La cúpula del Ministerio Público (MP), encabezada por altos funcionarios cercanos a la fiscal general María Consuelo Porras, ha mostrado su respaldo a la Planilla 1, conformada por las agrupaciones Avanza y Coalición Gremial, que busca el control del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).
Su participación en eventos proselitistas choca con las disposiciones del Código de Ética de la institución, que prohíbe a sus integrantes a participar en actividades que puedan afectar su independencia para desempeñar sus funciones en el MP. Sin embargo, la administración de Porras sostiene que no hay ninguna violación a su normativa y que sus fiscales, como el secretario general pueden participar.
Pese al Código de Ética, fiscales de alto rango han asistido a actividades en horario laboral y han sido captados en eventos organizados por la Planilla 1, reforzando las dudas sobre la supuesta independencia que el MP defiende.
Su participación no es menor. El Cang tendrá un papel clave en la elección de tres órganos fundamentales para el sistema el próximo año, incluyendo la designación del fiscal general y de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.
CÓDIGO DE ÉTICA PROHIBE PARTICIPACIÓN
Desde que la Planilla 1 fue inscrita el pasado 17 de enero, varias figuras clave del MP han mostrado abiertamente su respaldo a la agrupación que impulsa la candidatura de Julio Recinos, jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio y uno de los funcionarios más cercanos a Porras.
Entre los nombres que han aparecido en eventos proselitistas destaca Noé Rivera, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, quien busca un puesto en el Tribunal de Honor del Cang como Vocal IV.
Sus candidaturas cuentan con el respaldo de altos funcionarios del MP, incluido Gilberto Porres, esposo de la fiscal general, quien fue visto en un evento de la Planilla 1 junto al secretario general del MP, Ángel Pineda, en un exclusivo hotel de la capital. Ambos sancionados por Estados Unidos y Pineda por 41 países más por sus acciones corruptas y antidemocráticas.
Los artículos 2 y 3 del Código de Ética establecen que sus disposiciones son aplicables a todas las actuaciones de los servidores y empleados del MP, sin importar el régimen bajo el cual laboren. Además, enfatizan que estos principios deben observarse y aplicarse en todo momento, en el ejercicio de sus responsabilidades.
El artículo 10 del Código de Ética establece las normas éticas dentro del MP e incluye en su apartado IV la Prohibición de desempeñar más de un cargo público. «Abstenerse de participar en actividades, situaciones o comportamientos incompatibles con sus funciones o que puedan afectar su independencia de criterio para el desempeño de las mismas».
Además, el apartado III del mismo artículo instruye al personal del MP a «actuar en todo momento de acuerdo al interés social o colectivo, con lealtad a la función pública encomendada, sobre cualquier otra interés, Ya sea personal, económico financiero, comercial, laboral, político, religioso, étnico, partidista, sedado, gremial o asociativo de cualquier naturaleza».
Por su parte, el artículo 13 es claro en que el personal del MP debe abstenerse de participar en asuntos de interés personal y «en los casos donde se vea afectada su objetividad, debe someterlo a la opinión de la Comisión de Ética (…) la comisión en la brevedad posible deberá emitir opinión respecto al asunto sometido a su consideración».
Mientras que el artículo 16 obliga a todos los servidores públicos del MP a denunciar los actos contrarios a las normas éticas que se establecen en dicho Código «ante la comisión de Ética o a su jefe superior inmediato quien deberá dirigido a la comisión o en su defecto a donde corresponda, a fin de que se tomen las medidas administrativas pertinentes».
MP DICE QUE NO HAY VIOLACIÓN AL CÓDIGO
La Hora solicitó al MP una postura sobre la participación de su personal en los actos proselitistas y si la fiscal general avala que incumplan el Código de Ética. No obstante, la institución insistió en que la presencia de los fiscales en estos eventos es a título personal y no en representación del MP.
Bajo lo anterior, el departamento de Información y Prensa de la institución justificó que «no existe tal violación al Código de Ética, puesto que su participación en el evento mencionado no se realizó como funcionarios del MP, ni en representación de la institución».
