El Ministerio Público (MP), que dirige la fiscal general, María Consuelo Porras, volvió a desestimar una denuncia en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, por presuntamente incurrir en los delitos de revelación de información confidencial o reservada de una carpeta judicial, luego que detallara información a dos medios de comunicación sobre una investigación en contra de su antecesor, Juan Francisco Sandoval.
Sandoval permaneció al frente de la FECI hasta julio de 2021, cuando Porras lo destituyó bajo argumentos de ser víctima de «vejámenes» y finalizó la relación laboral.
El exfiscal salió del país al exilio y dos meses después el MP inició con lo que sería una serie de órdenes de captura en su contra en casos señalados de persecución política. Sandoval atribuye su despido por investigar corrupción en el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei y amigo de Porras, según el mandatario confirmó de forma pública.
Curruchiche no es Laparra: MP le desestima denuncia por revelar información de caso bajo reserva
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 7, 2024
REVELACIÓN DE INFORMACIÓN
Los hechos se centran en qué la FECI de Curruchiche señala a Sandoval por supuestamente rehusarse a «entregar a la fiscalía la información obtenida de una investigación» contra Giammattei, quien en enero pasado fue sancionado por el Departamento de Estado de EE. UU. bajo acusaciones de recibir sobornos durante su mandato junto a su pareja Miguel Martínez. Por este caso fue girada una orden de aprehensión en su contra, pero el caso se mantiene bajo reserva, es decir, que las partes tienen prohibición de revelar información.
En la querella, el exfiscal aseguró que en múltiples ocasiones ha intentado tener acceso al expediente, pero que el sancionado juez Fredy Orellana, quien tiene a cargo la carpeta judicial, ha denegado los documentos a su abogada. «Ha sido imposible gozar del derecho a defenderme», subrayó en los antecedentes y refirió que el togado ha violado sus derechos, puesto que por ley al ordenar su detención deben entregarle la carpeta.
El tiempo transcurrió y en un receso de una audiencia en Torre de Tribunales los periodistas de La Hora y Plaza Pública cuestionaron a Curruchiche sobre los nulos avances en investigaciones por presunta corrupción contra el entonces presidente Giammattei. El fiscal contestó a las preguntas y, según Sandoval, violó la reserva del caso al dar detalles de la carpeta judicial a la que ni él siendo el señalado había tenido acceso.
Rafael Curruchiche: no hay indicios para investigar caso “alfombra mágica”
Curruchiche indicó: “Recordarán que el fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro aceptó haber sustraído información de la FECI y entregarla a otro país, y eso es delito” y refirió que “cuando yo llegué a (la) FECI, giré dos instrucciones: informar si hay alguna investigación relacionada con la entrega de dinero al presidente, y los fiscales me informaron que no había”.
“No tenemos ninguna información en cuanto al señor presidente (Alejandro) Giammattei”, sostuvo el fiscal Curruchiche y precisó que la Fiscalía contra la Corrupción es la unidad que tiene a cargo la pesquisa. Meses después, se conoció que el MP puso fin al caso Alfombra Mágica, en el que se señalaba al expresidente de recibir una suma millonaria de dólares envuelta en una alfombra, a cambio de una concesión en el puerto Santo Tomás de Castilla.
MP DESESTIMÓ DENUNCIA
Por lo anterior, Sandoval presentó una querella penal en el Organismo Judicial (OJ). De esa cuenta, fue remitida al MP y fue asignada a la Fiscalía de Asuntos Internos, una de las unidades que ha pedido órdenes de captura contra operadores de justicia que develaron casos de corrupción como Virginia Laparra, exfiscal de FECI, y Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Curruchiche fue denunciado por el delito de revelación de información confidencial y/o reservada y en la misma querella se solicitó «agilizar la detención del sindicado por virtud de que los hechos denunciados transgreden el ordenamiento jurídico».
No obstante, la denuncia fue desestimada por la Fiscalía de Asuntos Internos. De acuerdo con el MP, realizaron un análisis de lo que preceptúa el artículo 314 del Código Procesal Penal, el cual establece que: “Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios».
«Se estableció que el Lic. Rafael Curruchiche, en ningún momento hace referencia o detalla alguna actuación procesal, sino que únicamente se limita a explicar en qué consiste el caso, lo cual no es constitutivo de delito, puesto que no encuadra en lo que establece el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información, en ese sentido, y atendiendo a la objetividad con la que por mandato de ley se debe conducir el Ministerio Público en sus investigaciones, se desestimó dicha denuncia», respondió el MP.
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DOS CASOS SIMILARES
De forma reciente, el MP informó sobre la certificación de lo conducente por orden del juez Orellana para investigar a personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la presentación de la solicitud de retiro de inmunidad en contra de la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo.
La Hora dio a conocer por medio de una publicación que el MP secuestró el padrón electoral que contiene datos personales de más de 9.3 millones de guatemaltecos y derivado de ello el Gobierno de Guatemala se pronunció, fue Palomo quien explicó lo anterior en un video y luego Alfaro confirmó sobre el secuestro de la información. De esa cuenta, el ente investigador de Porras indicó que el caso estaba bajo reserva y señaló a los funcionarios de incurrir en el mismo delito por el cual fue denunciado Curruchiche.
Los señalamientos contra Alfaro, el personal del TSE y Palomo causaron rechazo de la población, acusando al MP de un nuevo intento de persecución con fines políticos. Otro caso parecido es la sentencia de la exfiscal Laparra, a quien un tribunal condenó a cinco años de prisión conmutables por revelar información confidencial de un caso bajo reserva.
Falacia del MP: padrón electoral público no contiene dirección y número de teléfono de ciudadanos
Organizaciones internacionales y nacionales, como Amnistía Internacional se pronunciaron y condenaron los hechos. «Las acciones del Organismo Judicial y el Ministerio Público en este caso y otros conforman un patrón de criminalización hacia personas operadoras de justicia», recordó dicha organización que la declaró Presa de Conciencia. Laparra se exilió un mes atrás.
Por su parte, la institución de Porras discrepó de una similitud entre la denuncia de Curruchiche y el proceso de Laparra. «El caso por el cual fue sentenciada Virginia Laparra, se demostró ante el órgano jurisdiccional competente que la sentenciada sí brindó información relacionada con actuaciones procesales de un caso que se encontraba bajo reserva», indicaron luego de la publicación de esta nota.
* Esta nota fue modificada el 8 de agosto a las 9:56 horas para consignar la respuesta del MP, quien remitió su postura un día después de la emisión de este trabajo.
