El Ministerio Público (MP), bajo la dirección de María Consuelo Porras —sancionada por más de 40 países por sus acciones contrarias a la democracia y la lucha contra la corrupción—, ha perfeccionado un esquema de persecución política basado en el uso instrumental del derecho penal, según el informe de Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, tras una visita oficial de 12 días al país.
En sus observaciones preliminares, Satterthwaite advirtió que el MP emplea siete patrones sistemáticos de criminalización contra grupos específicos. Entre las principales víctimas de esta maquinaria se encuentran jueces independientes, fiscales anticorrupción, periodistas, abogados defensores de derechos humanos y personas que han desafiado intereses políticos enquistados en las estructuras del poder, según el informe.
La relatora alertó que la administración de Porras ha ejecutado más de un centenar de destituciones de fiscales, en su mayoría sin someterlos a un proceso disciplinario. Además, señaló que, pese al aumento del presupuesto institucional, muchas denuncias «se desestiman antes de llegar a los tribunales». «La narrativa de gran eficacia del Ministerio Público no parece resistir el escrutinio», afirmó.
CASOS DE CRIMINALIZACIÓN
La relatora indicó que de los casos que han sido denunciados como persecución política se desprende «un cuadro consistente y alarmante de criminalización» por medio del «uso instrumental del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a un patrón sistemático, intencional y severo de privación de derechos fundamentales, dirigido contra grupos específicos».
Satterthwaite identificó, tras reunirse con diversos sectores y la propia Porras, que la persecución parece intensificarse contra «quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y las acusaciones penales».
Las observaciones de la relatora se dan luego del exilio de jueces como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano, así como de fiscales de alto perfil como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra. A ellos se suman otros operadores de justicia que aún permanecen en el país, pero enfrentan procesos, como Stuardo Campo —actualmente en prisión preventiva— y Claudia González, entre otros.
Aunque Porras le negó lo anterior a la relatora en una reunión, ella concluyó que «la criminalización opera a través de un conjunto de acciones identificables, que involucran al Ministerio Público, a miembros del poder judicial y, a menudo, a ciertos actores privados. He identificado las siguientes características indicativas de la criminalización en Guatemala».
Estos son los siete patrones, según la relatora, aunque no se refirió a casos en concreto.
1. GRUPOS OBJETIVO
«Entre los objetivos de criminalización se encuentran jueces, fiscales y abogados independientes, así como periodistas, autoridades indígenas, líderes campesinos y estudiantiles, y miembros de las comisiones de postulación», enumeró la relatora, al referirse a quienes han sido objeto de persecución política por parte del MP de Porras y fiscales afines.
«Se han presentado cargos penales contra más de 60 operadores de justicia, abogados defensores y activistas de derechos humanos. De forma significativa, muchas de estas personas han sido acusadas de delitos en momentos clave de su trabajo vinculado a la lucha contra la corrupción y la impunidad», añadió.
2. MÚLTIPLES CASOS
De acuerdo con Satterthwaite, los objetivos de la criminalización a menudo se enfrentan a múltiples procedimientos judiciales «basados en los mismos hechos, incluidas acusaciones paralelas presentadas por diferentes entidades mediante el uso indebido del mecanismo del querellante adhesivo, originalmente pensado para mejorar acceso a la justicia».
La relatora mencionó a la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización dirigida por Ricardo Méndez-Ruiz, sancionado por EE. UU. por sus acciones corruptas, y que en los últimos años se ha dedicado a denunciar a operadores de justicia con quienes no comparte el mismo criterio de sus resoluciones o acciones.
3. ACUSACIONES VAGAS Y AMPLIAS
Se han instrumentalizado «delitos vagamente definidos», como abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. «Han iniciado procedimientos basados en acusaciones que parecen criminalizar actividades protegidas por la Constitución y las normas de derechos humanos».
Según la relatora, un abogado fue acusado de obstrucción a la justicia tras denunciar la mala conducta de un funcionario judicial; periodistas enfrentan cargos similares por informar sobre casos de criminalización; y comunidades indígenas han sido procesadas por «usurpación» debido a su permanencia en territorios ancestrales.
