La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sostiene que es “legalmente imposible” cancelar a ese partido y que cuentan con amparos favorables, luego que el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), anuló las asambleas realizadas por la organización política.
El partido político, dirigido por Sandra Torres, aduce que se declaró una guerra jurídica en su contra, por lo cual se han defendido con la “ley en la mano” obteniendo la protección legal con tres amparos.
Detalló que celebraron las asambleas mediante el amparo del Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, con lo cual restablecieron su Comité Ejecutivo Nacional.
Asimismo, aducen que Tribunal de Sentencia Penal de Alta Verapaz dictó un amparo preventivo que prohíbe al Departamento de Organizaciones Políticas del TSE anular las asambleas, pero que esa instancia optó por desobedecer.
Además que el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Santa Rosa ordenó que se suspenda la anulación de las asambleas, lo cual también desobedeció el TSE, según la UNE.
“Nuestras asambleas están vigentes por virtud de la justicia constitucional, estando pendientes por resolver aún más acciones constitucionales ante tanta arbitrariedad. La UNE lidera las encuestas y estamos ganando todas las batallas legales lo cual está provocando que los enemigos de la democracia actúen a través de la judicialización de la política”, concluye.
TSE ANULA ASAMBLEAS
El Departamento de Organizaciones Políticas notificó a la Dirección General del Registro de Ciudadanos la suspensión en definitiva de todo tipo de asambleas realizadas por la UNE desde el 5 de agosto del 2021.
La decisión se da tras la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo con lo cual se anulan las asambleas nacionales del partido político.
En las asambleas, la UNE conformó el Tribunal de Honor, Tribunal de Fiscalización, Consejo Político, Comité Ejecutivo y además eligieron a Torres como secretaria general, por lo que con la resolución el partido quedaría desintegrado y sin las representaciones correspondientes para ser constituido como agrupación política, entrando en proceso de posible cancelación.
