Abelina Cruz Toscano volvió al centro del debate judicial al ordenar que María Marta Patricia Castañeda Torres —pareja de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el “Lobo”, máximo líder del Barrio 18— abandonara el área de aislamiento del centro preventivo Mariscal Zavala y fuera reubicada en el sector de mujeres privadas de libertad, junto al resto de la población reclusa, bajo el argumento de resguardar sus derechos humanos.
El aislamiento de Castañeda Torres fue ordenado luego de que el 18 de enero iniciara una violenta ofensiva del Barrio 18 que dejó 10 policías muertos y al menos ocho heridos, y que incluyó la toma simultánea de tres centros penitenciarios con decenas de rehenes. La escalada llevó al Gobierno de Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio por 30 días en todo el país, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
El Gobierno ha decidido no acatar, por ahora, la resolución de la jueza Cruz alegando que compromete la seguridad nacional en un contexto aún marcado por la reciente escalada de violencia. El 30 de enero, Presidios llevó el conflicto al terreno constitucional e interpuso un amparo para intentar frenar la orden judicial.
Jueza Abelina Cruz ordena sacar del aislamiento a pareja del “Lobo”; Gobierno se resiste
Más allá del caso concreto, la decisión reavivó cuestionamientos de larga data sobre una jueza cuya trayectoria está marcada por resoluciones favorables a políticos, empresarios y procesados vinculados a casos de corrupción y criminalidad organizada.
La controversia no es nueva. Antes de este fallo, Cruz ya era una de las togadas más discutidas del Organismo Judicial: su nombre aparece de forma recurrente en expedientes sensibles y sus decisiones han beneficiado a un amplio abanico de figuras de poder. La insistencia de distintas defensas por llevar casos a su juzgado, así como el patrón de sus resoluciones, han alimentado la percepción de que su despacho funciona como una vía de alivio procesal para actores de alto perfil.
DECENAS DE BENEFICIADOS
Cruz ocupa desde enero de 2023 el Juzgado de Mayor Riesgo D. Sus resoluciones han marcado la agenda judicial por beneficiar a actores vinculados a casos de corrupción investigados por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Las resoluciones de Cruz han favorecido a un amplio abanico de perfiles que durante años han sido señalados por casos de corrupción de alto impacto.
En su juzgado se cerró el proceso contra el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, además de anular órdenes de captura contra sus hermanos Luis Rodrigo y Álvaro Sinibaldi. También cerró expedientes que involucraban al excandidato presidencial Manuel Baldizón, al exdiputado Estuardo Galdámez, al expresidente del IGSS Juan de Dios Rodríguez, al ex presidenciable Luis Fernando Pérez, así como al exdiputado Roberto Kestler y a Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina.
El listado incluye igualmente a Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, y a su esposa Beatriz Jansa Bianchi, así como a varios empresarios y particulares cuyos casos fueron cerrados.
Otras decisiones han ido en la misma línea de alivio procesal. A José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, Cruz le rebajó la imputación a un delito menor y acabó imponiéndole una condena mínima. Al empresario Carlos Batres Gil le anuló un envío a juicio y posteriormente le cerró el mismo caso.
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Incluso estructuras criminales, como Los Ventura, vieron reclasificados sus delitos a figuras penales de menor gravedad. Jueces, exalcaldes y operadores de justicia, entre ellos Julio César Vásquez Xol y José Manuel Méndez, también se beneficiaron de resoluciones que suavizaron o eliminaron completamente las acusaciones. En conjunto, estas decisiones han alimentado la percepción de que el despacho de Cruz ha funcionado como una vía de escape para actores vinculados a redes político-económicas tradicionales.
Los expedientes que Cruz ha dirigido no son menores: su juzgado es uno de los epicentros de las causas más sensibles del país. Sus fallos han permitido el retorno a la vida pública de políticos acusados de esquemas millonarios de corrupción. Las críticas provienen tanto de organizaciones de derechos humanos como de antiguos operadores de justicia hoy exiliados.
Cruz rechaza cualquier cuestionamiento. “Mis resoluciones hablan por mí”, dijo en una entrevista concedida a La Hora en agosto de 2024. “Si alguien quiere saber por qué fallé así, que lea mi resolución”. Lo dijo desde su despacho en el piso 14 de la Torre de Tribunales, mientras aseguró que toda su actuación está “apegada a derecho”.
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Cruz inició su carrera en 2002 como pasante en un Juzgado de Familia. Ascendió a comisaria, luego a notificadora y oficial en el Consejo de la Carrera Judicial. Obtuvo una judicatura de paz en 2011 y, tras pasar por la Escuela de Primera Instancia, se convirtió en jueza suplente de Mayor Riesgo. Su ascenso continuó con la titularidad del Tribunal de Mayor Riesgo E, hasta llegar al Juzgado de Mayor Riesgo D en 2023.
Su nombre irrumpió en las portadas en 2018, cuando otorgó arresto domiciliario a la magistrada Blanca Stalling —acusada de tráfico de influencias— en una audiencia sin acceso a la prensa. La medida, que permitió su retorno temporal a la Corte Suprema, marcó el inicio de una cadena de fallos que la han colocado en el centro de la tormenta.
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La decisión de Cruz sobre Castañeda Torres se inscribe en un momento particularmente delicado para el sistema de seguridad y justicia. Se produce mientras el Gobierno enfrenta una crisis de violencia sin precedentes recientes y mantiene diferencias abiertas con el Sistema Penitenciario sobre el manejo de reclusos de alto perfil. En ese contexto, las resoluciones de la jueza continúan proyectando su figura como un actor central en los casos de mayor sensibilidad política y penal del país.
