Unión Europea suma a su lista de sancionados a juez Bremer, Méndez-Ruiz, Falla y la Fundación contra el Terrorismo

El Consejo de la Unión Europea ha incorporado a la Fundación contra el Terrorismo (FCT) —una organización señalada por promover acciones judiciales contra ex operadores de justicia que investigaron casos de corrupción—, a su presidente, Ricardo Méndez Ruiz, al abogado Raúl Falla Ovalle y al juez Jimi Bremer a su lista de personas y entidades sancionadas por considerar acciones que socavan el Estado de derecho en Guatemala. La medida implica la congelación de activos y la prohibición de ingreso a los 27 Estados miembros del bloque comunitario.

Bremer, Méndez Ruiz y Falla ya figuraban en la Lista Engel, elaborada por el Gobierno de Estados Unidos, que identifica a actores vinculados con corrupción o con el debilitamiento de instituciones democráticas en Centroamérica. Tanto Washington como Bruselas les atribuyen el uso instrumental del sistema judicial para promover procesos penales contra fiscales, jueces y otros actores críticos del oficialismo.

La decisión, adoptada el 12 de junio, se enmarca en la preocupación del Consejo Europeo por «las acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho y una transferencia pacífica del poder en Guatemala, incluso mediante la instrumentalización del sistema de justicia». Bruselas alude así al intento de revertir los resultados de las elecciones de 2023, impulsado desde el Ministerio Público bajo la dirección de María Consuelo Porras, también sancionada por la UE, con el objetivo de impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo.

«Estas sanciones selectivas están concebidas precisamente para hacer rendir cuentas y afectar únicamente a los responsables de las acciones que socavan la democracia» refirió la UE y subrayó que «de ninguna manera son sanciones contra Guatemala, su población o su economía».

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«El Consejo está particularmente preocupado por los continuos ataques contra el gobierno elegido democráticamente del presidente Arévalo y el mal uso de medidas legales y procesales para atacar a funcionarios electos, defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y operadores judiciales independientes», se lee en el documento oficial.

Entre los ya sancionados desde hace meses por la UE figuran también Porras; su secretario general, Ángel Pineda; los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales Lazo, y el juez Fredy Orellana. Todos han sido previamente sancionados por Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, señalados por su papel en los intentos por revertir los resultados de las elecciones generales de 2023.

Estos son los motivos literales que consignó Bruselas del porqué de las sanciones adoptadas por la UE:

FUNDACIÓN CONTRA EL TERRORISMO

La Fundación contra el Terrorismo participa en una campaña de enjuiciamientos por motivos políticos liderados por la Fiscalía General de Guatemala contra periodistas, fiscales y jueces que han participado en la exposición de la corrupción y la impunidad en Guatemala, así como contra el gobierno democráticamente elegido de Guatemala, incluido el presidente Bernardo Arévalo, explican. La FCT ha iniciado una multitud de investigaciones penales contra operadores de justicia, periodistas y representantes del gobierno a través de la presentación de denuncias penales y actuando como demandante tercero en procedimientos penales que no respetan los derechos fundamentales de los acusados, señalan.

A través de esas acciones, la FCT participa en acciones que socavan el Estado de derecho en Guatemala, incluida la persecución e intimidación de representantes de los medios de comunicación y de abogados, jueces y fiscales, mencionaron.

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RICARDO MÉNDEZ-RUIZ

Ricardo Méndez-Ruiz Valdés es presidente de la FCT. Añaden que la FCT está involucrada en una campaña de enjuiciamientos por motivos políticos liderada por la Fiscalía General de Guatemala contra periodistas, fiscales y jueces que han estado involucrados en exponer la corrupción y la impunidad en Guatemala, así como contra el gobierno democráticamente electo de Guatemala, incluido el presidente Bernardo Arévalo.

«La FCT ha iniciado multitud de investigaciones penales contra operadores de justicia, periodistas y representantes del gobierno a través de la presentación de denuncias penales y actuando como tercero demandante en procesos penales que no respetan los derechos fundamentales de los acusados», destacan.

En el comunicado indicaron que, a través de estas acciones, Méndez-Ruiz ha participado en acciones que socavan el Estado de derecho en Guatemala,«incluyendo la persecución e intimidación de representantes de los medios de comunicación, abogados, jueces y fiscales».

RAÚL FALLA OVALLE

Raúl Falla Ovalle es el representante legal de la FCT. El Consejo de la UE hace mención que la FCT está involucrada «en una campaña de enjuiciamientos por motivos políticos liderados por el Fiscal General de Guatemala contra periodistas, fiscales y jueces que han estado involucrados en la exposición de la corrupción y la impunidad en Guatemala, así como contra el gobierno democráticamente elegido de Guatemala, incluido el presidente Bernardo Arévalo».

«La FCT ha iniciado una multitud de investigaciones penales contra operadores de justicia, periodistas y representantes del gobierno a través de la presentación de denuncias penales actuando como demandante tercero en procedimientos penales que no respetan los derechos fundamentales de los acusados», informaron.

A través de estas acciones, Falla Ovalle, según el documentó, «lleva a cabo acciones que socavan el estado de derecho en Guatemala, incluida la persecución e intimidación de representantes de los medios de comunicación, abogados, jueces y fiscales»

JIMI BREMER

Jimi Bremer Ramírez es el Juez Penal de Primera Instancia del Juzgado Décimo de Guatemala. En calidad de tal, señalan que ha emitido órdenes de detención y autorizado investigaciones basadas en cargos falsos, y ha suspendido las audiencias en esos casos, limitando así el derecho a una audiencia pública, el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo de los acusados.

Explican que, en febrero de 2023, como juez supervisor, Jimi Bremer Ramírez autorizó la solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que opera bajo el Ministerio Público de Guatemala (equivalente al Ministerio Público) para investigar a varios reportes de los diarios El Periódico y Prensa Comunitaria, tras su cobertura de la corrupción de alto nivel en Guatemala.

«Suspendió y aplazó las audiencias judiciales del fundador de El Periódico, José Rubén Zamora, al menos seis veces en una de las causas penales en su contra. Además, Jimi Bremer Ramírez retrasó los procesos en las causas penales contra los exfiscales Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón, y contra la abogada de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González Orellana», dice la información.

Para el Consejo, a través de estas acciones, Jimi Bremer Ramírez «ha participado y apoyado acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, incluida la persecución e intimidación de los representantes de los medios de comunicación y de abogados y fiscales en Guatemala».