El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) advirtió este lunes de un “nuevo intento para desconocer los resultados” electorales de 2023, tras las recientes acciones del juez Fredy Orellana y del Ministerio Público (MP) que, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), declararon la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla.
“Estas acciones comprometen la vigencia del orden constitucional”, alertó la Junta Directiva 2025-2027 del CANG en un comunicado oficial, en el que expresó su “profunda preocupación” por los oficios emitidos el pasado 24 de octubre por el juez Orellana al Congreso de la República y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En esos oficios, el juzgador ordenó anular el registro del partido oficialista y de su comité pro formación, decisión que la fiscalía justificó en supuestas irregularidades cometidas durante la creación del movimiento político. La medida fue notificada con carácter urgente al TSE y al Congreso, generando un nuevo episodio de tensión institucional en el país que aún no supera la crisis poselectoral de 2023.
“El proceso electoral 2023 se encuentra concluido y oficializado por el Tribunal Supremo Electoral mediante Decreto 5-2023”, recordó el CANG. “Las acciones referidas se aprecian como un nuevo intento para desconocer esos resultados (…) y constituyen una reincidencia en la amenaza constitucional contra la vigencia de dicho amparo y, por tanto, una violación a los principios de supremacía de la Constitución, independencia del TSE y separación de poderes”.
#COMUNICADO
Ante los recientes acontecimientos que comprometen la vigencia del orden constitucional, la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, manifiesta. pic.twitter.com/ro35NdzPbQ— Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) October 27, 2025
La declaración del gremio jurídico llega en un momento de máxima tensión política. El viernes, Orellana ordenó la nulidad del Movimiento Semilla a petición de la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche —funcionario sancionado por 42 países—, bajo el argumento de que el partido incurrió en delitos al momento de su constitución.
La resolución se dictó en una audiencia celebrada a puerta cerrada y fue acompañada de una campaña en redes sociales de cuentas de netcenter que exigieron como consecuencia de la resolución la destitución de diputados y funcionarios electos bajo la bandera de Semilla, incluido el cargo del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.
“UN NUEVO INTENTO DE GOLPE DE ESTADO”
Dos días después, el presidente Arévalo compareció ante la nación en cadena nacional para denunciar un nuevo intento de golpe de Estado encabezado por la fiscal general María Consuelo Porras y el juez Orellana, ambos vetados por 42 países por fraguar un rompimiento constitucional.
“Su conducta constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia”, afirmó el mandatario, quien solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) una sesión extraordinaria para abordar la crisis del país.
Arévalo acusó a la cúpula del MP de impulsar “una embestida judicial” para revertir los resultados electorales que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en firme en diciembre de 2023, cuando amparó la toma de posesión del actual Gobierno y prohibió expresamente cualquier intento de alterar los efectos del proceso electoral.
“Porras y Orellana son enemigos de nuestro país. Son los obstáculos centrales a la lucha contra la corrupción”, sostuvo el presidente, al tiempo que llamó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —el máximo tribunal de justicia— a proceder con la destitución del juez.
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«DÉJÀ VU» INSTITUCIONAL
La advertencia del CANG revive los fantasmas de 2023, cuando el MP intentó impedir la transición democrática tras la victoria electoral de Arévalo. Entonces, la Corte de Constitucionalidad intervino para ordenar el respeto a la voluntad popular, en una resolución que se convirtió en símbolo de resistencia jurídica ante los embates de la fiscalía dirigida por Porras.
Desde entonces, el MP ha mantenido una ofensiva judicial contra el oficialismo, centrada en deslegitimar al Movimiento Semilla y a sus dirigentes. La decisión de Orellana, ampliamente cuestionada por juristas y observadores internacionales, se percibe como un paso más en esa estrategia.
El Colegio de Abogados exhortó a la Corte de Constitucionalidad a “actuar con firmeza, independencia y responsabilidad institucional” ante lo que considera una violación directa a sus resoluciones previas. Además, reafirmó su compromiso “con la defensa de la democracia, la independencia de los poderes del Estado y la integridad del sistema republicano”, y llamó a todas las instituciones públicas a respetar la supremacía constitucional.
En ese sentido, el sábado último los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra acudieron a la CC y presentaron una asistencia para la debida ejecutoria de dicho amparo. El primero en accionar con este recurso fue el propio partido Semilla ese mismo día. Con este mecanismo, los interponentes buscan que se verifique que la sentencia de la más alta corte del país no se esté violando.
“En esa sentencia, el 14 de diciembre de 2023, la Corte ordenó que se respetara el proceso electoral y que los órganos de investigación criminal pueden investigar la comisión de delitos, pueden los jueces dictar las sentencias que correspondan en el ámbito penal, pero jamás, el ámbito penal puede alterar los resultados”, explicó Ortiz.
