La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que otorgó medidas cautelares a favor del binomio presidencial electo en Guatemala, integrado por César Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, derivado de los múltiples acosos, así como de la denuncia de un posible plan denominado “Colosio” con el cual buscarían dar muerte al mandatario electo el pasado 20 de agosto.
Por aparte, también reportó la denuncia de que el intento de asesinato también podría venir de grupos de pandillas que operan en Guatemala.
Sin embargo, sobre el plan para asesinar a Arévalo, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) aseguró que no tenía conocimiento, mientras que la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) señaló que no existía una “amenaza real”. Según pudo conocer La Hora, cuando se expresa que no hay amenaza real es que no se ha podido individualizar a personas, modo y lugar de algún hecho en particular.
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CUENTA CON ESQUEMA DE SEGURIDAD
Por otro lado, Arévalo dijo este 24 de agosto, que se aceptaron las medidas cautelares a partir de la serie de notificaciones que hay, que les hacen tener la existencia de amenazas directas con su persona, «estamos coordinando con el Gobierno de la República que ya respondió que dijo que vamos a establecer las medidas necesarias para el efecto».
En la actualidad el presidente electo, cuenta con un esquema de seguridad que le brinda protección y que incluye agentes del Estado.
EL PLAN COLOSIO
En la Resolución 48/2023 de la CIDH, con la cual otorgó medidas cautelares, la Comisión resalta que Alfredo Ortega Franco y Christian González Chacón, quienes instaron a la Comisión a que el Estado guatemalteco otorgue medidas, señalaron que el equipo de seguridad de Arévalo recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo.
La estrategia tendría como actores para dar muerte a Arévalo a agentes estatales e individuos particulares, según detalla el documento de la CIDH, el cual menciona que este plan habría sido conocido por tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad y que no se conocen entre sí. Hasta la fecha no se ha podido establecer quiénes son los agentes estatales involucrados en el plan.
Estas fuentes advirtieron sobre la existencia del plan denominado “Colosio”, el cual hace referencia al asesinato del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano, Luis Donaldo Colosio, en 1994, según menciona la resolución de la CIDH.
Al mismo tiempo, la CIDH relató que el plan habría sido dado a conocer por las fuentes desde el 4 de julio de 2023, es decir, luego de la primera vuelta electoral y se implementaría para acabar con la vida de Arévalo, ya que figuraba como favorito en la intención del voto.
Más detalles de la resolución de la CIDH en favor de Arévalo y Herrera; Estado ha brindado seguridad
Más información en https://t.co/3vo3Yq9xin pic.twitter.com/GjXf9lT86O
— Diario La Hora (@lahoragt) August 25, 2023
MP COMUNICA A ARÉVALO DE UN SEGUNDO PLAN
De la misma manera, el informe de CIDH expone que el pasado 20 de agosto, luego de la celebración de la segunda vuelta electoral, durante la conferencia de prensa que realizó el binomio presidencial electo en un hotel de la zona 13 capitalina, se habrían presentado cuatro fiscales del Ministerio Público (MP) quienes solicitaron una reunión privada con el mandatario electo.
Según menciona el escrito, en el acta del 20 de agosto pasado de la Fiscalía contra Delitos de Extorsión, los fiscales tenían como objeto hacer de conocimiento de Arévalo que tenían información privilegiada relacionada con estructuras criminales de pandillas que podrían poner en riesgo la vida e integridad física del gobernante electo.
“Por lo que se procedió a realizar la notificación correspondiente, para que este tome las medidas de seguridad que considere pertinentes, asimismo se hizo de su conocimiento que todo lo anterior también fue informado a la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC)”, detalla.
Esto formaría parte de un segundo plan para atentar contra la vida de Arévalo, según mencionaron los solicitantes. “Tal información acreditaría que los riesgos al propuesto beneficiario y del binomio presidencial en su conjunto. Frente a la información recibida, alegaron un incremento significativo del riesgo, así como de la inminencia del posible atentado”, expuso CIDH.
A su vez, la Comisión expresó que Ortega Franco y González Chacón expusieron que el Estado no habría detectado los riesgos mediante una investigación adecuada que determine los responsables del plan y que, por el contrario, el Estado guatemalteco se habría limitado a indicar que no se recibieron denuncias, pese a que los hechos debían ser perseguidos de oficio y tenía conocimiento de estos.
ESTADO NO HABRÍA OBTENIDO INFORMACIÓN DE “AMENAZA REAL”
Bajo esta misma línea, en el informe CIDH expone sobre los planes que el Estado de Guatemala consideró “incongruentes” que ante una situación tan grave no se hubiera interpuesto ninguna denuncia, por lo que aseguró que tras recabar información oficial y documentación de soporte, la SAAS señaló que no se tiene conocimiento sobre planes fraguados contra la vida de Arévalo.
En esta línea, expone que Iván Carpio, coordinador de Seguridad del binomio presidencial electo, expuso que “no han informado de ninguna amenaza”, y también calificó como “incongruente” que se haya dicho que el equipo de seguridad tenía conocimiento de ello y que manifestó no conocer sobre ningún plan de esta naturaleza.
En cuanto al Ministerio de Gobernación (Mingob), el escrito resalta que si bien, era verídico que se tenía conocimiento sobre el plan, la cartera de Interior señaló que “no se tiene conocimiento respecto a esa información”.
