Caso B410: MP no investiga a Miguel Martínez y vínculos con empresas que defraudaron al Estado

El Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, indicó a La Hora que de momento no investiga a la pareja del expresidente Alejandro Giammattei y exdirector del extinto Centro de Gobierno, Luis Miguel Martínez Morales, por sus vínculos con la presunta estructura criminal de 410 empresas que habría provocado que el Estado perdiera Q300 millones en impuestos de 2021 a 2023.

El pasado 14 de agosto, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, reveló el más grande entramado de evasión de impuestos en Guatemala. El caso fue bautizado por la entidad como «B410»: por la red de 410 empresas fantasma, ubicadas en la colonia Banvi de la zona 7 capitalina, que pagó en impuestos solo Q26.9 millones de los más de Q5 mil 730 millones que facturó en los tres años.

Dentro de la denuncia de la SAT resalta la empresa Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S. A., constructora vinculada a Miguel Martínez y que tiene como socios a dos personas que fueron sancionadas por el Departamento de Estado de EE. UU. en la Lista Engel de personajes corruptos y antidemocráticos. Dentro de las empresas y personas también figuran entidades que aumentaron sus ingresos de forma vertiginosa durante la administración de Alejandro Giammattei.

El reportaje de La Hora titulado «Estructura denunciada apunta a la operación de Miguel Martínez» revela el nombre de otras empresas que, según la SAT, habrían tenido vínculos con las 410 empresas y que les adjudicaron millonarios proyectos durante la administración pasada. Algunas tienen señalamientos de malos trabajos o inconclusos.

MP NO INVESTIGARÁ A MARTÍNEZ

La Hora consultó a Comunicación Social del MP si derivado de este caso investiga a Miguel Martínez y respondió que no. “Lo que se investiga de momento son las empresas que identificó la SAT, en la información proporcionada no aparece el nombre de dicha persona”, refirió el ente investigador de Porras señalado de proteger a Martínez y Giammattei.

En marzo pasado, el MP también apuntó a no investigar al exfuncionario por el opaco contrato de la compra millonaria de vacunas Sputnik-V al Fondo de Inversión Directa de Rusia y que, según el Departamento del Tesoro de EE. UU., habría dejado una serie de «pagos irregulares» en los bolsillos de Martínez.

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“Conforme avance la investigación, se tomarán las acciones que correspondan. Además, ampliar de la investigación al año 2024, en virtud que empresas del grupo B410, aún están activas y le facturan a distintas entidades del Gobierno”, explicó el MP del trabajo que realiza.

 

LOS VÍNCULOS

La relación entre Martínez, Giammattei y Aspetro ha sido objeto de diversas investigaciones y denuncias, que vinculan con presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos a esta constructora.

Aspetro, dirigida por Ramiro Mauricio López Camey y su hijo Mauricio López Oliva, se convirtió en una de las empresas más beneficiadas durante el gobierno de Giammattei (2020-2024). Según datos registrados en el portal de compras públicas Guatecompras, entre 2021 y 2023, la empresa obtuvo contratos por más de Q1 mil 755 millones, alcanzando un total de Q2 mil 14 millones durante todo el período gubernamental.

Martínez, quien encabezó el polémico Centro de Gobierno, ha sido mencionado en diversas investigaciones periodísticas como una pieza clave en la relación entre Aspetro y el gobierno. En particular, el extinto medio elPeriódico publicó en marzo de 2022 que Mauricio López Oliva, uno de los socios de Aspetro, era un «constructor allegado al presidente Giammattei y a Miguel Martínez», y que había recibido contratos por Q196 millones.

Los vínculos entre Aspetro y la corrupción se hicieron más evidentes cuando, en julio de 2022, los socios de la empresa, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva, fueron incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, una lista que señala a actores corruptos o antidemocráticos en Centroamérica. El Departamento de Estado acusó a los López de participar en «importante corrupción» al pagar sobornos para obtener contratos de construcción del gobierno guatemalteco.

Además, se ha sugerido que Mauricio López Oliva podría haber facilitado al expresidente Giammattei una residencia ubicada en Vista Hermosa I, zona 15 de la ciudad, en la que habitó desde finales de 2019.

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