En Guatemala, solo 203 personas procesadas penalmente gozan del control telemático, una medida sustitutiva a la prisión preventiva que fue concebida para reducir el hacinamiento carcelario y garantizar el respeto al debido proceso. La cifra contrasta con las 1 mil 797 personas que podrían disponer de ese brazalete para salir de prisión, a la espera de resolver su caso.
El dato, confirmado por el Ministerio de Gobernación (Mingob), revela que menos del 11 % de quienes podrían beneficiarse de esta alternativa la han recibido. Pese a tratarse de un mecanismo vigente desde mayo de 2023, su implementación avanza con lentitud.
UN SISTEMA OPERATIVO INFRAUTILIZADO
El control telemático funciona mediante una tobillera electrónica que permite monitorear en tiempo real los movimientos de la persona sindicada. Establece zonas de exclusión e inclusión, como el domicilio o la residencia de la víctima, y emite alertas en caso de incumplimiento. Su objetivo es ofrecer vigilancia sin necesidad de encarcelamiento.
Aunque el sistema fue aprobado en 2016, su adjudicación formal se concretó hasta febrero de 2023, cuando el Mingob contrató a la empresa Tecnología, Acceso y Seguridad S. A. por Q110.3 millones para arrendar 2 mil dispositivos. Hoy, más de 1 mil 700 de estos permanecen guardados, sin uso.
COSTOS Y OBSTÁCULOS PARA ACCEDER
Según la normativa vigente, el usuario debe pagar Q50 diarios o Q1 mil 500 mensuales por el dispositivo. El Acuerdo 30-2023 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autoriza al juez a eximir del pago tras un estudio socioeconómico, pero en la práctica, este mecanismo es poco utilizado.
Un informe del CIEN mostró que en los primeros meses del programa, 44 de los 48 usuarios iniciales tenían abogados privados, y 41 autofinanciaban el dispositivo. Es decir, el acceso al control telemático había sido, hasta ese momento, un privilegio limitado a quienes cuentan con recursos o representación legal privada.
MEDIDA CON POTENCIAL QUE NO DESPEGA
El control telemático no es una sanción en sí misma, sino una medida complementaria que puede aplicarse desde el inicio del proceso penal o en fases posteriores, como la libertad condicional. Su implementación fue promovida como parte de una política penal más humana y eficiente.
Sin embargo, la brecha entre el número de usuarios y el total de personas en prisión preventiva evidencia que el sistema judicial guatemalteco aún no ha incorporado plenamente esta herramienta. Mientras tanto, cientos de personas continúan privadas de libertad, como lo denuncian muchas organizaciones, en condiciones precarias, a pesar de que existe una alternativa legal y funcional, pero subutilizada.
Exfiscal Stuardo Campo saldrá de prisión y mantendrá control telemático
