Por Eder Juárez
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Luego que la fiscal general, María Consuelo Porras, decidiera retirar la seguridad asignada a la ex fiscal general, Thelma Aldana y a la ex secretaria General, Mayra Veliz, Rottman Pérez, exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), recordó que desde 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a Aldana y a su familia, lo que obliga al Estado a garantizarle su resguardo.
Pérez dijo que, con esta acción, Consuelo Porras deja de lado una decisión de la CIDH que encomendó medidas cautelares a favor de Aldana.
De acuerdo con resolución de medida cautelar 497-16 el 12 de julio de 2016 “el Estado aportó un informe señalando que comparte los criterios manifestados por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), manifestando por este medio su acuerdo en que la CIDH otorgue medidas cautelares a Thelma Aldana. Principalmente el Estado reconoce el contexto en el cual se enmarca la solicitud de medidas cautelares”, dice ese documento.
En consecuencia, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala que, “adopte medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de la señora Thelma Aldana y su núcleo familiar”.
Según Pérez, hay varias razones por las cuales se le otorgó seguridad a Aldana, entre ellas, los riesgos que implica el haber enfrentado una serie de organizaciones criminales de diferente naturaleza, estructuras criminales asociadas a la corrupción, la impunidad, a la narcoactividad, y las extorsiones entre otras.
“Por ello la CIDH hace esa valoración y dice que deben existir mecanismos por parte del Estado, la seguridad la integridad y la vida de Thelma Aldana y de su núcleo familiar, hay que recordar que cuando estas estructuras criminales buscan hacer daño, buscan también al núcleo familiar” señaló Pérez.
DEBE CONSIDERARSE LA SEGURIDAD
Entre tanto, Carmen Rosa de León Escribano de Iepades, dijo que en general la seguridad de los fiscales debe ser considera por el tipo de casos que trabaja el MP y que se siguen desarrollando, “esto podría afectar mientras están en el cargo deberían de tener seguridad, pero al dejarlo –el cargo- sería razonable que por algún tiempo tuviera seguridad dada la posibilidad de venganzas posteriores”.
Además, agregó que esto pone en peligro a los fiscales que han combatido el crimen organizado y han impulsado casos de alto impacto.
Según De León Escribano, el mantener seguridad es bastante costoso, pero lo primordial y urgente es tener el cuidado mientras se está en el cargo y que es algo que ni siquiera se tiene y “eso sí afecta el desempeño del fiscal que se siente desprotegido y cada vez llegan casos que pueden ser peligroso por el tipo de gente que está implicada, eso sí afecta psicológicamente y en el desempeño del fiscal” dijo.
Se buscó obtener la opinión de algún analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), sin embargo, no respondieron a las llamadas realizadas.
