Este viernes, María Consuelo Porras Argueta formalizó su candidatura ante la Universidad de San Carlos (Usac) para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC). Su movimiento es interpretado por analistas consultados por La Hora no solo como una aspiración profesional, sino como una jugada estratégica para asegurar inmunidad por cinco años en el órgano más influyente del sistema de justicia guatemalteco.
La actual Fiscal General entregó su expediente al Consejo Superior Universitario (CSU) aspirando a la magistratura titular, aunque dejó abierta la posibilidad de una suplencia. Lo hace en un contexto de fuertes cuestionamientos: más de 42 países la han sancionado por actuaciones consideradas antidemocráticas, vinculadas a la persecución de operadores de justicia y periodistas que investigaron redes de corrupción.
Consuelo Porras busca ser magistrada titular o suplente de la CC por la Usac
¿QUÉ GANARÍA PORRAS EN LA CC?
Acceder a la Corte —periodo 2026-2031— implica gozar del derecho de antejuicio. Este mecanismo impide que un alto funcionario sea investigado o procesado penalmente sin que un órgano competente autorice previamente el retiro de dicha protección. Aunque no equivale a una impunidad automática, eleva drásticamente el costo político y jurídico de cualquier proceso legal.
El abogado Pablo Hurtado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), señala que la magistratura otorga un blindaje institucional que obligaría a resolver cualquier denuncia mediante un trámite administrativo previo, a menudo largo y politizado. Más allá de la protección, Hurtado subraya que la CC tiene «la última palabra» en conflictos de Estado, otorgando a cada magistrado un poder de decisión con efectos jurídicos de gran calado.
Según el análisis, el blindaje institucional podría dificultar la exigencia de responsabilidades penales derivadas de su gestión al frente del MP. La Corte revisa leyes, controla actos del Ejecutivo, del Congreso y del Organismo Judicial y tiene, en los hechos, “la última palabra” —según Hurtado— en conflictos constitucionales. Cada magistrado aporta un voto que puede inclinar decisiones con efectos políticos y jurídicos de gran calado.
LA APUESTA POR LA USAC
Porras justificó su elección de la vía universitaria citando su trayectoria de 25 años como egresada y docente. Descartó conflictos de interés, pese a las denuncias relacionadas con la controvertida elección de rector en 2022, que llevó a Walter Mazariegos al cargo en medio de señalamientos de Estados Unidos sobre la legitimidad del proceso y una sanción.
El politólogo Renzo Rosal sostiene que su decisión también responde a una lectura pragmática del tablero político porque la Usac se ha convertido en la «puerta de entrada» para actores cercanos al poder que buscan preservar su influencia ante el vencimiento de sus actuales mandatos. Leyla Lemus, actual magistrada de la CC, también busca su reelección por medio de la Usac.
Rosal advierte que la candidatura de la Fiscal General se enmarca en una disputa estratégica por resguardar agendas e intereses particulares. Asimismo, prevé que la competencia por los dos escaños que designará la Usac será intensa, lo que podría derivar en intentos de judicialización o bloqueos si los resultados no favorecen a ciertos grupos de poder.
“En la medida en que se estén reduciendo los espacios como el CANG —Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala—, la gran apuesta de varios actores, incluidos, creo yo, la fiscal, es que sea el Consejo Superior Universitario en la Usac quien los termine promoviendo. Ese termina siendo la gran vía”, explicó.
Rosal subrayó que la candidatura de Porras no puede leerse solo como vocación jurídica, sino como parte de una disputa de poder en la que la CC opera como un espacio estratégico para resguardar intereses.
“Ese es un objetivo importante que buscan estos mismos actores. Buscan en todo caso ser elegidos a la CC para tener inmunidad. Se trata de un tema de poder, de influencia, se trata también de salvaguardar agenda de intereses muy particulares”, señaló el analista.
Asimismo, advirtió que la competencia por los dos espacios que designará la Usac —magistrado titular y suplente— será intensa. Existe el riesgo de que quienes queden fuera de la selección intenten judicializar o bloquear el proceso, lo que añadiría mayor incertidumbre a la renovación del tribunal, agregó.
Según el análisis, pese a que Porras fundamenta su postulación en principios de “transparencia, honorabilidad y profesionalismo”, su gestión al frente del Ministerio Público (MP) ha provocado un marcado descrédito internacional. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han emitido sanciones en su contra tras lo que calificaron como un intento de golpe de Estado promovido desde la Fiscalía para impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en enero de 2024.
