La Botica, vinculada a Martínez y favorita en el IGSS, en problemas: cierre temporal de Salud

El Ministerio de Salud ordenó el cierre temporal de La Botica S.A., una farmacéutica vinculada a Miguel Martínez, pareja del expresidente Alejandro Giammattei —ambos sancionados por Estados Unidos— y favorecida con millonarios contratos adjudicados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La medida fue adoptada por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos, tras detectar una serie de irregularidades que, según la resolución oficial, representan un riesgo para la salud pública.

Esta no es la primera vez que La Botica S.A. es el centro de atención. Ya había sido señalada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por transacciones sospechosas que, hasta ahora, no han tenido mayor avance en el Ministerio Público de María Consuelo Porras.

La farmacéutica ha sido uno de los principales proveedores del IGSS en los últimos años, con contratos que suman millones de quetzales, lo que ha generado suspicacias en torno a su crecimiento y a sus vínculos durante la administración de Giammattei.

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HALLAZGOS A LA BOTICA

La inspección sanitaria, realizada el pasado 19 de febrero, identificó que La Botica operaba fuera de los márgenes legales establecidos. Compartía espacio físico con otra droguería, Abasto Farma, sin una separación adecuada, violando así la norma técnica vigente, según la resolución oficial a la que tuvo acceso La Hora.

Según la información de Guatecompras— el sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado—, La Botica S.A. tiene otros nombres comerciales como Abasto Farma y Farmacia LB. «La bodega número 13 (de Abasto Farma) no se encuentra registrada para la droguería La Botica; sin embargo, se encontraba en uso», se lee.

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Además, el documento refiere que la entidad funcionaba con una licencia de farmacia, pese a que no se encontró área diferenciada para tal función ni registros de venta al público, lo cual contraviene su categoría de operación.

Asimismo, el expediente señala que en las bodegas «se evidenció producto etiquetado como uso exclusivo IGSS». La Botica contaba con medicamentos exclusivos de la institución estatal que los ha beneficiado con millonarios contratos, a la vez desde que en 2021 José Adolfo Flamenco fue juramentado por Giammattei como presidente de la Junta Directiva del IGSS.

Durante la visita, Salud explica en el documento que localizó productos vencidos almacenados en áreas no autorizadas, empaques de medicamentos con registros sanitarios de años anteriores cuya validez no pudo ser verificada, y la existencia de 631 unidades del antiviral Remdesivir (bajo la marca Remdac) que fueron precintadas tras comprobarse que el análisis de calidad fue realizado por un laboratorio no autorizado en el registro sanitario.

A esto se sumó la falta de documentación que respaldara la trazabilidad del Remdesivir —un medicamento contra el COVID-19—, como kardex, facturas de importación o destrucción, y la negativa de La Botica S.A., entregar información alegando una auditoría interna de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y que de esa cuenta el personal se encontraba ocupado y no podía brindar información.

CIERRE TEMPORAL Y OTRAS SANCIONES

De esa cuenta, el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines ordenó una serie de medidas preventivas contra la empresa La Botica tras detectar presuntas irregularidades relacionadas tanto en la comercialización del Remdesivir, así como en sus bodegas.

Por ello, la cartera sanitaria ordenó el cierre temporal del establecimiento de La Botica ubicado en la zona 10 capitalina, así como la suspensión de su licencia sanitaria 2990-2022.

Además, instruyó el retiro inmediato del producto distribuido del remdesivir —Remdac 100 mg/vial polvo liofilizado para uso parenteral— y prohibió su venta tanto a instituciones públicas como privadas.

La resolución también ordena a La Botica sustituir el medicamento que distribuyó en todas las entidades de gobierno por uno que cuente con un registro sanitario válido. De no hacerlo, deberá retirar las unidades entregadas y reembolsar los pagos recibidos. La Unidad de Vigilancia, Monitoreo y Control fue instruida para verificar el cumplimiento de estas disposiciones.

La resolución cita los artículos 94, 95 y 96 de la Constitución, que obligan al Estado a garantizar la salud como un bien público y a controlar rigurosamente la calidad de los productos farmacéuticos.

MARTÍNEZ Y LA BOTICA

La Botica, S.A., una empresa farmacéutica poco conocida hasta hace algunos años, se consolidó como una de las principales proveedoras del Estado durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por recibir sobornos durante su gobierno.

Según distintas publicaciones periodísticas, la empresa mantiene un vínculo con Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno y pareja de Giammattei. Martínez fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. con la congelación de sus activos por confabularse con otros funcionarios para adjudicar ilegalmente contratos a oferentes favorecidos fuera de Guatecompras con un interés económico detrás.

El nexo de Martínez con La Botica se establece a través de Jairo Ernesto Ponce Fernández, amigo de Martínez, identificado en redes sociales con el apodo de “Cuto”. Su hermano, Dorian Fabián Ponce Fernández, figuró como presidente del Consejo de Administración de La Botica. No obstante, varios reportajes indican que Jairo Ponce es quien en realidad dirige la empresa.

Ambos acompañaron a Giammattei en un viaje oficial a España en diciembre de 2019, a una reunión de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, poco antes de que el presidente asumiera el cargo.

En abril de 2022, una investigación periodística reveló que el gobierno rebautizó un puente con el apodo de “Cuto”, en aparente dedicatoria a Jairo Ponce. La estructura se ubica en la Ruta Nacional 14, sobre el río Guacalate, y anteriormente se llamaba Tetuán. Además, una imagen ampliamente difundida muestra a Martínez, Giammattei y Ponce brindando juntos en una boda, lo que reforzó la percepción de cercanía entre los tres.

Mientras tanto, los ingresos de La Botica crecieron de forma exponencial. De 2015 a 2019, acumuló adjudicaciones por Q16.7 millones. Pero entre 2020 y 2023 —bajo la administración de Giammattei— el monto subió a Q547.9 millones, según Guatecompras. El 75 % de ese total provino del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que el resto fue adjudicado por el Ministerio de Salud y otras entidades.

En esos cuatro años, la empresa obtuvo el 97 % de todos los contratos públicos que ha ganado desde que comenzó a hacer negocios con el Estado.

UNA DENUNCIA ESTANCADA

El 13 de junio de 2024, La Hora reveló que el Ministerio Público (MP) de Porras no daba impulso a una investigación contra La Botica, S. A., a pesar de los indicios de transacciones sospechosas detectadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La denuncia que presentaron sigue sin avances.

Según la publicación, un banco del sistema alertó que las cuentas a nombre de La Botica habían recibido depósitos millonarios procedentes del IGSS y de la Tesorería Nacional, correspondientes a adjudicaciones públicas. Las sumas involucradas encendieron alarmas por no corresponder con el perfil económico de la empresa.

La investigación apuntaba, además, a un incremento inusual en las adjudicaciones y una fuente citada en la publicación indicó que en Guatecompras se podía observar un incremento en las adjudicaciones y compras directas que ha tenido la entidad, incluso cuando sus ofertas han sido superiores a los demás participantes, generando una especie de monopolio con precios sobrevalorados.

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Asimismo, la publicación indica que dicha pesquisa estableció que La Botica tiene como beneficiarios de fondos a diferentes personas individuales y jurídicas con las cuales no se observa relación comercial, debido a que algunas se dedican a la venta de materiales de construcción, arrendamiento de maquinaria y reparación de obras, por lo que las transacciones financieras con estos últimos podrían no tener una justificación legal o comercial.