La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció a Jordán Rodas, extitular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ante el Ministerio Público (MP). Se señalan posibles inconsistencias en la declaración jurada patrimonial que presentó al concluir su función en la referida oficina.
La denuncia fue planteada el pasado jueves 18 de mayo ante el órgano encargado de la persecución penal. Se le consultó a la entidad, pero se indicó que se solicitará la información correspondiente.
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En tanto, la CGC indicó a La Hora que se señaló a Rodas por supuestas inexactitudes en la información patrimonial que fue declarada, así como irregularidades en la documentación que el exfuncionario entregó a la entidad.
Por el momento no se establecieron los posibles delitos en los cuales habría incurrido el exmagistrado de Conciencia, por lo cual se solicitó al órgano encargado de la persecución penal que determine si existe una acción delictiva o no, y cuál es su tipificación.
El área de Comunicación de la CGC indicó que se considera que la declaración jurada patrimonial presentada por Rodas fue inexacta.
La Contraloría aseguró que en el informe presentado existe “inexactitud en la información patrimonial declarada”, así como “irregularidades en la documentación presentada”.
El hecho también fue notificado desde la CGC al exprocurador, con el objetivo de que desvaneciera las irregularidades que estima la entidad.
La entidad explicó que “todas las acciones legales derivadas de la declaración jurada patrimonial y su respectiva auditoría, se realizaron por un equipo de auditoría técnico”, el cual basó su labor en los manuales establecidos.
RODAS DENUNCIA A SUBCOTRALOR
De manera previa a conocer sobre la denuncia, Rodas indicó de manera pública que accionó legalmente en contra del subcontralor, Carlos Emilio Morales Cancino.
El exfuncionario aseguró que Morales Cancino habría presionado al personal de la CGC para que pusieran la denuncia en su contra.
Asimismo, dijo que valora la resistencia de los trabajadores de la CGC, “al evitar ser sujetos de manipulación política, ya que no encuentran fundamentos sólidos para actuar en mi contra”.
Además, señaló que en el artículo 156 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que ningún funcionario está obligado a acatar órdenes ilegales.
La Hora buscó la opinión del extitular de la PDH para saber si ya tenía conocimiento de la denuncia en su contra, pero no respondió a los mensajes de texto.
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