«De hecho, dicho artículo (romano VI, literal d) insta precisamente a que los funcionarios del Ministerio Público, realicen su labor con objetividad, sin sesgos ni injerencias, a pesar de ser atacados por medios de comunicación como el que usted representa, el cual claramente, a través de diversas notas, intenta una y otra vez parcializar determinados casos a conveniencia o en contra de ciertos actores políticos», atacó el MP, de nuevo, a La Hora.
El fiscal regional de Coordinación Nacional, Dimas Jiménez, quien sustituye a la fiscal general en caso de ausencia, también ha mostrado su respaldo a la Planilla 1. A este apoyo se suman el jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Kleyber Sical; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la fiscal Maribel Anavisca, junto a otros mandos medios y subordinados del MP.
PODRÍAN SER SANCIONADOS
El expresidente del Cang y abogado constitucionalista, Ovidio Orellana, respondió a La Hora que al examinar el Código de Ética del MP, «podría entenderse que, en efecto, la participación de funcionarios de dicha institución podrían caer en actos que no coinciden con las normas éticas y, por ende, podrían ser objeto de una sanción disciplinaria, pero más allá también, en incumplimiento de las funciones que le competen a ambas instituciones».
«En dichas disposiciones éticas, se dan mandatos como el que ellos no pueden participar en actividades incompatibles con sus funciones y, el ejercicio del cargo de Directivos del Colegio, podría serlo, toda vez que este, es un ente auxiliar de la administración pública y, como tal, le brinda información al Ministerio Público sobre las investigaciones que este realiza», explicó Orellana.
El constitucionalista señaló que hay un conflicto de interés grande en el proceso de elección a fiscal general que el otro año se llevará a cabo. «El Colegio dentro de sus funciones tiene una actividad que se relaciona con el propio Ministerio Público. Tanto el presidente de Junta Directiva como el del Tribunal de Honor deben integrar la Comisión de Postulación que enviará el listado de los seis candidatos a fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público al presidente constitucional de la República de Guatemala».
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Orellana puntualizó en que otra obligación que tienen los funcionarios del MP, es que no pueden aceptar ni ocupar otro cargo remunerado. «Si bien el ejercicio de la dirección del Colegio es ad honorem, también pueden ser designados en representaciones del Colegio donde obtienen dietas y estas sean aceptadas, con lo cual se incumpliría con ese precepto ético que impone la propia institución», refirió.
«En el escenario de que los Directivos pudieren incurrir en ilícitos penales, el Ministerio Público podría ver afectada también su independencia y objetividad, porque bien podría apañar actos delictivos y se vislumbraría conflicto de interés que también está debidamente regulado por el citado Código de Ética», advirtió.
«Los funcionarios del Ministerio Público que deseen participar en esta clase de evento político electoral gremial o que estén participando, debieron contar con la opinión favorable de la Comisión de Ética del Ministerio Público, para no incurrir en la comisión de falta disciplinaria alguna y, por ende, no correr el riesgo de comprometer a ambas instituciones», concluyó el expresidente del Cang.
FISCALES DEBEN SER IMPARCIALES
Para Javier Urizar, oficial legal de International Service for Human Rights y consultor de BeJust, especializado en derechos humanos y derecho constitucional, las disposiciones del Código de Ética del MP deben aplicarse en todo momento, especialmente cuando sus trabajadores están postulándose para una entidad con poder, como lo es el Cang.
«El Código de Ética y los principios de independencia e imparcialidad de los operadores de justicia no solo aplican durante el desempeño de sus funciones, sino fuera de los horarios laborales cuando existen actividades que puedan poner en duda razonable su independencia», dijo y resaltó «que participar en este proceso puede comprometer la independencia porque va a tener influencia directa en la elección de fiscal general».
El jurista subrayó que, según los estándares internacionales de independencia e imparcialidad, «los operadores de justicia no solo deben ser independientes, sino también aparentarlo».
Además, Urizar recordó que el MP solicitó la captura del abogado Eduardo Masaya apenas dos días después de que este se postulara a un cargo en la Junta Directiva del Cang por la Planilla 10, Unidad X la Justicia.
La detención, calificada como irregular, provocó la remoción de los agentes policiales involucrados. «Estas actuaciones ponen en duda el actuar del MP y trascienden a un ámbito legal, donde se cuestiona la objetividad de la investigación», advirtió.
