El bloque dominante de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habría alcanzado un acuerdo para elegir a Luis Mauricio Corado Campos como presidente del Organismo Judicial, tras más de tres meses de estancamiento institucional y en la antesala de dos procesos clave para el futuro del sistema de justicia en Guatemala en los que el presidente de esa Corte incide: la elección del próximo fiscal general y la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Según fuentes cercanas al pleno, el consenso se habría cerrado en las últimas horas, luego de que otras opciones quedaran descartadas por falta de respaldo. El punto figura en la agenda de la sesión convocada para este miércoles 21 de enero, a las 14.00 horas, a la que están citados los 13 magistrados que integran la Corte Suprema. De concretarse la votación, Corado Campos asumiría la presidencia para lo que resta del periodo, en sustitución del prolongado interinato de Carlos Lucero.
El nombre de Corado Campos no es nuevo en las conversaciones internas de la Corte. Desde el inicio del entrampamiento, su figura —junto con la de la magistrada Claudia Paredes, también integrante del bloque dominante— apareció como una de las cartas con mayor peso. Ambos han sido señalados por Washington con el retiro de la visa estadounidense, una sanción que ha alcanzado a varios operadores clave del sistema judicial guatemalteco por acciones antidemocráticas y corruptas.
Otro magistrado que llegó a mencionarse fue Igmain Galicia, identificado con el bloque disidente, pero su candidatura nunca logró despegar. La eventual elección de Corado Campos se produce en un momento clave. En mayo de 2026 está prevista la designación del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, cargo que quedará vacante tras la culminación del segundo mandato de Consuelo Porras.
ROL CLAVE EN ELECCIONES
Quien presida la Corte Suprema no solo dirigirá el tercer poder del Estado, sino que encabezará la comisión de postulación encargada de seleccionar a los seis candidatos finales, de entre los cuales el presidente Bernardo Arévalo deberá elegir al sucesor de Porras.
Además, el presidente del Organismo Judicial tendrá un rol decisivo en otro proceso estratégico: la designación de dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad —un titular y un suplente— que corresponde a la CSJ. Entre enero y abril, será quien convoque y dirija las sesiones en las que la Corte Suprema escogerá a sus representantes ante el máximo tribunal constitucional, una instancia clave en la resolución de conflictos políticos y judiciales de alto impacto.
El eventual acuerdo contrasta con la parálisis que ha marcado los últimos meses. Desde octubre, la CSJ ha fracasado en al menos 10 intentos por elegir a su presidente. Las sesiones extraordinarias, convocadas casi siempre después de las dos de la tarde, se han caracterizado por su brevedad y por un silencio que se repite: nadie se postula, nadie vota y el pleno se levanta sin avances. Esa dinámica ha dejado a Lucero como presidente en funciones durante más de tres meses, una situación que ha generado preocupaciones dentro y fuera del Organismo Judicial.
Una semana atrás, consultado por La Hora sobre las versiones que lo señalaban como aspirante a la presidencia de la Corte Suprema para el actual periodo, el magistrado Corado Campos eludió confirmar cualquier intención. “Los intereses son legítimos de todos, nadie ahorita ha manifestado interés”, se limitó a responder, sin aclarar sobre sus movimientos como candidato para destrabar el proceso que mantiene entrampada la elección.
En la Corte Suprema, el llamado bloque dominante alude a un grupo de magistrados que actúa de forma coordinada y que concentra la mayoría de los votos necesarios para imponer decisiones en el pleno. Se trata de una alianza informal que ha permitido controlar la agenda interna de la Corte, influir en la elección de autoridades y en los procesos de nombramiento, traslado y ascenso de jueces.
LLEGADA A LA SUPREMA
Corado Campos llegó al cargo con un respaldo político transversal por diputados en el Congreso, donde obtuvo votos de tres bancadas clave: Vamos del expresidente Alejandro Giammattei le dio 39 votos, Cabal del congresista Luis Aguirre 17 y la UNE de la expresidenciable Sandra Torres 26 votos. Ese apoyo fue determinante para su elección como magistrado en octubre de 2024.
Antes de su llegada a la CSJ, presidió la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, desde donde avaló resoluciones que generaron fuertes controversias. Entre ellas destaca el fallo del 7 de octubre de 2023, cuando la Sala anuló una decisión del Juzgado de Mayor Riesgo B y ordenó dictar falta de mérito a favor de Roberto Andony Galdámez Pineda y José Armando Granados Gallardo, acusados del secuestro y desaparición del cantante zacapaneco Zoel Cruz.
Desde esa misma Sala se ordenó también la liberación del expresidente del Congreso, Luis Rabbé, a quien se le concedió una medida sustitutiva que incluyó arresto domiciliario y una caución económica de apenas cinco mil quetzales.
El nombre del magistrado también arrastra un flanco familiar que ha generado cuestionamientos. Su hijo, Luis Mauricio Corado Cerón, figuró como uno de los abogados defensores en una audiencia clave del caso por el asesinato de la joven Melisa Palacios, en Zacapa, en 2021, cuando el proceso dio un giro decisivo tras la recalificación del delito a una figura penal menos grave, en un contexto marcado por señalamientos de que la defensa habría sobornado al juez que conocía el expediente. Aunque Corado Cerón ha sostenido que su intervención fue limitada y circunstancial.
A ello se suma la incidencia que dos investigaciones periodísticas de este medio han atribuido a Corado Campos en el sistema de nombramientos y traslados judiciales. Desde su llegada a la Corte Suprema, el magistrado ha sido señalado por promover jueces afines en plazas estratégicas, especialmente en el oriente del país y en despachos clave de la capital. Uno de esos jueces fue, precisamente, quien conoció la audiencia en la que participó su hijo.
