MP secuestra el padrón electoral que queda en riesgo; interroga a juntas

La Hora obtuvo información extraoficial de tres fuentes que confirman que el Ministerio Público (MP), secuestro el padrón electoral y sus algoritmos —que contiene los datos sensibles de los guatemaltecos empadronados— puesto que el MP no contaba con autorización judicial para consignarlos. Además, se conoció que está entrevistando a las Juntas Electorales Departamentales que participaron en las elecciones generales 2023 en las distintas sedes del ente investigador.

Desde el 12 de julio de 2023, el MP dirigido por María Consuelo Porras emprendió una cruzada en contra del partido Movimiento Semilla y esa investigación penal resultó en señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) sobre un supuesto fraude electoral en las últimas elecciones, hechos que fueron condenados por la comunidad internacional y tachado de un intento de golpe de Estado a manos de fiscales y el juez Fredy Orellana.

A la fecha el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es dirigido por Blanca Alfaro, la única magistrada que no fue procesada en un cuestionado caso que el MP emprendió contra las autoridades electorales y tras el cual el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a 108 diputados del Congreso tras avalar el retiro de inmunidad de los togados y dar luz verde para solicitar su orden de captura.

 

SECUESTRO DEL PADRÓN ELECTORAL

El pasado 20 de junio, la agente fiscal Leonor Morales Lazo de la FECI solicitó una serie de requerimientos al TSE por medio de una autorización firmada por el juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana. Fue un total de 12 peticiones relacionadas con la actualización del padrón electoral del portal web y su rol en el proceso electoral.

Asimismo, dicha autorización permitía auditar en la sede del TSE el sistema en cuanto a si el padrón electoral entregado a las mesas receptoras de votos contenían a todas las personas empadronadas o si hicieron falta y determinar sobre una duplicidad de personas en dicha base de datos.

ALFARO ORDENÓ ENTREGAR INFORMACIÓN

La autorización no permitía que el MP consignara el padrón electoral y algoritmos; sin embargo, el ente investigador confiscó toda la información. Extraoficialmente, se conoció que la Dirección General de Informática del TSE fue quien entregó la data a solicitud del ente investigador por órdenes de la magistrada presidente del órgano electoral, Blanca Alfaro.

Ahora el MP tiene el acceso total de las direcciones, números de teléfono y estado civil de todos los guatemaltecos desde el momento en que se empadronaron por primera vez a la fecha.

De acuerdo con fuentes con conocimiento del tema, esa información es exclusiva y se mantenía bajo el resguardo del TSE.

Por ejemplo, cuando el MP necesitaba ubicar a una persona para solicitar una orden de captura solicitaba tener acceso a las direcciones por medio de una orden de juez que lo avalaba. Ahora el ente investigador cuenta con toda la data.

Asimismo, subrayaron que los datos en poder del MP son de carácter confidencial y con ello se pone en riesgo la información de 9 millones 356 mil 796 guatemaltecos empadronados.

MP CITA A JUNTAS DEPARTAMENTALES

Cuatro fuentes con conocimiento del caso —pero que prefieren mantenerse en el anonimato por su seguridad— contaron que los integrantes de las Juntas Electorales Departamentales están siendo llamados para ser sometidos a entrevistas en las fiscalías distritales de los 22 departamentos del país.

Según las fuentes, la entrevista gira en torno a 16 preguntas que insisten en sí, recibieron documentos en blanco para llenar con información que no era verdadera o instrucciones para falsificar datos relacionados con el documento 8 utilizado en los comicios pasados. Los documentos 8 son la sumatoria de todos los resultados de votos de mesa municipal y departamental.

El 29 de septiembre pasado, la FECI allanó la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con un operativo que finalizó al día siguiente y resultó con la sustracción de los documentos electorales número 4 y 8. Organizaciones vigilantes del proceso electoral calificaron esas acciones como un asalto a la democracia.

Asimismo, se conoció que al momento de llamarlos para que acudieran a las fiscalías distritales les advirtieron que de no presentarse serían citados en la sede central del MP, ubicada en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina.

El MP también cuestiona a quién entregó la Junta Electoral Departamental el documento 8 y 4. Una de las fuentes reprochó cómo se van a recordar del nombre de a quién fue entregado lo anterior. El ente investigador preguntó si la magistrada Irma Palencia dio instrucciones de llenar documentos en blanco.

Este día las entrevistas a personal de las Juntas Electorales Departamentales en el departamento de Alta Verapaz.

El MP confirmó a La Hora que las diligencias son en seguimiento a la investigación del caso denominado por la FECI como «Corrupción Semilla» en su fase tres, relacionada con la posible comisión del delito de lavado de dinero.

«Se citó a varias personas como testigos para que aporten información que pueda contribuir a la investigación», respondió Pantaleón.

INTENTO DE ANULAR ELECCIONES

En diciembre pasado, en un último intento, la FECI presentó varias investigaciones relacionadas con el proceso electoral 2023. Una de sus conclusiones fue que los comicios para binomio presidencial, diputados a Lista Nacional, Distritales y Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como las 340 corporaciones municipales debían de declararse nulas.

De inmediato, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó como un “intento de golpe” las acciones del MP. “Constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebranto del Estado de derecho y una violación a los Derechos Humanos de la población de su país”, expresó.

Por su parte, el entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, tildó las acciones como un “golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso”. Señaló como golpistas a Porras, Curruchiche y Ángel Pineda, secretario general del MP.

Los tres funcionarios del MP están vetados de 42 países del mundo bajo señalamientos de «socavar la democracia», mientras que Porras meses atrás aseguró en conferencia de prensa que «sería un obstáculo» para Arévalo, afirmación cuestionada puesto que con el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei no emprendió acciones por casos de corrupción pese a diversos señalamientos y una sanción de EE. UU. que apunta a que el exmandatario recibió sobornos millonarios durante su administración (2020-2024).