La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene silencio tras el llamado del presidente Bernardo Arévalo para destituir al juez penal Fredy Orellana, a quien señaló de atentar contra el orden constitucional y la democracia mediante resoluciones judiciales que, según el mandatario, constituyen una amenaza directa al Estado de derecho.
El pronunciamiento del presidente se produjo el pasado 25 de octubre, en un mensaje transmitido en cadena nacional, en el que denunció un nuevo intento de golpe de Estado, presuntamente impulsado por la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, y el juez Orellana. “Su conducta constituye una violación al orden constitucional y una amenaza directa a la democracia. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, conforme a la ley, proceda a su inmediata destitución”, expresó Arévalo.
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Desde entonces, la máxima instancia del Organismo Judicial no ha emitido postura pública ni comunicado oficial sobre las declaraciones del presidente. Consultado por La Hora, el secretario de Comunicación Social de la CSJ, Moisés Jerez, no respondió a las preguntas remitidas sobre si el pleno de magistrados abordará el tema en su próxima sesión ordinaria o si se convocará a un pleno extraordinario.
La consulta enviada a la CSJ fue puntual: “¿Qué harán respecto al llamado del presidente de la República, Bernardo Arévalo, a la Corte Suprema de Justicia para destituir de inmediato al juez Fredy Orellana? ¿Conocerá del asunto en el pleno del próximo miércoles, o contemplará un pleno extraordinario? ¿Cuál es el proceso para una destitución? ¿La CSJ pediría a la Junta de Disciplina Judicial que inicie un proceso?”. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
CORTE SIN PRESIDENTE TITULAR
El silencio institucional coincide con un momento de estancamiento dentro de la propia Corte Suprema. Desde el pasado 12 de octubre, fecha en la que venció el periodo de gestión del expresidente Teodulo Cifuentes Maldonado, los 13 magistrados que integran la CSJ no han logrado consensuar la elección de un nuevo presidente.
Ante la falta de acuerdos, el magistrado Carlos Lucero funge como presidente interino, limitado en sus atribuciones. Bajo su liderazgo temporal, la CSJ no ha abordado públicamente temas de alto impacto político o institucional. El máximo tribunal de justicia del país enfrenta su propio desgaste interno, marcado por divisiones entre los magistrados del bloque dominante y el bloque disidente.
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QUÉ DICE LA LEY DE LA DESTITUCIÓN DE UN JUEZ
La petición de Arévalo no tiene precedentes recientes. Según la Ley de la Carrera Judicial, la destitución de un juez no puede ser ejecutada directamente por el presidente de la República ni por el Ejecutivo, sino únicamente por la Corte Suprema de Justicia, y solo después de una recomendación formal de la Junta de Disciplina Judicial.
El artículo 47 de esa ley establece: “Las sanciones disciplinarias previstas en la presente ley las impondrán las juntas de disciplina judicial, salvo el caso de la destitución, la cual deberá ser impuesta por la Corte Suprema de Justicia o el Congreso de la República, según se trate de un juez o un magistrado, por recomendación de la Junta de Disciplina Judicial”.
El procedimiento disciplinario se inicia con una denuncia o queja, que puede ser planteada por cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una falta cometida por un juez o magistrado. Estas denuncias deben presentarse ante la Junta de Disciplina Judicial, el Consejo de la Carrera Judicial o ante cualquier autoridad judicial, según los artículos 48 y 49 de la misma normativa.
En ese marco, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia fue consultada para conocer si el Ejecutivo o alguno de sus funcionarios tiene previsto presentar una denuncia formal ante los órganos judiciales competentes para iniciar el proceso disciplinario contra Orellana. Al cierre de esta nota, tampoco se obtuvo respuesta.
FALTAS Y SANCIONES QUE CONTEMPLA
La Ley de la Carrera Judicial clasifica las faltas en tres niveles: leves, graves y gravísimas. Entre las faltas graves y gravísimas se incluyen conductas como interferir en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado, influir en decisiones de jueces de grado inferior o aceptar favores y dádivas a cambio de resoluciones judiciales.
El artículo 42 establece tres tipos de sanciones: amonestación verbal o escrita para faltas leves; suspensión hasta por veinte días sin goce de salario para las faltas graves; y suspensión prolongada o destitución para las gravísimas.
La destitución, regulada en el artículo 45, implica la separación definitiva del juez del cargo y su exclusión de la carrera judicial. No obstante, para que la CSJ pueda aplicar esa sanción, la Junta de Disciplina Judicial debe emitir una recomendación previa, derivada de un proceso de investigación.
Según un reportaje publicado por La Hora en agosto de 2025, la Junta de Disciplina Judicial ha archivado al menos 110 denuncias contra siete jueces, entre ellos Fredy Orellana, sin que se haya impulsado un solo proceso sancionatorio.
ORELLANA, UN JUEZ INTOCABLE
El juez del Juzgado Séptimo Penal A, Fredy Raúl Orellana Letona, es uno de los operadores judiciales más cuestionados del sistema. Figura en la lista de funcionarios sancionados por 42 países, incluyendo Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, por su papel en resoluciones judiciales que, según esos gobiernos, socavaron la democracia guatemalteca y criminalizaron a periodistas, fiscales y operadores de justicia independientes.
Orellana fue quien envió a juicio al periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, y a la exfiscal Virginia Laparra, considerada presa de conciencia por Amnistía Internacional. También giró orden de captura contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y dispuso la cancelación del partido Movimiento Semilla durante el proceso electoral de 2023, una decisión que la comunidad internacional consideró ilegal.
De acuerdo con la información obtenida por La Hora, el juez acumula al menos doce denuncias administrativas presentadas ante la Junta de Disciplina Judicial, todas archivadas sin sanción. Una más permanece en trámite.
La inacción de la Junta ha alimentado la percepción de impunidad y protección institucional hacia Orellana y otros jueces señalados por favorecer intereses políticos. La presidenta de la Junta, la magistrada Beyla Estrada Barrientos, junto a los vocales Dora Fuentes López y Leonel Sáenz Bojórquez, son los encargados de revisar y resolver las denuncias contra jueces y magistrados. Ninguno de los siete jueces más cuestionados del país ha recibido sanción alguna.
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LLAMADO PRESIDENCIAL
El mensaje de Bernardo Arévalo del pasado 25 de octubre no se limitó a una denuncia pública. En un discurso acompañado por diputados y funcionarios del Ejecutivo, el presidente advirtió sobre una “alianza criminal” enquistada en el MP de Porras y parte del sistema judicial, que busca “hundir a Guatemala en la corrupción y la impunidad”.
Arévalo aseguró que Porras y Orellana han intentado “distorsionar los resultados de las elecciones de 2023”, y que ambos son “enemigos de la democracia”. En el mismo mensaje, el mandatario anunció que solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), amparado en la Carta Democrática Interamericana, para exponer ante la región lo que calificó como un intento de golpe de Estado en curso.
“Pueblo de Guatemala, ha llegado el momento de actuar con firmeza. No podemos permitir que un juez como Fredy Orellana siga atentando contra la Constitución y la voluntad popular expresada en las urnas”, declaró Arévalo.
El presidente también exhortó a la Corte de Constitucionalidad (CC) a garantizar la debida ejecución del amparo otorgado en 2023, que protegió los resultados electorales frente a los intentos del MP por entonces de suspender al Movimiento Semilla.
