Padrón electoral que secuestró el MP sí contiene datos personales que no son públicos

Durante las últimas semanas, el Ministerio Público (MP), que dirige la fiscal general, María Consuelo Porras, ha sostenido que el padrón electoral es público y que no fue secuestrado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) como lo dio a conocer La Hora. Los datos de dominio público no son los mismos que fueron confiscados de la base de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En estos hay información personal de más de 9.3 millones de guatemaltecos empadronados.

Desde julio de 2023, Porras y aliados emprendieron una cruzada en contra del partido Movimiento Semilla. La investigación por supuestas irregularidades para la conformación de dicho partido resultó en señalamientos de un supuesto fraude electoral por la victoria del presidente Bernardo Arévalo. Estos hechos fueron condenados por la comunidad internacional y tachados de un intento de golpe de Estado.

PROTECCIÓN A DATOS PERSONALES

En rueda de prensa, el secretario general del MP, Ángel Pineda, acompañado del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y otros fiscales excusaron que el padrón electoral es público por ley y que este le es entregado a las agrupaciones políticas y ciudadanos que lo pidan, en un intento de justificar ilegalidades cometidas. No obstante, hay información que es resguardada solo por el TSE y no consta en los datos públicos.

De acuerdo a la Ley del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y el convenio suscrito entre el TSE y dicho órgano, el padrón electoral es sujeto a una cláusula de confidencialidad, pese a que es público exceptúa toda información que pueda ser utilizada para afectar el honor o la intimidad del ciudadano, por lo que en los datos que se entregan a partidos políticos y ciudadanos consta: nombres, apellidos, sexo, número del Documento Personal de Identificación (DPI), departamento y municipio de nacimiento.

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— Diario La Hora (@lahoragt) August 11, 2024

De esa cuenta, el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE no entrega la residencia electoral proporcionada por el ciudadano, bajo la garantía de confidencia y seguridad establecida en el artículo 30 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece el «habeas data», el cual restringe al sujeto responsable de los datos personales la alteración, perdida, transmisión y acceso no autorizado.

Asimismo, establece que los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir los datos personales contenidos en el sistema de información desarrollado en el ejercicio de las funciones, salvo consentimiento expreso por escrito de los ciudadanos que hiciere referencia la información.

Por lo tanto, el TSE entrega la dirección de un ciudadano únicamente por orden de un órgano jurisdiccional competente y a requerimiento del mismo.

DATOS PERSONALES

Estos son los datos personales de los 9.3 millones de guatemaltecos empadronados a los que el MP ahora tiene acceso:

 

CONTRA PALOMO Y ALFARO

En esa misma conferencia, el MP anunció que presentaría la solicitud de retiro de inmunidad contra la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y el titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, para poder abrirles un caso por presuntamente incurrir en el delito de revelación de información confidencial, puesto que el caso contra Semilla se encuentra bajo reserva.

En el caso de Alfaro fue porque en una conferencia de prensa que otorgó confirmó lo publicado por La Hora sobre el secuestro del padrón electoral, mientras que Palomo es por aparecer en un video de la cuenta del gobierno de Guatemala señalando las acciones del MP. Asimismo, Pineda indicó que el personal del TSE también será investigado.

Pese a que, según el MP, no secuestraron el padrón electoral de las instalaciones del TSE, el ente investigador asegura que Alfaro y Palomo habrían revelado información que se encontraba bajo reserva. Lo anterior fue cuestionado en redes sociales señalando de contradictorias sus acciones y declaraciones.

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SECUESTRO DEL PADRÓN

El pasado 20 de junio, la agente fiscal Leonor Morales Lazo de la FECI solicitó una serie de requerimientos al TSE por medio de una autorización firmada por el juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana. Fue un total de 12 peticiones relacionadas con la actualización del padrón electoral del portal web y su rol en el proceso electoral.

Asimismo, dicha autorización permitía auditar en la sede del TSE el sistema en cuanto a si el padrón electoral entregado a las mesas receptoras de votos contenían a todas las personas empadronadas o si hicieron falta y determinar sobre una duplicidad de personas en dicha base de datos.

La autorización no permitía que el MP consignara el padrón electoral y algoritmos; sin embargo, el ente investigador confiscó toda la información. Extraoficialmente, se conoció que la Dirección General de Informática del TSE fue quien entregó la data a solicitud del ente investigador por órdenes de la magistrada presidente del órgano electoral, Blanca Alfaro.

Según la publicación de La Hora, cuatro fuentes con conocimiento del caso —pero que prefirieron mantenerse en el anonimato por su seguridad— contaron que los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales están siendo llamados para ser sometidos a entrevistas en las fiscalías distritales de los 22 departamentos del país.

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Según las fuentes, la entrevista gira en torno a 16 preguntas que insisten en sí, recibieron documentos en blanco para llenar con información que no era verdadera o instrucciones para falsificar datos relacionados con el documento 8 utilizado en los comicios pasados. Los documentos 8 son la sumatoria de todos los resultados de votos de mesa municipal y departamental.

Porras, Pineda, Curruchiche y Morales están vetados de 42 países del mundo bajo señalamientos de «socavar la democracia», mientras que la fiscal general meses atrás aseguró en conferencia de prensa que «sería un obstáculo» para Arévalo, afirmación cuestionada puesto que con el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei no emprendió acciones por casos de corrupción pese a diversos señalamientos y una sanción de EE. UU. que apunta a que el exmandatario recibió sobornos millonarios durante su administración (2020-2024).