4. DETENCIÓN ARBITRARIA
La relatora también subrayó el uso abusivo de la prisión preventiva, una medida que, según dio su lectura, se aplica para mantener en la cárcel a personas criminalizadas, incluso cuando existen condiciones para medidas sustitutivas.
Un caso que resalta es el del fiscal Campo, quien, pese a contar con un grillete electrónico, fue objeto de una nueva orden de captura solicitada por el MP en un segundo proceso. Campo, además, sigue pagando el sistema de control telemático a pesar de permanecer en prisión tras investigar a funcionarios del gobierno de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
«Estas detenciones prolongadas se han convertido en la norma en los casos de criminalización, y los jueces lo justifican invocando un mecanismo jurisprudencial denominado «prisión provisional», una práctica sin fundamento en el derecho positivo guatemalteco», dijo.
También mencionó que el proceso de aceptación de cargos ha servido como «un poderoso instrumento de coacción», en donde «la oferta de una sentencia reducida a cambio de una declaración de culpabilidad funciona como una herramienta de presión en el contexto de la criminalización».
5. ACOSO Y AMENAZAS EN LÍNEA
«El acoso en línea es una dimensión profundamente preocupante dentro del patrón más amplio de intimidación», advirtió Satterthwaite. Explicó que, antes, durante y después de los casos, se despliegan campañas coordinadas en redes sociales —a menudo impulsadas desde cuentas anónimas y net centers— que difunden amenazas de detención, agresiones físicas e incluso de muerte.
En algunos casos, añadió, se filtra información procesal delicada o reservada —como avisos previos de capturas— a través de estos canales. A pesar de las denuncias y quejas ante las autoridades, «no se ha emprendido ninguna investigación significativa para rastrear o detener estos ataques».
6. ASIGNACIÓN DE CASOS INDEBIDA
La relatora destacó que el actual Sistema de Gestión de Tribunales, administrado por el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, tiene por objeto garantizar la asignación electrónica aleatoria de las causas penales.
«En la práctica, este sistema parece estar sujeto a manipulación. Los casos que involucran a ex operadores de justicia, abogados defensores y otros involucrados en esfuerzos anticorrupción o de justicia transicional son sistemáticamente asignados a un puñado de jueces específicos».
Algunos jueces que conocen estos casos son Fredy Orellana, Jimi Bremer, Víctor Cruz, todos sancionados por EE. UU. «Aunque se aseguró que el sistema no podía ser manipulado, comentarios privados de operadores de justicia sugirieron lo contrario», apuntó.
7. EROSIÓN A LAS GARANTÍAS PROCESALES
Satterthwaite recordó que las medidas de secreto judicial —reguladas por el artículo 314 del Código Procesal Penal y comúnmente conocidas como «reserva»— son solicitadas habitualmente por el MP de Porras en casos políticamente sensibles.
«La reserva da lugar a un acceso limitado a las pruebas y a los abogados defensores, y sirve de base para excluir a la prensa, al personal de derechos humanos y a los familiares, o incluso a los propios defensores, de las audiencias o de información crucial», denunció.
La relatora también señaló que los casos de criminalización se caracterizan por repetidas suspensiones de audiencias judiciales, en ocasiones sin justificación. Estas interrupciones, advirtió, generan retrasos sustanciales en los procesos.
¿QUÉ DICE EL MP?
Tras la presentación de las observaciones preliminares de Satterthwaite, la fiscal general salió en su cuenta de X a rechazar las conclusiones de la relatora al considerarlas «imprecisas» ante el actuar del MP.
Porras expresó que «el MP es una entidad de puertas abiertas, comprometida con la legalidad y la objetividad en cada investigación. Actuamos conforme a la ley, sin políticas de criminalización, y nuestro trabajo se centra en garantizar justicia para todos los guatemaltecos».
En aras de la transparencia y el compromiso con la verdad, rechazo categóricamente las afirmaciones del informe preliminar de la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, que no reflejan con precisión nuestra labor institucional ni los datos compartidos durante su…
— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) May 27, 2025
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