La Corte de Constitucionalidad (CC) ha dejado en firme que el Ministerio Público (MP) debe emprender una investigación en contra de los dirigentes sindicales que mantuvieron una suspensión de clases en numerosos centros educativos de todo el país durante cerca de dos meses en 2025, pese a las resoluciones judiciales que ordenaban lo contrario.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), el abogado del Estado, compartió lo resuelto por la alta corte, donde se certifica lo conducente al MP en contra del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), a cargo del líder Joviel Acevedo.
Esto también aplica a dirigentes seccionales y subseccionales del STEG, derivado del incumplimiento de una orden judicial que prohibía la suspensión indebida de clases, que en el punto más álgido de la huelga magisterial afectó al 16% de todas las escuelas del país, cerca de 5 mil 700 establecimientos.
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El paro sindical inició el 19 de mayo y para el 24 de junio, cuando ya había sido instalado un campamento frente al Palacio Nacional, el Juzgado Quinto de Trabajo del departamento de Guatemala ordenó cesar la convocatoria a una asamblea permanente, misma que atañó al derecho a la educación hasta el 5 de agosto.
El no acatar la orden judicial también les valió una multa de hasta Q4 mil a cada uno de los integrantes, misma que será pagada al tribunal constitucional, según se explica en la nota «Corte de Constitucionalidad será la encargada de recibir pagos de sanciones contra dirigentes del STEG», multa que asciende a Q3 millones 488 mil aproximadamente.
#ComunicadoPGN| La CC confirma certificación de lo conducente al Ministerio Público en contra del STEG. 👇🏼📑 pic.twitter.com/ThYS6lSJpY
— PGN Guatemala (@PGNguatemala) 13 de marzo de 2026
La denuncia fue solicitada por la PGN, a quienes se les notificó de la resolución de la CC el pasado jueves 12, y fue en el documento legal, de acuerdo a lo que explicó la entidad a La Hora, donde se certificó lo conducente por desobediencia.
La Hora buscó conocer si ya el ente investigador contaba con un caso abierto en contra de los directivos del STEG, aunque al cierre de esta nota la información no había sido compartida.
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