Eduardo Pantaleón tendrá que esperar más de un año por audiencia en la que busca reconfirmar su inocencia

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) programó hasta el 16 de junio de 2026 la audiencia en la que los magistrados de la Cámara Penal deberán resolver una impugnación presentada por el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras. El recurso busca anular la sentencia absolutoria que un juez dictó a favor del exfiscal anticorrupción Eduardo Pantaleón, fallo que fue ratificado por una Sala de Apelaciones. 

El caso ha sido señalado como una represalia política tras las investigaciones que Pantaleón llevó a cabo sobre funcionarios de los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales. Su martirio comenzó el 5 de mayo de 2022, cuando fue detenido por orden del juez Jimi Bremer, sancionado por el Gobierno de EE. UU. y Canadá por dictar resoluciones consideradas corruptas y contrarias a los principios democráticos.

MÁS DE UN AÑO DE ESPERA

Pantaleón fue ligado a proceso y acusado por la Fiscalía de Asuntos Internos de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal. Según la tesis del MP, habría ocultado información para favorecer al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y a empresas investigadas por corrupción en el caso Libramiento de Chimaltenango.

Desde su primera declaración, el exfiscal rechazó las acusaciones y subrayó que, cuando se presentó el acto conclusivo de ese caso, él ya no laboraba en la Fiscalía contra la Corrupción. Sus palabras quedaron confirmadas durante el juicio, en abril de 2024, cuando el juez Erick Velásquez lo absolvió de todo cargo. Pese a ello, el MP apeló la sentencia, pero los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones ratificaron el fallo absolutorio.

Ante este revés, el MP presentó un recurso de casación ante la CSJ, el segundo mecanismo de impugnación, con el que busca que se revise su solicitud y se declare culpable a Pantaleón. La acción fue interpuesta en noviembre pasado y la Corte Suprema la admitió para su trámite recientemente. Le tomó seis meses entrar a conocerlo.

La vista pública, en la que los cuatro magistrados de la Cámara Penal escucharán los argumentos de las partes, ha sido fijada para el 16 de junio de 2026. Pantaleón deberá esperar más de un año para que su caso sea discutido ante el tribunal. La Cámara está integrada por su presidente, Gustavo Morales Duarte, y los vocales René Girón Palacios, Luis Corado Campos y Jenny Alvarado Teni.

El caso en contra de Pantaleón se suma a la lista de ex operadores de justicia que investigaron corrupción y han sido perseguidos por el MP de Porras de forma sistemática, algunos se encuentran en el exilio y otros enfrentan los procesos señalados de espurios y arbitrarios. 

En la audiencia final del juicio contra Pantaleón, el juez García ordenó investigar al jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Raúl Figueroa. La decisión se tomó luego de que el fiscal antimafias denunciara que Figueroa, funcionario de confianza de la fiscal general, incluyó «mentiras» en un memorial presentado como prueba durante el debate, con el objetivo de perjudicarlo.

RETARDO MALICIOSO

Tras conocer la información, La Hora contactó al fiscal Pantaleón, quien confirmó la fecha de la audiencia y calificó la programación como un «retraso malicioso». Señaló que, desde noviembre pasado, la Corte Suprema no había abordado el recurso de casación pendiente.

Pantaleón subrayó que la mora judicial en la CSJ no es un fenómeno nuevo, pero advirtió que esta problemática afecta a todas las personas con procesos en curso, «vulnerando sus derechos de libertad». También cuestionó a los magistrados de la Cámara Penal, a quienes se les ha visto en redes sociales asistiendo a múltiples actos protocolarios, pero que no atiende estas impugnaciones.

«Soy respetuoso de la fecha que fijó la Cámara Penal. Nunca me he escondido. Voy a demostrar mi inocencia, tal como sucedió ante el Tribunal Décimo de Sentencia Penal y con el fallo de la Sala Cuarta de Apelaciones que lo ratificó», afirmó.

MP BLOQUEA SU DERECHO AL TRABAJO

A pesar de haber sido absuelto en juicio y de que una Sala de Apelaciones ratificó su inocencia, el MP sigue impidiendo la reincorporación de Pantaleón a su cargo. La Fiscalía se ampara en un reglamento interno que, además de no ser superior al Código de Trabajo, ha sido señalado por el exfiscal como inconstitucional. El reglamento fue creado durante la administración de Porras.

Pantaleón presentó una demanda argumentando que este reglamento contradice tanto la Ley del Servicio Civil como el Código de Trabajo, las normativas que regulan los derechos laborales en el país.

El artículo 74, numeral 4, de la Ley del Servicio Civil establece que la suspensión sin goce de sueldo puede aplicarse en casos de detención o prisión provisional, el estatus que tuvo el fiscal en el pasado. Sin embargo, si la persona es liberada o absuelta, debe ser reincorporada a su cargo en un plazo máximo de 30 días tras recuperar su libertad.

El reglamento interno del MP contradice esta disposición y, en la práctica, bloquea su regreso.

Desde mayo de 2022, Pantaleón no recibe salario y permanece en un limbo administrativo: figura como contratado, pero inactivo. Esta situación le impide trabajar en otra institución pública o privada, así como ejercer su profesión de abogado de manera independiente. Su reincorporación depende de que la sentencia absolutoria del Tribunal Décimo de Sentencia Penal agote todas las instancias.