El presidente electo, Bernardo Arévalo, dijo ante autoridades de Estados Unidos que la Fiscal General, María Consuelo Porras, sancionada por ese país tras su ingreso a la Lista Engel, actúa en contra de la democracia de Guatemala.
Arévalo se pronunció de esa manera el pasado martes 3 de octubre, y dijo que las diligencias en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los comicios son efectuados por una institución controlada «a manos de quien ustedes han oído está en la lista Engel, de actores corruptos y actores antidemocráticos. Ella (Porras) ha realizado acciones legales intentando suspender a mi partido».
Arévalo señaló que la Fiscal General ha sido señalada, incluso por autoridades internacionales, de supuestamente formar parte de los supuestos «actores corruptos y actores antidemocráticos».
En la lista Engel también figuran el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y el juez séptimo penal A, Fredy Orellana, también señalados por el presidente electo de supuestamente lideran la persecución contra el partido político Movimiento Semilla y orquestar «un golpe de Estado».
En la gira que realiza por EE. UU., como presidente electo, el próximo gobernante da a conocer su plan de trabajo a nivel internacional, y también busca fomentar la creación de alianzas estratégicas para el desarrollo del país.
ARÉVALO NO ANTICIPO PERSECUCIÓN JUDICIAL
Ante las autoridades estadounidenses, Arévalo expuso que Guatemala está teniendo una “difícil” y “tensa” transición, con varios ataques legales en su contra y la de su partido político, así como hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Dijo que dichas acciones afectan el desarrollo del proceso democrático, por lo cual se pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) que intervenga. Allí se presentaron dos acciones de amparo.
Dichas acciones legales fueron trasladadas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a una Sala de Apelaciones, y están pendientes de ser resueltas.
El próximo gobernante detalló que las acciones judiciales que se han desarrollado desde la segunda vuelta electoral en contra de Semilla, no fueron anticipadas por la agrupación al momento de ganar las elecciones presidenciales, el pasado 20 de agosto.
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«Sabía que el cambio no sería fácil, por las condiciones políticas de Guatemala; y esperaba resistencia de algunos grupos poderosos, pero no era claro qué tipo de acciones esperar», dijo Arévalo.
Otro de los puntos que resaltó fue que las acciones que se desarrollan por parte de Porras, Curruchiche y Orellana «es un golpe de Estado», lo cual ha generado un ambiente político tenso.
Asimismo, enfatizó: «el pasado viernes y sábado sus trabajadores (del MP) allanaron las oficinas del Tribunal Supremo Electoral por segunda vez…, llevándose las cajas, conteniendo las actas de voto certificadas».
SECUESTRO DE ACTAS ALTERA ORDEN CONSTITUCIONAL
Con respecto a los cuatro allanamientos que el MP realizo en las instalaciones del TSE, señaló que en el último se secuestraron las actas electorales originales que certifican el proceso electoral, mismas que fueron «forzadamente» sustraídas del ente electoral «bajo abusos verbales y físicos», lo cual critico como «indignante y es inaceptable».
Dijo que las acciones «arbitrarias» que la FECI realizó durante el allanamiento del pasado 29 y 30 de septiembre en la sede del TSE, representa una serie de alteraciones al orden constitucional, por lo cual pidió que sean examinadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), bajo el artículo 20 de la Carta Interamericana Democrática.
CUESTIONAN ACTUAR DEL GOBIERNO
Arévalo señaló que la campaña de persecución judicial que se realiza al proceso democrático en el país, pone en duda el actuar del gobierno y cuestiona su compromiso con el traspaso de poder, mismo que crece ante la falta de pronunciamiento por parte del presidente, Alejandro Giammattei, sobre la situación política de Guatemala.
Además, explicó que se está intentando poner en duda el espacio de los diputados electos por Semilla, para que no puedan ejecutar su derecho como partido político dentro del Congreso de la República.
Por último, resaltó «nosotros y el pueblo de Guatemala no confiamos que el MP esté actuando bajo su iniciativa propia», aludiendo que podrían estar implicados otros actores del poder como el Ejecutivo, respaldando su acusación diciendo que «(la) desafortunada realidad es que Guatemala no tiene separación de poderes».
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