«Nunca me imaginé el Instituto de la Víctima como lo vine a encontrar», afirma directora Rebeca González

La historia del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito está íntimamente ligada al nombre de Rebeca González Leche, la doctora en criminalística que desde hace más de tres décadas ha impulsado la idea de que el Estado también debe estar del lado de quien ha sido agraviado por un delito, e ideóloga de la iniciativa de ley que dio pie a la creación de esa institución.

Tras asumir la dirección general del Instituto en diciembre pasado, González Leche impulsa lo que ella llama un “reordenamiento técnico y administrativo” que busca devolverle su propósito: poner a la víctima en el centro del sistema de justicia, explicó en entrevista a La Hora. 

González Leche defendió desde los años noventa la necesidad de equilibrar la balanza. Fue en 1995 cuando fundó la primera Oficina de Atención a la Víctima dentro del Ministerio Público (MP), una iniciativa que logró replicarse en 31 sedes a nivel nacional y que más tarde inspiraría modelos similares en Bolivia y Nicaragua.

Años después, su propuesta de crear un instituto autónomo que ofreciera asistencia legal, psicológica y social a víctimas de delitos se concretó: tras años de debate y modificaciones, el Congreso aprobó la creación del Instituto de la Víctima en abril de 2016. Hoy, ese legado cobra nueva vida con la llegada de su principal ideóloga a la dirección general.

“REORDENAMIENTO”

La presentación de un nuevo Manual de Puestos y Salarios, aprobado el pasado 23 de julio, que reorganiza internamente a la institución y pretende corregir distorsiones acumuladas. El instrumento, elaborado con criterios internacionales y una metodología basada en puntos, redefine la estructura organizacional, establece bandas salariales coherentes y elimina las inequidades internas en la asignación de salarios, justifica el documento oficial.

“La nueva escala salarial tendrá efectos concretos para los trabajadores de la institución, promoviendo así la justicia salarial y el reconocimiento al esfuerzo institucional”, explicó González Leche al presentar el manual, en el que se detalla que la valuación de cada puesto tomó en cuenta conocimientos, complejidad, atención directa a víctimas y condiciones de trabajo. A partir de esta evaluación técnica, se construyó una estructura que permitirá implementar en el futuro un plan de carrera administrativa.

De acuerdo con el manual, los objetivos específicos se centran en tres ejes: la clasificación de los puestos, la definición de salarios base y requisitos mínimos para los aspirantes, y la creación de un marco normativo que sirva de guía para la planificación y administración institucional. Además, el documento funcionará como un instrumento de referencia para otros procesos y lineamientos vinculados a la gestión del talento humano dentro del Instituto.

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El alcance del manual incluye a todo el personal comprendido bajo los renglones presupuestarios 011 (Personal Permanente), 021 (Personal Supernumerario) y 022 (Personal por Contrato), es decir, abarca tanto al personal con plazas fijas como a quienes ocupan cargos de carácter temporal.

La Dirección de Recursos Humanos es la encargada de aplicar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en el manual, lo que supone un paso hacia el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos asignados para la atención a víctimas del delito.

El documento también estandariza los requisitos académicos y de experiencia para acceder a los distintos cargos. Esto representa un giro importante frente a prácticas discrecionales que durante años han marcado el ingreso y ascenso dentro de la administración pública. Con ello, González dice que el Instituto no solo se ordena hacia adentro, sino que también envía un mensaje hacia afuera: el servicio a las víctimas requiere profesionalización, formación especializada y mérito.

BÚSQUEDA DE LA INSTITUCIONALIDAD

González Leche no es ajena a la academia. Cuenta con más de dos décadas de experiencia como catedrática universitaria en áreas como criminología y victimología, y fue clave para que la Universidad Rafael Landívar incorporara esta última disciplina en sus programas de formación. “Yo nunca me imaginé el Instituto de la Víctima como lo vine a encontrar, hay que devolver la institucionalidad”, subraya.

El relanzamiento de esta etapa institucional ocurre en un contexto complejo. Su antecesora, Ligia Hernández, exdiputada del Movimiento Semilla, fue detenida y vinculada a un caso penal promovido por el MP de María Consuelo Porras. Antes de ella, el Instituto fue dirigido por Alejandra Carrillo, sancionada por EE. UU. por presunta corrupción junto a su esposo, el diputado Felipe Alejos.

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Ahora, con el cambio de mando y la implementación del nuevo manual, el Instituto busca cerrar esa etapa convulsa y consolidarse como un pilar de atención integral, sostiene González, y resalta que la apuesta es grande: dignificar el trabajo interno y devolverle a la institución el rol para el que fue creado.