Por Eder Juárez
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Luego que el Congreso de la República aprobara de forma sorpresiva las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), a consideración de abogados consultados la normativa es inconstitucional.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala, dijo que esta es una iniciativa que surgió en 2017 en conjunto con las reformas al Código Penal que después fueron derogadas por la presión de las manifestaciones ciudadanas, “la iniciativa busca control social en su espíritu, es un tema grave para el país porque va en contra de las libertades democráticas que se han establecido”.
Samayoa indicó que la mayor parte de la norma es inconstitucional y tendrá que ser llevada a la Corte de Constitucionalidad, “esperaría que el Presidente de la República se dé cuenta de lo grave que es esto y pueda vetarla de lo contrario iríamos a las Cortes, que mal que otra vez todos los actos de poder tengamos que estarlos llevando a Cortes para frenar todas estas imprudencias, ya parecía que lo íbamos a dejar de lado con el Gobierno nefasto que tuvimos anteriormente pero parece que estamos en lo mismo”, señaló.
Agregó que la forma en que apareció y que fue incorporada ayer la iniciativa a pesar de la advertencia de algunos diputados y diputadas para que fuera discutido de mejor manera, también levanta una sospecha, incluso que se declarara sesión permanente para asegurar la aprobación de la redacción final.
De acuerdo con Samayoa, las ONG ya están reguladas, son fiscalizables y rinden cuentas, asegurando que con la nueva normativa lo que han creado son más procedimientos burocráticos y de control, manifestó el abogado.
Añade que las ONG podrían ser canceladas si las autoridades considera que van en contra del orden público, “qué es el orden público que no está definido en nuestro país, pero se entiende todo aquello que pueda alterar la paz y cuando hablamos de esto es manifestaciones, porque si lo dejamos a ese criterio se ha abierto a la prohibición o quién esté de turno en el Gobierno pueda decir que es una manifestación y pueda vetar la posibilidad de la misma”, dijo Samayoa.
ORTÍZ: HUBO UN PACTO ESPURIO
Mientras que Edgar Ortíz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, indicó que es una decepción la forma en que se aprobó la iniciativa, porque no estaba en la agenda y no se negoció en jefes de bloque, sino que se aprobó con una moción privilegiada lo cual ya levanta sospechas, “si es un tema importante, uno hubiera esperado un debate en el parlamento y no hubo, si no que hubo un pacto espurio para aprobar una ley negociada fuera de los salones del Congreso”, manifestó.
Agrega que de fondo la Ley tiene muchos problemas y “sinceramente cuando uno ve esta Ley lo que le recuerda son leyes anti ONG que aprobaron en su momento Venezuela con Hugo Chávez o Ecuador con Rafael Corea, dos anti demócratas natos, es una Ley que le da mucho poder arbitrario al Gobierno para atacar o cerrar ONG que no sean de su gusto y eso es lo preocupante, obviamente esto es inconstitucional”.
Añade que el principio de una asociación descansa en el Derecho Humano a asociarse con libertad y “lo que vemos en esta Ley es qué hay artículos que le dan tal poder al Estado de destruir a fundación y organizaciones que al final vulnera y deja sin garantías el derecho de libre asociación que reconoce tanto la Constitución como la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo.
Ortíz añadió que los derechos se pueden limitar, ningún derecho es absoluto, pero hay un principio de proporcionalidad que lo que establece que se pueden limitar siempre y cuando sea proporcional, eso significa que la limitación a los derechos tiene que ser necesaria para una sociedad democrática idónea para el fin que se desea alcanzar. “Entonces una Ley que le permita al Estado cerrar ONG que según ellos no cumple sus fines, no es una medida para una democracia sino es una medida muy drástica y violatoria se derechos en una democracia, y por supuesto no es idóneo”, manifestó el abogado.
Ayer diputados de Unionistas, Prosperidad Ciudadana, Viva, Todos, FCN, Valor, UCN, Vamos, Humanistas, Podemos Pan y algunos de Victoria, así como la UNE se unieron para aprobar la normativa que modifica la Ley de Organizaciones no Gubernamentales.
