de las jurisdicciones institucionales determinadas por la Constitución Política y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es de rango constitucional”, sostienen.

Agrega que se niegan a aceptar los resultados de los comicios, ya que buscan continuar en el poder. Además, aseguraron que toda democracia debe tener alternabilidad en el poder, respeto a las elecciones y los resultados, así como libertad de expresión.

ESTO HA PASADO

El pasado 28 de agosto, la Fiscalía de Asuntos Internos buscó la captura del exjefe de FECI, Juan Francisco Sandoval, así como la exfiscal Eva Siomara Sosa y detuvo a la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González por un caso de supuestas anomalías durante la investigación que se realizó en contra de la la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

Horas más tarde, el Registro de Ciudadanos notificó a Semilla sobre la suspensión provisional del partido político, lo cual derivó en que la Junta Directiva del Congreso desconociera a la bancada del partido del presidente electo el pasado miércoles 30 de agosto.

 

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