El día que la FECI reconoció ante el juez Orellana que no tenía pruebas del supuesto «fraude electoral» de 2023

En apenas siete minutos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el juez Fredy Orellana dejaron claro que no existían indicios de irregularidades ni alteraciones en el padrón electoral utilizado en las elecciones generales de 2023, que dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo. El episodio contrastó con la narrativa del Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, que intentó frenar la investidura del gobernante en un proceso señalado internacionalmente como un intento de golpe de Estado.

Así lo demuestra un documento —al que tuvo acceso La Hora– y que una fiscal leyó al juez en una audiencia.

Dicha audiencia se celebró el 21 de julio en el Juzgado Séptimo Penal y concluyó con el cierre del caso contra Alejandra Chiroy, exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El juez Orellana —sancionado internacionalmente— atendió la petición de la FECI, que no halló indicios del delito de incumplimiento de deberes imputado a Chiroy en el expediente contra el partido Movimiento Semilla.

En la sala, la fiscal Leonor Morales —también sancionada por este caso— sacó unas hojas, solicitó el sobreseimiento y el juez aceptó de inmediato. Así, concluyó una acusación que la propia exfuncionaria del TSE calificó de espuria cuando fue detenida en febrero de 2024. 

La FECI, dirigida por el fiscal sancionado Rafael Curruchiche, ha utilizado la reserva judicial del caso Semilla a su conveniencia: la ha levantado para ofrecer declaraciones que les favorecen y la ha invocado para evitar responder sobre las irregularidades del proceso. Esta vez no fue la excepción. La audiencia se celebró a puerta cerrada, sin presencia de la prensa.

Sin embargo, la agenda del juzgado revelaba que la diligencia programada para ese lunes tenía como objetivo dictar el cierre del caso a favor de Chiroy. Ello, después de que en agosto de 2024 el juez había otorgado seis meses adicionales a la Fiscalía para continuar la investigación ante la falta de indicios que sustentaran una acusación formal.

FECI ADMITE NO TENER PRUEBAS 

Una fuente del Organismo Judicial —que pidió el anonimato— compartió a La Hora una copia del documento que la fiscal Morales leyó ante el juez Orellana. En él se detallaba el resultado de la auditoría realizada por la Fiscalía a los sistemas informáticos del Tribunal Supremo Electoral, cuyo objetivo era determinar si había anomalías en el padrón electoral, que tenía a cargo Chiroy.

“De la cual se obtuvo varias pruebas; también se requirió autorización judicial a efecto de realizar una auditoría a los sistemas informáticos del Tribunal Supremo Electoral y, de esta forma, poder corroborar de forma técnica y científica la posibilidad de anomalías en el traslado de información que conllevaran la pérdida de estos datos, así como la forma de ejecución del sistema de empadronamiento específicamente”, se lee en el documento.

El informe, elaborado por el Departamento de Dirección de Análisis Criminal y el Departamento de Cibercrimen, concluyó que el padrón electoral no presentaba irregularidades.

“Al haber recibido la información requerida, la misma fue analizada y cotejada […] para establecer si existía duplicidad de ciudadanos registrados, si la información contenida en el Padrón Electoral es la misma entregada a la Junta Receptora de Votos del año 2023 para establecer si los datos fueron vulnerados o alterados”, señalaba el texto.

La Dirección de Análisis Criminal determinó que “no existe duplicidad o alteración de valores o número de empadronamientos; es decir, no existen dos personas empadronadas en diferentes municipios con el mismo número de DPI”.

Solo se identificaron “450 empadronados homónimos, es decir, con el mismo nombre, pero diferente número de DPI, lo cual no establece una alteración o duplicidad en el Padrón Electoral”.

A partir de esas conclusiones, la fiscal sostuvo que el MP debía actuar “en ejercicio del principio de objetividad e imparcialidad que debe observar el actuar del Ministerio Público en todo momento […] de acuerdo con lo regulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal”. 

Por ello, solicitó al juez Orellana que se decretara el sobreseimiento —cierre del proceso— a favor de Chiroy, ya que “de acuerdo con los hechos antes expuestos, no se reúnen los elementos” para mantener la acusación. El togado accedió.

EL CASO SEMILLA COMO PARTEAGUAS

El caso Semilla comenzó con la investigación de supuestas anomalías en la constitución del partido político en 2016, incluida la presunta afiliación de personas fallecidas para alcanzar la cantidad de firmas requeridas. Sin embargo, la causa judicial derivó en otras pesquisas sin relación con esos hechos, como la línea sobre un supuesto fraude electoral que habría favorecido a Arévalo, una hipótesis que la comunidad internacional y la mayoría de actores políticos nacionales no dieron crédito al MP.

El 8 de diciembre, la FECI presentó en rueda de prensa el caso ampliado. Los fiscales Curruchiche y Morales insistieron en que el partido Semilla conformó “una estructura criminal” y acusaron a funcionarios del TSE de cometer ilegalidades al oficializar los votos de la primera vuelta, celebrada el 25 de junio de 2023.

La presentación se dividió en tres fases. La tercera es de donde resultó acusada Chiroy, exdirectora de Inscripción de Ciudadanos del TSE.

En esa línea, la FECI sostuvo la hipótesis de que el 25 de junio de 2023 se cargaron datos de manera ilegal al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y que, posteriormente, un auditor del TSE y miembros de las Juntas Electorales Departamentales se concertaron para cuadrar los resultados electrónicos con las actas físicas (conocidas como actas 8) que respaldaron los resultados oficializados por el pleno de magistrados electorales.