Por Eder Juárez
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Continúan las críticas al Congreso de la República por la aprobación de las reformas al Código Procesal Penal, Ley de Aceptación de Cargos. Analistas consultados aseguran que dicha normativa es un incentivo que generaría impunidad.
Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, indicó que el problema de la Aceptación de Cargos es que los diputados en las enmiendas le quitaron todo el sentido a la Ley, introducen un catálogo de delitos para los que supuestamente no cabe la aceptación de cargos, pero convenientemente meten un montón de delitos graves, todos los delitos que los políticos más temen como el cohecho, el peculado y contra la administración pública.
Ortiz explicó que la propuesta original decía que si se aceptaban los cargos esa rebaja de la pena no era conmutable, es decir que si se le rebajaba la pena de 8 a 4 años no había forma de que se convirtieran esos cuatro años en multa.
Sin embargo, con la enmienda que hicieron a última hora, una persona que enfrente una acusación criminal, cuyos delitos sumen 10 años de prisión y esa persona en su primera declaración acepta la culpa se le rebaja la pena a 5 años de prisión y la Ley dice que puede convertirse en una multa, entonces una persona que pudo ir 10 años de prisión no pondría un solo día un pie en la cárcel, “lo cual es injusto porque hay delitos graves que no deberían ser perdonados de esa forma”, manifestó.
“La sospecha que uno tiene es que esa reforma se hizo justamente para garantizar impunidad a varios diputados, porque muchos de ellos ven como una oportunidad esa aceptación de cargos para no poner nunca un pie en prisión”, dijo Ortiz.
Asimismo, indicó que hay una duda que sí se dieron a tiempo o no las enmiendas a los diputados, “se dicen que fueron exprés las enmiendas y no las leyeron, entonces de comprobarse esa duda, hay un vicio interno del proceso de aprobación de la Ley, que estaría sujeto a una acción de amparo que justamente podría votar ese proceso legislativo, tomando en cuenta que no se le dieron las enmiendas a tiempo a los diputados”, manifestó.
GENERARÁ UN INCENTIVO PERVERSO
Por su lado, Lorena Escobar de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que no ha terminado el proceso de formación de la Ley porque todavía está la posibilidad del veto, y también es posible que por alguna característica que se dio dentro del proceso de formación en el Congreso sea impugnable, la Ley está sujeta a muchas eventualidades jurídicas legales.
Además, Escobar indicó que si llegara a tomar vigencia se estima que va a generar un incentivo perverso, en cuanto a que va a quedar en desuso la figura del colaborador eficaz. Porque quien acepta los cargos no asume un compromiso de dar información con respecto de quienes más participaron en el crimen, eso lo que permite es evitar que puedan continuarse dando investigaciones en torno al mismo hecho delictivo, indicó la analista.
“Con esto la persona que acepte los hechos la persona se asegura no ser sujeto de ningún reproche de terceros”, manifestó.
Escobar afirmó que otra de las cosas que se señalaron desde la propuesta es el peligro que hay contra ciertos principios constitucionales en especial sobre la presunción de inocencia, no declarar en contra de sí mismo o de parientes que podría ser vulnerado. “Esto debilita los avances que se han tenido en las herramientas que se tienen para la investigación y persecución penal”, puntualizó.
