Migrantes cruzan el río Bravo hacia EE. UU. en Eagle Pass, Texas. Foto: La Hora/AP

De acuerdo a una publicación del medio de comunicación “La Opinión”, el pasado viernes el gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis anunció la vigencia a la normativa SB 1808, una ley con la cual se prohíbe los contratos del Gobierno estatal con empresas que ofrezcan apoyo y transporte a migrantes.

 

La normativa amplía la definición de la “política santuario”, con la cual las ciudades o condados del Estado no deberán limitar o prohibir a los policías de la localidad proporcionar información migratoria a las autoridades federales con competencia exclusiva en este tema.

La publicación detalla que las agencias del orden que operen en centros carcelarios firmarán el acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ser partícipes del programa 287 (g), sobre la obligación de agentes locales a realizar funciones para la aplicación de la ley de inmigración.

CREACIÓN DE “FUERZAS DE ATAQUE”

Asimismo, DeSantis anunció la creación de la denominada “fuerza de ataque”, la cual tendrá como integrantes a la Patrulla de Carreteras y agentes de las comunidades con el objetivo de aprehender a traficantes de humanos y narcotraficantes.

CRITICAN A DESANTIS

La Coalición Americana de Empresarios por la Inmigración (ABIC) criticó a DeSantis por la entrada en vigencia de la Ley, a esto se les sumó Mike Fernández, presidente de MBF Healthcare y copresidente de ABIC Action, ya que expresó que esto podría ser por las aspiraciones a la presidencia que tiene y que estas políticas no deberían de dañar a los migrantes.

“Esta ley destruye la vida de niños inocentes, daña la economía y aumenta los precios de los alimentos y la gasolina para todos los floridanos”, enfatizó Fernández a ese medio, debido a que la normativa podría costar US$12 millones, lo cual calificó de “desperdicio”.

A su vez, el arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski, se opuso a la promulgación de la SB 1808, debido a que llevaría al cierre de albergues de refugiados migrantes, señaló La Opinión.

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