Al mismo tiempo, el Estado expresó que la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), con base en la información recabada, no habría obtenido información confirmada sobre alguna “amenaza real” emitida por personas individuales, y que actuó en prevención por medio de la SAAS, Gobernación e incluso Inteligencia Civil y se descartó la existencia de planes de atentados contra la vida del binomio presidencial.
El escrito también subraya que el Estado aseguró que, el plan se basa en “su dicho” y “presuntas fuentes desconocidas”, lo cual no es congruente con la información de las instituciones públicas y personal de confianza de Semilla que dirige y coordina su seguridad, ni con lo indicado por Inteligencia Civil, quienes descartaron planes o atentados de esta naturaleza. “El Estado reiteró que las personas propuestas beneficiarias no han acudido a las autoridades competentes a denunciar ningún hecho de amenazas o intimidación en el año en curso”, agrega.
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CIDH: ARÉVALO Y HERRERA CUMPLEN REQUISITO DE GRAVEDAD
De esta cuenta, la Comisión explicó que respecto al requisito de gravedad, necesario para dictar las medidas cautelares, Arévalo y Herrera cumplen con esta valoración, ya que según la información preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son el binomio presidencial ganador, en atención a “los reconocimientos que ha recibido al interior de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros Estados”, agrega.
“Dado el contexto actual del país, son las personas más visibles al haber sido votados como binomio para ocupar los más altos cargos políticos del país escogidos en las elecciones de agosto de 2023. Lo anterior, no solo les colocaría en una condición de excepcional exposición, sino también diferenciada respecto del resto de integrantes del partido político que integran”, expone.
También, advirtió que las amenazas registradas se enmarcan en un contexto en que ha sido alegado que existían mensajes estigmatizantes, intimidaciones y amenazas, principalmente atribuibles a “netcenters” y otros usuarios, ya que en el documento expone que habría recibido seguimientos y amenazas de cuentas como ¡Yes, Master!, y señalamientos con desinformación por parte de la Fundación Contra el Terrorismo y sus miembros, quienes los habrían expuesto públicamente con el uso de fotografías y datos personales.
PREOCUPACIÓN TRAS ASESINATO DE VILLAVICENCIO
En esta misma línea, la Comisión también señaló preocupación, ya que estos señalamientos se dan luego del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, puesto a que se habrían utilizado frases como las siguientes:
“Una buena idea para Guatemala”
“Cuándo sería el turno del “semillero”
“Debía operarse contra el cómo se hizo contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador”.
“Entiende que estos reportes son consistentes con lo que ha sido afirmado por el Secretario General de la OEA, (Luis Almagro), tras su reciente visita al país, y la Misión Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) que observó que, además del contexto de excesiva judicialización, existiría “una campaña fuerte en los medios sociales, a veces con mensajes violentos para los amenazados”, relató.
CIDH: EFECTOS NEGATIVOS DEBEN SER CONTRARRESTADOS
Asimismo, la Comisión consideró que los efectos negativos de comportamientos coordinados en redes sociales que apelan a la intimidación, descrédito, hostigamiento y amenazas pueden, y en ocasiones deben ser contrarrestados en el debate público con mensajes institucionales de amparo y respaldo que deben sumarse al despliegue oportuno de mecanismos de protección e investigación y respaldo del Estado de Derecho a la persona o funcionario público afectado.
Respecto al requisito de urgencia para dictar las medidas, la CIDH considera que esta valoración se encuentra cumplida porque tras analizar el tenor de los mensajes recibidos, así como la información de los planes contra la vida de Arévalo, incluyendo la notificación del ente investigador, sin que se hayan adoptado acciones para hacerle frente, así como sumado a los cuestionamientos presentados frente al esquema de protección que tendría, entienden que es inminente la posibilidad que se ejecute la “materialización de una violación a sus derechos en el actual contexto del país”.
Sobre la “irreparabilidad”, la Comisión indicó que se cumple con este requisito, ya que podría afectar los derechos a la vida e integridad a la vida. “De materializarse la situación de irreparabilidad, la Comisión considera que se verían afectados colateralmente los derechos de las personas que votaron por los propuestos beneficiarios en las últimas elecciones generales del país”, indica.
Además, sobre los demás miembros de Semilla que no fueron beneficiarios de las medidas cautelares, la Comisión recordó que la Convención Americana recuerda que el Estado debe garantizar los derechos con independencia de dicho otorgamiento, y que de presentarse nuevos eventos o contar con información actualizada y detallada sobre la situación, el partido pueda solicitar medidas cautelares a favor de los otros integrantes.
ESTADO TIENE 15 DÍAS PARA INFORMAR SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS
Al mismo tiempo, la Comisión pidió al Estado guatemalteco que informe, dentro de un plazo de 15 días, a partir de la notificación, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar la información en forma periódica.
La resolución detalla que fue aprobada este 24 de agosto, por Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión, así como por Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta; Roberta Clarke, Segunda Vicepresidenta; Julissa Mantilla Falcón, y Carlos Bernal Pulido, integrantes de esta entidad, y fue entregada por la secretaría ejecutiva, a cargo de Tania Reneaum Panszi.
