Por Eder Juárez
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Tras informarse del acuerdo “amistoso” que el Ministerio de Gobernación por medio de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) suscribió con la empresa Mayoreo de Computación (Maycom), analistas consultados dudan de la legalidad que tendría dicho acuerdo.
Marvin Flores, de Acción Ciudadana, dijo que inicialmente se tiene dudas de la certeza jurídica de ese acuerdo, porque toda vez el contrato haya vencido y ya no sea posible dar una prórroga, estos acuerdos aleatorios en ningún lado por lo menos en la Ley de Contrataciones del Estado se contemplan.
“De entrada tendríamos dudas en el tema de la validez del acuerdo. Nosotros entendemos que hubo un juzgado que amparó a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), para que la emisión de licencias de conducir no se suspenda, yo creería que aquí más procede que la empresa y el directorio acaten el amparo que se le dio a la PDH y no un acuerdo amistoso, de hecho, creo que la PNC está diciendo que es un acuerdo amistoso para parecer públicamente que han sido ellos los que han resuelto el problema y no que fue por el amparo otorgado al PDH”, manifestó Flores.
A consideración del analista, el documento que suscribió la empresa con la PNC, no tiene mayor validez jurídica y lo que procede es acatar el amparo dado a la PDH. Además, indicó que las autoridades de Gobernación deben de hacer una nueva licitación y subirla lo más antes posible para que se inicie un nuevo proceso de licitación.
EL ESTADO TIENE REGLAS PARA COMPRAR SERVICIOS
Por su lado, la extitular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Karin Slowing, dijo que lo primero que habría que hacer es entender el contenido del acuerdo, de qué se trata, si es una prórroga mientras se saca un nuevo proceso de licitación, o qué acordaron.
“Hasta donde yo conozco si se cae una licitación se cayó, se debe de empezar de nuevo, no hay un acuerdo, eso lo hacen las empresas, pero no un privado y el Estado, el Estado tiene reglas para comprar servicios, a menos que el acuerdo implique un acuerdo mínimamente ministerial, o sino gubernativo para hacer una última prórroga además no sé si la Ley lo permite”, indicó Slowing.
De acuerdo con la extitular de Segeplan, es bueno que se haga una prórroga antes de hacer una licitación, porque el usuario no puede salir afectado y sería incumplimiento al amparo otorgado a la PDH. “Pero simplemente continuar prestando el servicio baja un acuerdo entre partes, eso no es un proceso que esté en la Ley de Compras, puede ser un asunto temporal y sobre todo respaldado por la orden judicial”.
Además, indicó que hay un manejo político de parte del Ministerio de Gobernación de querer quitarle la relevancia a la acción de amparo interpuesta por el PDH.
SEGÚN GARCÍA, RESOLUCIÓN ESTÁ APEGADA A DERECHO
Ante los cuestionamientos, fue consultado el jefe del Departamento de Tránsito de la PNC, Ramiro García Chamán, quien dijo que en primera instancia es una resolución apegada a derecho, haciendo valer los acuerdos suscritos anteriormente, “se le notificó a Maycom para que continúe prestando el servicio según las cláusulas de los contratos ampliatorios y modificatorios suscritos”, argumentó.
Además, García Chamán indicó que hay una cláusula que literalmente dice que mientras no haya una empresa adjudicada, Maycom se compromete a seguir prestando el servicio. Al cuestionarle qué tipo de acuerdo hacen y si esto podría ser una prórroga al contrato con Maycom, el Jefe del Departamento que lo que se hizo fue notificar a la empresa de un amparo provisional en el sentido de que se garantice el servicio.
“Lo primero que tenemos que tener claro es que se garantiza el servicio, que es un servicio esencial. La otra parte no la he podido ver, porque es la autoridad superior que está viendo eso, pero de entrada esa es la solución que se dio” manifestó el funcionario.
