Por Eder Juárez
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Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (Udefegua), dijo que en Guatemala lo que hay es un retroceso en materia de Derechos Humanos, luego que el Gobierno de Guatemala no enviara a algún representante a la audiencia realizada esta semana en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Se lee como lo que nosotros hemos estado denominando un golpe de Estado en cámara lenta, porque se está en la fase de decir, nosotros (Gobierno) seguimos adelante, estamos quitando derechos, quitando libertades y violando leyes, incumpliendo el Estado de Derecho y no nos importa lo que digan de nosotros, por eso una de las comisionadas dijo que tenía dudas que si a Guatemala se le podría considerar todavía como una democracia”, indicó Samayoa.
Según la activista de derechos humanos, el hecho de que el Gobierno no haya enviado algún representante a la audiencia es parte de una tendencia, ya que Trinidad y Tobago, Nicaragua y Venezuela tampoco enviaron a sus representantes, y en algunas audiencias Ecuador tampoco se presentó.
“Esto realmente es un mensaje de dos cosas, por un lado aislamiento y por el otro la intención de quebrar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por un lado los Gobiernos dicen: qué me importa lo que piensen de mi afuera, y por el otro un esfuerzo conjunto en el que ha sido parte Guatemala de querer evitar o destruir las supervisiones de Derechos Humanos, lo cual es lamentable para un continente que sobrevivió dictaduras militares, golpes de Estado, genocidios y terrorismo de Estado”, señaló la activista.
Guatemala presentó una carta en la que señala que para el Gobierno es inaceptable que se discutiera la situación interna de Guatemala en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además volvió a alegar que para ellos la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un intervencionismo.
“Realmente no se excusaron, sino fue una denuncia y afirmación de una visión que oímos decir al Presidente en la Asamblea General de la ONU”, dijo Samayoa.
Se le llamó a Jorge Luis Borrayo, presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), sin embargo, no respondió a las llamadas a su teléfono celular.
Asimismo se le consultó a Stuardo Ralón, electo como comisionado de la CIDH, sin embargo, dijo que no podía emitir opinión del porqué el Gobierno no envió a alguna delegación a la audiencia de independencia judicial en la CIDH.
“Por ser ya Comisionado electo de la CIDH, me aplica el reglamento de dicha comisión. Ese reglamento establece que un comisionado no debe conocer o resolver aspectos del Estado del cual es nacional. Razón por la cual no emitiré comentario sobre ese aspecto, ya que así está reglamentado”, afirmó Ralón.
