La iniciativa de ley 6384, que busca prevenir y sancionar la trata de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Penitenciario (SP), recibió dictamen favorable de la comisión de Gobernación del Congreso de la República, según confirmaron legisladores este 24 de octubre.
La propuesta fue presentada por la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, y diputados, cuya finalidad es imponer fuertes sanciones a todos aquellos agentes del Sistema Penitenciario que se presten a ingresar a menores de edad en los penales.
Julio Marroquín, presidente de la comisión, dijo que los integrantes de la instancia se unieron «al esfuerzo de contrarrestar que los menores sean prostituidos en las cárceles, donde se considera es un mundo sin ley».
«Presentamos el dictamen para que la iniciativa siga su camino en el pleno del Congreso de la República. Se espera que los legisladores puedan tomar consciencia de la necesidad de esta iniciativa para proteger a los menores de edad, y puedan aprobarla en el menor tiempo», dijo Marroquín.
La misma la entregó la vicegobernante, quien acudió al organismo Legislativo, ya que es una de las impulsoras del proyecto de ley.
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Herrera expresó que en Guatemala «nos interesa la protección de la niñez, que es nuestro mayor tesoro. Debemos actuar. Este dictamen es una respuesta concreta a la demanda de niñas y niños que han sido víctimas de explotación sexual en los centros de privación de libertad».
Según Herrera, «la presentación del dictamen es el fruto de un trabajo en conjunto con el Congreso y el Ejecutivo, cuyos objetivos son nobles».
El proyecto de ley deberá ser presentado ante el pleno del Legislativo, donde los parlamentarios deberán determinar si lo aprueban por la vía ordinaria o de urgencia nacional.
¿QUÉ PENAS CONTEMPLA EL PROYECTO DE LEY?
El proyecto establece penas de seis a doce años de prisión y multa para quien cometa el delito de ingreso ilegal de niñas, niños y adolescentes a los centros de privación de libertad.
Además, incluye que se deberá generar un trabajo interinstitucional entre el Sistema Penitenciario, Registro Nacional de las Personas y Procuraduría General de la Nación, entre otras instituciones.
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